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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) se apresta a declarar inconstitucionales varios artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual —conocida como “ley de medios”— frente al recurso que presentó la empresa DirectTV. Esa postura, respaldada por los cinco ministros del máximo órgano judicial, está en conocimiento del Poder Ejecutivo, que analiza los pasos a seguir, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.
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La opinión de los ministros se formó a partir de un análisis realizado por cada uno por separado, pero para el caso hubo coincidencia en la visión de los cinco y se espera que ello se formalice en próximas reuniones de la corporación. “La esencia de lo que recurrió DirectTV es inconstitucional”, aseguró uno de los informantes.
Ante la postura de los miembros de la Corte, en el Poder Ejecutivo se analiza como alternativa derogar solo los artículos que sean declarados inconstitucionales o dejar sin efecto toda la ley 19.307 y promover una nueva, señalaron las fuentes.
Remarcaron que en el gobierno y también entre los miembros de la SCJ se entiende que “un activo intangible” que Uruguay debe preservar es el estatus satisfactorio en materia de libertad de expresión en la evaluación de diversas organizaciones internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas, el Instituto de Prensa Internacional, la Asociación Mundial de Periódicos, la Sociedad Interamericana de Prensa, y también de los relatores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas.
El recurso de DirectTV, presentado en febrero de 2015, cuestionó 27 artículos de la “ley de medios”. Por su parte, los canales Montecarlo, Saeta y Teledoce impugnaron 60 artículos de la norma. También sumaron recursos los operadores de cable Multicanal, TCC, Nuevo Siglo y Montecable, así como otros del interior, el Partido Independiente y gran parte de los integrantes de la Asociación de Radios del Interior.
Según la Fiscalía General de la Nación, de los 202 artículos que componen la ley, 131 fueron impugnados. En su opinión corresponde hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad en 23 de ellos, ocho en su totalidad y quince en forma parcial, es decir a alguno de los numerales, literales o incisos, indicó en su página web ayer miércoles 17.
La intervención de la Fiscalía en estos casos es preceptiva, aunque la opinión no es vinculante para los ministros de la SCJ, que deben decidir al respecto.
Frente al caso de la “ley de medios” se espera que la corporación encuentre mérito para declarar inconstitucional una cantidad mayor de artículos que los indicados por la Fiscalía. En la norma hay “cosas graves que afectan la libertad de expresión”, dijo una fuente.
La polémica ley terminó de aprobarse a fin de 2014 tras años de marchas y contramarchas, y aún está pendiente de reglamentación. El presidente Tabaré Vázquez decidió postergar ese paso a la espera de un fallo de la SCJ sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por las empresas del sector de comunicaciones.
La ley regula a quienes brindan una “oferta estable y permanente de señales de radio y televisión” que necesiten habilitaciones estatales. También apunta a limitar la concentración de la propiedad de los medios y a promover la producción de contenidos nacionales. Crea un Consejo de Comunicación Audiovisual como un órgano descentralizado cuyo cometido es la fiscalización del cumplimiento de la norma.
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