Justicia según sople el viento

Con esa genérica muletilla decenas de personas cortaron el tránsito en la circunvalación legislativa mientras exhibían fotos de Lucas y carteles alusivos a su exigencia al sistema judicial.

Desde que apareció el cadáver hasta la imputación del criminal transcurrieron apenas 72 horas. Sin embargo, casi al mismo tiempo de esa decisión judicial, los manifestantes habían irrumpido en las calles para reclamar lo que en ese mismo momento se estaba produciendo: justicia. Otra paradoja.

La consternación de familiares y amigos es comprensible y compartible. Pero ¿qué sentido tiene una convocatoria global que trasciende el círculo íntimo de la víctima? No es la primera vez y tampoco será la última. ¿Acaso quienes transmiten grados superlativos de emocionalidad suponen que fiscales y jueces no quieren resolver los crímenes? Si no lo creen, ¿qué significa entonces esa panfletaria exigencia genérica de “justicia”? Uno exige lo que no tiene. Tal vez sea para convulsionar a la sociedad o por simple catarsis. Pero detrás de algunas convocatorias subyacen intereses ajenos que trepan a través de las anónimas y harapientas redes sociales. ¿Harán otra convocatoria para elogiar a la Justicia por el veloz encarcelamiento del asesino?

La Justicia no es la rígida estatua de la mujer con los ojos vendados que tiene una balanza en la mano izquierda, la igualdad, y una espada en la derecha que representa la fuerza de los cuerpos de seguridad para imponer sus decisiones. Ese es un símbolo. Para hacer justicia en los juzgados —según la Academia el “principio moral de dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”— los fiscales y los jueces deben ceñirse a las normas que los obligan a tener pruebas, o al menos un cúmulo de indicios. No se logra por arte de magia o mediante airados reclamos ni protestas públicas como si se tratara de un partido de fútbol. Si así fuera viviríamos en un régimen totalitario ajeno a la separación de poderes y a la independencia de la Justicia, que representa un conjunto de valores centrales, esenciales, sobre los cuales debe apoyarse toda sociedad: respeto, equidad, igualdad y libertad.

Similares protestas en reclamo de “justicia” se han producido en los últimos años frente a los juzgados, ante los tribunales judiciales y en las calles. Sin embargo, otras protestas se han alejado de ese reclamo para colocarse en contra de la Justicia. Es válido jurídicamente pero se prostituye con resistencias activas que trampean al ciudadano de a pie.

El 24 de agosto de 1994 varios gremios y partidos de izquierda con sus principales líderes políticos intentaron bloquear el fallo judicial del juez Fernando Cardinal que ordenó la extradición a España de tres vascos imputados por la Justicia española de varios delitos. Una movilización utilitaria a un paso de las elecciones generales. La Justicia, a la papelera.

Cuando en 2013 la Suprema Corte de Justicia trasladó de penal a civil a la jueza Mariana Mota, que tramitaba violaciones a los derechos humanos, organizaciones sociales de izquierda produjeron una revuelta en la Corte, cuyas instalaciones coparon. Sus líderes fueron procesados. El mes pasado la jueza Ana de Salterain condenó a Irma Leites, Jorge Zabalza, Aníbal Varela, Diego, Álvaro y Eduardo Jaume como autores de un delito de atentado especialmente agravado. Zabalza cuestionó a la Justicia con argumentos extrajurídicos: “El Poder Judicial, institución que integra el andamiaje de poder de la clase dominante, nos regresa al rol de presos políticos, nuestra ubicación tradicional en esta historia que el terrorismo de Estado sembró de desaparecidos, asesinados, violados y torturados”.

En octubre de 2019 se ejecutó una sentencia que ordenó que una niña, a quien su madre, María, trajo clandestinamente desde España a Uruguay, fuera restituida al padre que planteó una demanda. Mediante tres sentencias —en primera y segunda instancia y de la Suprema Corte— se ordenó la restitución. Varias organizaciones sociales se resistieron mediante comunicados y manifestaciones: “¡María no se va!”. Estas manipulaciones, consignó El País, fueron reconocidas por Soledad González de Cotidiano Mujer: “Salir a los medios fue el último recurso, porque generar una opinión pública tiene un costo muy alto para los protagonistas (los jueces que dictaron las sentencias). Se logró parar la partida de la niña durante ocho meses, y cuando la campaña se detuvo, la enviaron a España”. Y sí, lo ordenó la Justicia en tres instancias.

Desde que Cabildo Abierto irrumpió en el sistema político, su líder, el senador y general Hugo Manini Ríos, ha cuestionado a la Justicia por los procesos a militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Sin utilizar el vocablo, los tildó de corruptos: existe “un cuerpo organizado de jueces ‘genuflexos’ y ‘prevaricadores’ que han abusado de sus facultades sin garantías” para las causas en las que han intervenido con “total impunidad, alentados por un coro al que solo le interesa la venganza”.

Con esta ensalada habrá que estar atentos cuando se invoquen reclamos de “justicia” o se desprecie. Dependerá desde dónde sople el viento y con qué intensidad.