N° 1715 - 30 de Mayo al 05 de Junio de 2013
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáCon el transcurso del tiempo cada vez nos alejamos más de la buena administración del dinero público, de lo cual acaba de dar buena muestra la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, inventando funciones para retribuir “lealtades” políticas.
Este tipo de desbordes, basados en la cuotificación y el premio consuelo, se agrava cuando se desconoce la Constitución, como suele ocurrir con el artículo 187 de la Carta. Este establece que los directores de los entes autónomos y los servicios descentralizados requieren venia de la Cámara de Senadores “otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas”. Para que quede claro: “personales”, “funcionales” y “técnicas”. No basta con ser buena persona.
Cuando leía las designaciones de Olivera recordé recientes declaraciones del presidente de Ancap, Raúl Sendic, que me trasladaron a ese desconocimiento constitucional.
Desde comienzos del siglo pasado las empresas públicas han sido el instrumento elegido para el desarrollo de un modelo nacional de los servicios públicos con un importante impacto en la economía del país. Una relevancia que no se acompaña con el cumplimiento de la exigencia jurídica.
La prescindencia del rigor constitucional provoca mala gestión en algunas empresas, a tal grado que durante décadas los gobiernos que hoy están en la oposición fueron —con razón, en muchos casos— el blanco para los cuestionamientos de quienes ahora son oficialistas.
En la búsqueda de antecedentes me topé con una opinión del senador Rafael Michelini en una Comisión Especial del Senado, el 9 de abril de 1996: “Las empresas del Estado no deberían estar politizadas y los cargos en ellas tendrían que estar asignados según criterios de idoneidad y de capacidad técnica, (…) de tipo gerencial, más profesionales”.
Ese razonamiento fue recogido por el Plan de Gobierno del Frente Amplio de noviembre de 1998 en el capítulo sobre Gestión del Estado: “Una política distinta de recursos humanos debe comenzar a aplicarse desde los niveles de dirección, ocupándolos con ciudadanos calificados para la tarea, rompiendo el esquema del premio consuelo ante el fracaso electoral y el reparto de cargos según lealtades políticas o la cuotificación política. Se deberá estudiar la posibilidad de que los plazos de permanencia en ciertos cargos no se correspondan a los tiempos políticos y también el impedimento de ser candidato para quien los ocupe, para evitar que la gestión se transforme en un trampolín de lanzamiento electoral”.
Excelente razonamiento. Práctica inexistente. En otras ocasiones he citado a Aristóteles: “La única verdad es la realidad”. ¿Qué enseñanza deja en este caso la realidad?
Surge de declaraciones de Sendic del 19 de marzo en Océano FM. En lo que fue un adelantado discurso como candidato, desconoce lo que establece la Carta y contradice uno a uno los postulados que su fuerza política sostuvo mientras fue oposición.
En la entrevista informó que en Cuba realizó estudios terciarios y alcanzó con honores la Licenciatura en Genética Humana. Felicitaciones. ¿Qué tiene que ver la genética humana (el estudio de la herencia biológica en los seres humanos) con Ancap y sus cometidos?
Resumió su experiencia en la “militancia juvenil, mateadas, pegatinas, reuniones de comités y en la actividad como diputado a partir de 1999”. ¿Cómo relacionar esos antecedentes con la exigencia de su partido de que los cargos sean asignados en virtud de criterios de “idoneidad y capacidad técnica” por “ciudadanos calificados para la tarea”, como reclamó el Programa de Gobierno?
Teniendo en cuenta anteriores ejemplos en la historia de todos los partidos no sorprende que los antecedentes “militantes y genéticos” no hayan sido un obstáculo para obtener la venia parlamentaria: hoy por mí, mañana por ti. La diferencia está en que, ingenuamente, Sendic lo admite públicamente.
Lo que causa mayor perplejidad es su confesión de definir su pasaje por Ancap como una “escuela permanente” para “aprender a gestionar y a negociar”. Se supone que cuando lo postularon ya debía saber gestionar y negociar en un organismo de esa envergadura.
Tomo el ejemplo de Sendic por sus declaraciones, pero la cuestión es genérica. ¿Cuándo se cumplirá la Constitución al pie de la letra? No digo que los candidatos tengan que conocer a fondo la materia específica del organismo para el que sean propuestos. Pero sí que antes de votar su venia se les exija una comparecencia pública que incluya un interrogatorio a fondo sobre el organismo, el criterio sobre políticas futuras y demostración de habilidades mínimas de gestión, comercio y legislación.
¿Alguien sabe en qué ocasión se ha negado una venia por no adecuarse el candidato al precepto constitucional?
Lo más contradictorio de los dichos de Sendic es su afirmación de que en setiembre u octubre, con “dolor”, dejará esa “escuela permanente” para postularse a un cargo electivo. Una palmaria demostración de que utilizó sus ocho años de gestión como “trampolín de lanzamiento electoral”, lo que también ha cuestionado su partido como un tema de principios.
El economista Javier de Haedo ha señalado en “El País” que entre 2006 y 2012, durante la gestión de Sendic, Ancap tuvo un déficit acumulado de U$S 866 millones, sin contabilizar lo de Pluna.
¿Cuándo asumirán los partidos políticos la responsabilidad de proponer personas idóneas para esos cargos y dejarán de hacer política barata como la que señalábamos al comienzo de la intendenta Olivera?