La LUC y el paradigma hueco

En la treintena de artículos sobre seguridad hay de todo, así como de todo se ha escuchado entre quienes defienden y quienes atacan la ley.

A su vez, en estos días, los defensores de oficio, con base en la experiencia que surge de su trabajo, presentaron una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia porque en los últimos tiempos han constatado una creciente ola de abusos policiales contra gente de bajos recursos: allanamientos sin orden judicial, roturas de artículos del hogar a personas muy pobres (un encono de pobres contra pobres), golpes en lugares del cuerpo de forma que no queden visibles y uso innecesario de la fuerza, según informó Búsqueda en su última edición. Y, según los defensores de oficio, esto está pasando por efecto de la LUC.

La LUC le da a la policía potestades para detener a una persona que no lleve su cédula de identidad. Lo que puede ser un simple olvido o costumbre de no llevar documentos se puede transformar en un hecho policial; y protagonizado, además, por policías azuzados con frases grandilocuentes que, en lo que vendría a ser un capítulo del nuevo paradigma, buscan impactar en un hecho que resultó evidente: durante los 15 años de gobiernos de izquierda, el celo por defender los derechos ciudadanos muchas veces dejó indefensos a los policías ante delincuentes o ante personas prepotentes.

El extinto Jorge Larrañaga había dicho que por la vía de pedir cédula se logró detener a delincuentes. El “nuevo paradigma” de este gobierno no parece tener lugar para la filosofía de Benjamín Franklin acerca de que “es preferible que cien personas culpables puedan escapar a que un solo inocente sufra”.

La LUC permite la declaración voluntaria de un detenido en sede policial. Esto era algo que rechazaban incluso algunos penalistas que hoy integran el gobierno: no importa si es voluntario o no (lo voluntario puede ser ignorancia), la declaración debe hacerse con su abogado presente.

La LUC instala la legítima defensa presunta para policías, algo que no cambia en nada la forma en que debe comportarse un policía en acción y que es un asunto técnico que juega en el juzgado: debe ser el agredido por el policía, y no el policía, quien demuestre que fue mal agredido. Pero, si usó su arma cuando no correspondía, el policía marcha preso. Y si no cambia nada, ¿por qué se cuestiona? Unos y otros deberían pensar en el bien del policía e informarle y formarlo en el sentido de que esta norma puede generarle una falsa sensación de seguridad que puede terminar pagando con cárcel.

En el último año del gobierno pasado hubo 22 delincuentes abatidos por la policía y ningún uniformado fue procesado. Pero quizás por el uso del aliento público con base en frases combativas en el primer año de este gobierno fueron abatidos 16 delincuentes y varios agentes debieron desfilar por los juzgados y al menos uno se encamina a ir preso por disparar contra un hombre desarmado.

Hay un artículo de la LUC que no tiene que ver con la Policía, pero sí con un tema que no ocupa en este debate el lugar que debería: las desbordadas cárceles y su papel clave en el proceso de la violencia y la reincidencia en el delito.

En todo caso se impacta indirectamente sobre las cárceles. Por ejemplo, con un artículo tan injusto como aparentemente inservible acerca del narcotráfico: se agrava la pena en caso de que se use un hogar para vender drogas.

La abuela o la madre jefa de hogar que se dedican a la venta de pasta base para subsistir ya habían sido destacadas en su peligrosidad cuando se aumentaron las penas para el tráfico de pasta base por encima de otras drogas. Una ley que va contra todo el discurso técnico acerca de drogas blandas y duras, una innovación judicial sin sentido ni razón. Pero a eso se suma este artículo de la venta en el hogar que beneficia al gran traficante, que nunca va a guardar la cocaína en su chalet, sino en un depósito en poder de alguno de los integrantes de su organización. En cambio, los minitraficantes o los empleados de importantes narcos de la periferia no tienen otra que vender desde su casa o su rancho.

Esa injusticia impacta en las cárceles porque suma un nuevo aumento de penas, ergo, más gente por más tiempo en las prisiones.

Sabiendo como saben todos el estado de las prisiones en Uruguay, siguen, de una forma irresponsable y suicida, metiendo delincuentes primarios y no peligrosos a esas cuevas de la violencia, y lo hacen cada vez por más tiempo, como para que puedan hacer un doctorado no en el delito (¡no en el delito ignaro!), sino en violencia. Un joven recluso procesado por hurto me contó que en el primer mes en el Comcar tuvo que hacerse un corte carcelario para evitar que lo mataran y que ya sabe que su hurto se va a transformar en homicidio porque, dijo, “son ellos o yo, y nadie nos controla dentro de esta mierda”.

Todo mal. Todo de cabeza. Todo es una suma de ignorancia, de repetir errores, de una política de seguridad clasista. Parte de esta mezcla explosiva se heredó del pasado gobierno, pero el actual no hizo otra cosa que agravarlo y desarmar lo que estaba bien. A la reiteración de errores, se suman golpes al vacío, golpes a los débiles, un retroceso de 30 años en la mejora de la Policía que había comenzado con los gobiernos colorados de los 90 y que siguió con el Frente Amplio. Y resulta que a todo esto se le llama “nuevo paradigma”, que ni es nuevo ni es paradigma, porque no tiene una idea fuerza clara ni una estrategia definida más que frases grandilocuentes pintadas en las paredes, mientras se festeja que haya algunos delitos menos, como si eso fuera lo importante. Pero afuera de esas gráficas solo se ve más muerte, más violencia, más miedo, más gente perdida en el resumidero de la miseria. Y ahora se viene un debate electoral sobre la seguridad. Estoy ansioso por ver si, al menos, están a la altura a la hora de discutir sobre todo este desastre en el cual ya no hay inocentes.