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Bien vale comenzar por remarcar algunas normas y principios para quienes las olvidan o ignoran voluntariamente. La libertad de expresión es un derecho fundamental establecido en el artículo 29 de la Constitución y, para mayor abundamiento, en la Ley Nº 16.099 (la llamada “ley de prensa”) y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Esto significa que todas las personas u organizaciones tienen el derecho irrestricto de expresarse libremente sin restricciones ni amenazas. ¿Queda claro? Sin restricciones ni amenazas.
En una democracia ninguna supresión a la libertad de expresión resiste argumentos razonados. Por eso los violadores de ese derecho apelan a la intimidación o a la fuerza. La libertad de expresión les provoca urticaria y levantan una barrera contra los juicios críticos. Lo hacen los gobiernos totalitarios y también organizaciones privadas.
¿Por qué este prolegómeno? Ocurre que el Colegio de Árbitros, que depende de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dispuso que la árbitra Claudia Umpiérrez fuera sometida a un sumario por declaraciones del 17 de enero en el Polideportivo de Canal 12. Se expresó sobre los ascensos y descensos establecidos por la AUF para los árbitros y analizó la convocatoria a una asamblea.
“Me llamaron ustedes (le aclaró a los periodistas) y hablo con respeto. Les agradezco que tomen conocimiento de la situación. La asamblea fue solicitada con la firma de 40 socios a fin de año (2020) por algo que está previsto en el estatuto de Audaf (Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol) debido a que teníamos indicios de que hubo descensos (en la categoría de árbitros) que habían sido irregulares, ilegales, injustificados. Les podemos poner todos los adjetivos que quieran. Eso motivó que los compañeros se presentaran a la gremial el 23 de diciembre, estuvieran presentes nuestros abogados y cada compañero comentó lo que las comisiones les habían manifestado en ese momento (sobre las bajas de categoría)”.
Añadió: “Con los elementos que se tenían, se consideró que había posiciones que hacían creer que esos descensos fueron irregulares. No ocurrió que los árbitros descendieron de las categorías por sus malos rendimientos, sino que las comisiones de árbitros les informaron a los árbitros que estaban cumpliendo un mandato de la AUF porque habían iniciado una reestructura y les habían pedido que había que reducir el número de árbitros en las categorías de manera unilateral. Nunca fue negociado o consensuado con los árbitros (esta propuesta)”.
¡A esta insolente hay que darle con el código!, pensaron los dirigentes. Por el reglamento de los árbitros, al ingresar a esa actividad se comprometen a no realizar declaraciones sobre fallos, determinaciones o resoluciones adoptadas por autoridades de la AUF o instituciones que la integran. Para la AUF —aun cuando lo dicho por Umpiérrez se trata de un asunto gremial—, violó la prohibición y por eso designó a un abogado externo, Emilio Mikolich, como juez sumariante. Primero la intimidación reglamentaria y el sumario y luego la fuerza.
Mikolich entendió que Umpiérrez merece ser sancionada con entre tres y cinco partidos de suspensión con la consiguiente pérdida económica. En marzo la Conmebol, apéndice de la mafiosa FIFA, eliminó a Umpiérrez como árbitra de la Copa Libertadores Femenina que se celebró en Buenos Aires. Finalmente, el viernes 14 fue sancionada con cuatro partidos.
¿Cuál fue el fundamento? El capítulo IX del Procedimiento Disciplinario establece que se podrá imponer sanciones a los árbitros cuando sus “actitudes o conductas” lo ameriten. El literal A establece que las sanciones podrán aplicarse en “aquellos casos de árbitros que puedan catalogarse de inapropiadas, inconvenientes o perjudiciales para el instituto arbitral, y que se produzca, o no, en el ámbito del fútbol, pero siempre fuera de su labor específica dentro del terreno de juego”.
Umpiérrez es abogada y conoce el proceso. Con su abogada Karem Lancaster apelará la sanción. Pero también tiene claro que la suya es una batalla desigual entre una guerrera solitaria y el poderoso ejército de la AUF. Por eso decidió comparecer ante la Bancada Bicameral Femenina integrada por diputadas y senadoras de todos los partidos. Las legisladoras escucharán a la AUF antes de tomar cualquier decisión.
Me expresan allegados a la AUF su convicción de que Umpiérrez tomó ese camino parlamentario para confrontarlos por cuestiones de género. Sin embargo, el procedimiento disciplinario (la censura previa) alcanza a todos los árbitros, hombres o mujeres. En otros casos previos que ignoro seguramente hubo árbitros que no se atrevieron a cuestionar esa restricción a la libertad de expresión. En cambio, Umpiérrez irrumpió en el Palacio Legislativo agitando sus ovarios.
Por lo dicho la Bancada Femenina, que lidera la vicepresidenta Beatriz Argimón, no deberá limitarse a lo justo o injusto de la sanción y a considerar una eventual discriminación salarial porque Umpiérrez cobra 12% menos que los hombres en los partidos internacionales. Lo central, lo más importante, es ponerle fin a la intimidación del proceso disciplinario. No importa si en la apelación la sanción se revoca. Es secundario y nadie lo ha defendido.
La comisión parlamentaria también deberá tener en cuenta el silencio del secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, quien depende de la Presidencia de la República. Es el rector del gobierno sobre la actividad física y el deporte. Naturalmente, conoce mejor que muchos esas restricciones porque presidió la AUF entre 2009 y 2014. ¿Dónde están las organizaciones oficiales o privadas defensoras de los derechos humanos? ¿O la libertad de expresión solo es un derecho humano fundamental cuando están involucrados intereses políticos o gremiales?
El mes pasado el jefe de Bauzá, el presidente Lacalle Pou, escribió en Twitter: “En este gobierno no se señala con el dedo a los que piensan distinto y lo dicen”.
