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A pesar de haber sido polémica en su momento, la Ley de Puertos aprobada en 1992 por el gobierno del Partido Nacional es reconocida como el factor determinante para el desarrollo de los puertos del país y el incremento de la competitividad. Esta semana, por ejemplo, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, destacó su “rol histórico” durante su intervención en la apertura del Congreso Latinoamericano de Puertos que organiza la Asociación Latinoamericana de Autoridades Portuarias (APA) en el hotel Conrad.
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Sin embargo, la referencia de Rossi esta vez venía atada a un anuncio. “Han pasado 25 años. Con el objetivo de preservar la figura de puerto libre, tenemos la necesidad de identificar nuevas oportunidades, procurar permanentemente nuevos negocios y, para eso, con el aporte de toda la comunidad portuaria, debemos perfeccionar este instrumento que ha sido tan valioso para el sector portuario de nuestro país, afirmó.
En 2018, la Administración Nacional de Puertos (ANP) tenía previsto iniciar un proceso de intercambio con todos los actores portuarios (públicos y privados) sobre el plan maestro que guiará el desarrollo de los puertos hasta 2035. Consultado por Búsqueda, Rossi dijo que será en ese mismo marco en el que se abordará la discusión para ajustar la ley de 1992.
El presidente de la ANP, Alberto Díaz, afirmó que es necesario promover cambios en el marco legal para que los puertos uruguayos sigan teniendo un diferencial respecto a otros de la región. En primer lugar, el jerarca sostiene que uno de los aspectos a mejorar es el “rol regulador” de los organismos estatales.
Para Díaz es importante darle “un toque más formal” y “más específico” a la función de la ANP y la Dirección Nacional de Aduanas. Según dijo, hoy muchas de sus intervenciones se dan por la “buena voluntad” pero no porque estén manifiestas en la legislación.
Juan José Domínguez, vicepresidente de la ANP, recordó dos polémicas que el organismo tuvo con la compañía belga Katoen Natie (las tarifas aplicadas y la instalación de servicio de frío para contenedores en los muelles públicos) como ejemplos de la necesidad de especificar más las potestades regulatorias.
“Tiene que haber algunos ajustes o agregados en la ley que nos permitan preservar las posibilidades de una regulación que pueda seguir sirviéndoles a todos”, opinó.
En el mismo sentido, Díaz manifestó: “Para muchos actores de la comunidad portuaria la ANP ya tiene un rol de regulador. Pero la realidad es que no tenemos las armas para poder regular, o son demasiado amplias”.
Por otro lado, Díaz anunció que también plantearán ajustes sobre la “protección de los trabajadores” y las “normas laborales”. “Lo que vemos es que está de alguna manera algo desprotegido el trabajador en la ley”, afirmó.
“Llegó el momento”.
Durante su intervención en el evento, en el que participaron cientos de ejecutivos internacionales del sector portuario, el ministro Rossi anunció también que para “potenciar los muelles públicos” promoverán la incorporación de “grúas pórtico”. En la presentación que acompañó sus palabras figuraba el año 2022 como referencia.
Las grúas pórtico son un viejo reclamo de la empresa Montecon que mueve contenedores en los muelles públicos con grúas móviles, mucho menos productivas. Por el contrario, la belga Katoen Natie, accionista mayoritaria de la terminal de contenedores TCP, se resiste con el argumento de que los muelles públicos no pueden contar con ese equipamiento específico porque deben ser “multipropósito”.
Consultado por Búsqueda, Rossi dijo que durante los últimos años la discusión sobre el tema se convirtió en un “gargantear por gargantear”. Por un lado, Montecon reclamaba un equipamiento que los muelles públicos no tenían capacidad para sostener; por otro, Katoen Natie amenazaba con juicios.
Con el muelle C terminado y su ampliación (también llamada muelle D) encaminada, Rossi cree que están las condiciones dadas para superar esa etapa. “Hay cosas que son políticas y otras que son realidad. Una vez que hay muelles para sostenerlo hay que buscar la productividad. Ahora llegó ese momento”, afirmó.
A lo largo de la jornada en el Conrad expertos internacionales alertaron sobre la sobreoferta de infraestructura en el mercado marítimo. Incluso hablaron de nuevas terminales construidas que operan muy por debajo de su capacidad.
Un estudio de CPA Ferrere advirtió el mes pasado sobre un fenómeno similar que comprometía la “competitividad” del puerto de Montevideo por la competencia entre Katoen Natie y Montecon (Búsqueda Nº 1.939).
Consultado al respecto, Díaz sostuvo que es un “tema de cuidado” pero aun así es necesario aumentar la productividad de los muelles públicos para evitar un monopolio.
