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Las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) decidieron revisar los convenios que aplica con otros organismos del Estado para que en todos los programas que se aplican en la enseñanza prime la política educativa y no que esta quede subordinada “en función de las políticas sociales”, como ocurre en algunos casos.
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El Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP aprobó dos semanas atrás una guía con los lineamientos generales para formular una nueva propuesta en la enseñanza media básica (ver Búsqueda Nº1.743), donde entre otras cosas sostiene que se deben “repensar las modalidades de coordinación de las políticas interinstitucionales”. En los últimos años la ANEP ha suscripto numerosos convenios con otras instituciones y las autoridades ahora quieren poner su continuidad en discusión.
Según las autoridades, hay dos dinámicas de relacionamiento de la ANEP con otras instituciones. La primera “ordena las políticas educativas en función de las políticas sociales” y la segunda “apoya y organiza parte de los esfuerzos de las políticas sociales en función de un adecuado desarrollo de las políticas educativas”. La administración cree que esta segunda modalidad es la más apropiada, debido a “la particularidad del escenario educativo nacional en relación con la autonomía” y porque un “adecuado desarrollo de las políticas educativas incide directamente en el conjunto de las políticas sociales”.
A partir de esa definición es que en 2014 se estudiarán los acuerdos para determinar cuáles se encuadran dentro de la segunda modalidad y cuáles deben ser rediseñados o eliminados porque están más enfocados en lo social. “Se debe hacer una evaluación de lo que se ha estado trabajando. Hay que ver cuál es el avance a nivel educativo que puedan tener las propuestas. Hay algunas focalizadas fundamentalmente a la inclusión, entonces lo que hay que hacer ahora es un esfuerzo para que puedan tener una mayor integración educativa”, dijo a Búsqueda Néstor Pereira, uno de los integrantes del Codicen.
Para el consejero se han desarrollado muchas políticas con un objetivo principalmente social, “pero a veces no se aprecia el impacto porque los niveles de repetición y de desvinculación siguen siendo muy altos”. En ese sentido señaló que “se dio un paso interesante e importante en la inclusión”, pero aún falta dar el paso hacia la integración educativa. “Debemos reforzar los aprendizajes porque de lo contrario no vamos a avanzar para nada en revertir determinados datos que nos golpean muy fuerte.Podemos sentir satisfacción por la inclusión social, pero los problemas de aprendizaje no los tenemos solucionados”.
Continuidad.
La Universidad de la República, el Banco Central, el Correo Uruguayo, Antel, UTE, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) son algunos de los organismos con los cuales la ANEP mantiene convenios. La mayoría de los acuerdos los tiene con el Mides: a la fecha hay ocho programas funcionado en el sistema educativo que fueron diseñados por ambos organismos.
Formación Profesional Básica, Rumbo y Aulas Comunitarias son tres de esos programas y los tres fueron nombrados específicamente por Pereira como acuerdos a revisar el año próximo. “Hay políticas que están vinculadas al Mides que refieren a la inclusión, pero tenemos que analizarlas y ver cuáles son los pasos que hay que ir dando hacia la formación educativa”, afirmó
Considera que “de todas maneras hay que hacer una evaluación de todos” los programas del Mides, incluidos Tránsito Educativo y Compromiso Educativo, dos de los proyectos más valorados, difundidos y destacados por las autoridades gubernamentales. “Tránsito Educativo hay que evaluarlo, Compromiso Educativo lo mismo, y también algunas que otras políticas focalizadas que nosotros hemos estado desarrollando”, expresó Pereira.
El análisis además, no finaliza con aquellas iniciativas implementadas en acuerdo con otras instituciones, sino que también incluye los proyectos y programas elaborados por la ANEP como ProMejora, ProRazona, ProArte, ProLee y ProCiencia, seis de un grupo de catorce iniciativas aplicadas actualmente. “Supone una evaluación de todos los planes. Tenemos que hacer un estudio de cuál es el impacto que han tenido en el territorio y en ese sentido yo tengo la convicción que aquellos programas que no han tenido impacto en el territorio no vale la pena su continuidad”.
Esta decisión implica poner en discusión programas que habían sido creados a instancias del anterior presidente del Codicen, José Seoane, sustituido hace un año por Wilson Netto.
De todos modos, para Pereira aún es muy pronto para identificar cuáles son los planes que tendrían que eliminarse. En el caso de los proyectos que se adecuen al lineamiento definido por el Codicen y que no sean descartados, se rediseñarán dándoles una nueva orientación para que se enfoquen hacia la integración educativa y la formación.
La guía elaborada por el Codicen ya fue enviada a inspecciones, direcciones, docentes, estudiantes, sindicatos de la enseñanza y otras comunidades vinculadas con la educación, con la intención de que lo discutan y hagan sus aportes. En este punto específico también esperan consultar al Mides, con el cual “el contacto es permanente”, según Pereira.
Consultado por Búsqueda José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y coordinador de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), dijo que está de acuerdo con repensar los acuerdos, ya que el sistema educativo en su conjunto “no es una guardería social” y “cada institución debe hacerse responsable de las tareas que le corresponden”.
