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    La alfombra y el sentido común

    N° 2019 - 09 al 15 de Mayo de 2019

    En el norte de Irán, antigua Persia, está el pueblo de Sarouk donde se confeccionan alfombras y tapices de lana con un alto contenido de terciopelo. No es el único pueblo de Irán en que se fabrican porque ese país es líder mundial en ese producto. Modelos antiguos integran el acervo de museos y coleccionistas.

    Una revisión actual de precios permite constatar que el costo de una alfombra Sarouk con medidas de 3,90 X 3,00 metros y con un diseño tradicional, en el mercado internacional oscila entre US$ 3.500 y US$ 4.500. La Suprema Corte de Justicia había decidido comprar una de 3,05 X 2,44 metros por US$ 3.190. En la comparación, un precio razonable.

    La eligió la ministra Bernadette Minvielle para su nuevo despacho y el 5 de abril la Corte lo decidió de mandato verbal. La constancia quedó en un documento de la Dirección General de Servicios Administrativos. El despacho está en el lugar que ocupó la biblioteca de la Corte y que fue el dormitorio de Francisco Piria, quien en 1917 mandó construir ese palacio donde vivió hasta su muerte en 1933.

    Sobre el precio y la calidad nada se puede cuestionar. Menos aún sobre la licitud de la compra. Sin embargo, llama la atención que la Corte haya justificado la compra con una decisión que se presume meditada, y que pocos días después diera marcha atrás y optara por una alfombra más barata.

    ¿A qué obedeció el cambio? ¿Se debió a la repercusión negativa en las redes sociales? ¿Respondió a la presión de la Asociación de Funcionarios Judiciales que en un comunicado del 30 de abril expresó “absoluto rechazo al gasto”?

    Para el gremio, la compra “no condice con la política de austeridad que aplica el organismo en otros órdenes debido a la compleja situación presupuestal”. Por eso instó con éxito a la Corte a revisar su “desacertada decisión” para volver al camino de la “probidad administrativa”.

    Luego Minvielle admitió en El Observador que “era un monto significativo”, pero defendió que la alfombra “lo valía” para “un edificio histórico”. Justificó su cambio sobre la decisión inicial porque tiene “muchos problemas” y prefiere no meterse “en un problema por una alfombra”. El problema no era solo suyo sino de toda la Corte que avaló la compra.

    Por lo que fuere, como en el cuento de Las mil y una noches, la alfombra persa voló rápidamente de regreso a la empresa vendedora y nadie explicó las razones sobre el cambio de criterio.

    El argumento de preservar el “patrimonio histórico” con un alhajamiento acorde es compartible, pero todo es relativo: depende del momento y las circunstancias. El Poder Judicial se queja de tener pocos recursos presupuestales. Entre otros, afectan a los defensores de oficio, cuyo gremio reclama más abogados para atender a casi el 90% de los procesados y condenados de más bajos recursos y al nuevo Código del Proceso Penal. Los médicos forenses se han quejado por la deficitaria situación de morgues del interior del país.

    Un Poder Judicial pobre requiere gastar con prudencia, reflexión y responsabilidad. Con sentido común. Para el gremio, “la prioridad del gasto debe estar enfocada en el justiciable y las condiciones laborales de sus funcionarios”. Hay situaciones edilicias deficitarias que “afectan por igual a funcionarios y usuarios”.

    La semana pasada Minvielle aclaró en Búsqueda que la alfombra se pagaba del rubro “imprevistos de la Corte” que no afecta los fondos para el funcionamiento de los juzgados. Así es, pero, ¿ese argumento convence al ciudadano medio que se guía por razonamientos y comentarios absurdos en las redes sociales, o porque compara ese gasto con lo que le ingresa mensualmente en su bolsillo?

    Las decisiones jurisdiccionales de la Corte pueden ser cuestionadas, pero todas están razonablemente fundadas y no se cambian por más críticas que reciban. En cambio, no es la primera vez que una decisión administrativa deja al organismo en falsa escuadra y la cambia sin fundamentarlo.

    El año pasado, al actualizar los valores salariales de 2018 la Corte ordenó al responsable administrativo que modificara la forma de publicar los salarios de los cinco ministros en la página web del Poder Judicial. No se publicaron.

    Cuando fue consultada por Búsqueda Minvielle lo atribuyó a un error administrativo. Dijo que la orden no fue que se omitieran sino que se publicara solo el líquido porque el nominal “no refleja el monto” real que reciben “en el bolsillo” (Búsqueda 1.970).

    Intentó justificarlo: “No hay nada oculto en esto. Pero si la gente ve el nominal, piensa que ganamos 200.000 y pico, y no es así”. Se buscó evitar una percepción “injusta”. En buen romance, dirijamos la percepción del ciudadano hacia donde queremos porque es incapaz de razonar solo.

    Minvielle destacó que los ministros de la Corte hacen una “contribución muy importante al Estado” porque sus sueldos pagan la tasa máxima del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). No son los únicos.

    Luego de la consulta periodística, la página web volvió a publicar los salarios de los ministros. En principio solo los líquidos pero luego ambos, hasta hoy, cuando el nominal es $ 271.604,02 y el líquido $ 172.553,70.

    La engañifa publicitaria para evitar una percepción salarial “injusta” quedó sin efecto. Como la compra de la alfombra.

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