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Pese a que los diputados del Frente Amplio aseguran que antes de mediados de diciembre aprobarán el proyecto de ley sobre Servicios de Comunicación Audiovisual —conocido como “ley de medios”—, en el gobierno creen que lo más probable es que el año próximo los representantes tendrán que discutir el tema otra vez.
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Es que el Poder Ejecutivo no está de acuerdo con un cambio introducido por el oficialismo durante la discusión del proyecto en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados. La modificación establece que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) será la que se ocupe de controlar el contenido de la norma.
En el gobierno entienden que el control debe estar en manos de otra institución. Por eso, desde el Poder Ejecutivo impulsarán que los senadores oficialistas vuelvan a modificar el proyecto para que las potestades de vigilancia queden en la órbita de la Justicia, dijeron a Búsqueda allegados al presidente José Mujica.
La idea que maneja el mandatario es que estos temas no los trate la “justicia común”, sino que se especialice en el tema a algunos magistrados. “Va a estar fuera del Poder Ejecutivo y fuera del Poder Legislativo”, explicó uno de los informantes.
De todas formas, en el gobierno hay jerarcas que entienden que el proyecto que se pretende aprobar “en tres años no sirve para nada” porque “se lo va a comer la tecnología”.
En la primera versión de la propuesta que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento el control del cumplimiento de la ley —en lo referido al otorgamiento de licencias de radio y televisión así como aspectos vinculados a evitar emitir imágenes violentas, truculentas, que fomenten la discriminación o emitir un porcentaje mínimo de producción nacional, entre otros— estaba a cargo de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA). La integración inicial de este Consejo dependía del Poder Ejecutivo, lo que generó críticas de la oposición, organismos internacionales y organizaciones sociales uruguayas. Uno de los principales críticos de este aspecto fue Frank La Rue, el relator especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas.
Ante estos cuestionamientos, el articulado original se cambió y hubo un acuerdo entre gobierno y oficialismo para que los integrantes del Consejo fueran electos por una mayoría especial del Parlamento, lo que garantizaría su independencia. El presidente del Consejo sería nombrado por el Poder Ejecutivo y los otros cuatro integrantes por dos tercios de la Asamblea General.
Pero durante el debate los legisladores fueron advertidos de que la Constitución impide crear cargos durante el año previo a las elecciones. Entonces, resolvieron que las potestades de ese Consejo pasaran a la Ursec, un organismo que depende del Poder Ejecutivo.
Desde el gobierno se intentó esta semana cambiar la decisión de los diputados frenteamplistas y evitar que todo quedara en manos de la Ursec. El asesor de Presidencia de la República Gustavo Gómez tuvo varias reuniones para hacer el cambio, pero no contó con el respaldo necesario de los legisladores oficialistas, informó el diario “El Observador” ayer miércoles 27.
El miércoles 20 durante el debate del proyecto en la Comisión de Industria, el diputado Julio Battistoni (Movimiento de Participación Popular) dijo que la “ley es mucho más que el Consejo que se acaba de eliminar por cuestiones constitucionales. Es una ley que abarca muchos aspectos de algo que nunca estuvo regulado y que, realmente, fue como de batalla del clientelismo político”.
A su turno, Carlos Varela (Asamblea Uruguay), que preside la Comisión, dijo que existe “una realidad política y hay mayorías para definir el tema” e insistió en que “más allá de las modificaciones, la discusión está agotada”.