Sobre el proyecto de ley que rebaja las jubilaciones de afiliados a la “caja profesional” y los responsables de la debacle. Existe una creencia bastante generalizada de que los profesionales y en particular los universitarios se ubican en una situación de ventaja, especialmente económica en la sociedad. Sin embargo, ello no es así. Hemos hecho un primer análisis de nuestra generación llegando a la conclusión de que quienes logran culminar una carrera suelen ser de clase media y media baja en un 60%. Muchos debimos trabajar o pasar verdaderas necesidades mientras simultáneamente íbamos a clases o preparábamos exámenes. Incluso, una vez recibidos existe un derecho de piso que puede llegar hasta los 10 años antes de asentarse y poder llevar una vida sin sobresaltos. Los profesionales universitarios representan casi el 9% de la población económicamente activa, y la mayoría trabaja en actividades de servicios, según informe de la propia “caja profesional”.?Habiendo ingresado al mercado laboral, no es necesario explicar, ya que es notorio que muchos profesionales salen de sus casas a ocuparse del múltiple empleo, trabajan con ingresos magros, extensas jornadas de agotamiento físico y síquico. Simultáneamente deben estar construyendo su futuro retiro y con ello aportando considerables sumas a su “caja profesional”: CJPPU; obviamente no sin esfuerzo y postergación de satisfacer necesidades para cumplir con ese seguro de retiro. Trabajadores especializados que brindan un servicio imprescindible a la sociedad, que no puede subsistir sin médicos, nurses, abogados, dentistas, ingenieros, arquitectos, biólogos, químicos, veterinarios, agrónomos, sicólogos, periodistas, bibliotecólogos, etc., y toda otra gama auxiliar tan necesaria en el diario vivir.?Ahora bien, esos mismos profesionales, después de haber realizado el esfuerzo mencionado, por lo general apuestan y esperan que a su retiro su jubilación sea un ingrediente que les depare bienestar en esa nueva etapa de su vida. En nuestro país, la “caja de profesionales” (CJPPU) se ocupa de toda la vida laboral del afiliado, cobrándole sus aportes a cuenta de su futura jubilación y sirviendo esta con posterioridad. ?Pero, ahora vemos que la “seguridad” social no es tal y menos lo será ante un proyecto miope presionado por el Ministerio de Trabajo a la mayoría del Directorio de la CJPPU. Es que tanto el Poder Ejecutivo como ese directorio, con pocas luces y muchas debilidades, cuando no poca imaginación e incompetencia, han resuelto transitar el cómodo e irresponsable camino de cortar por lo más débil para buscar soluciones a una situación de la cual son responsables: el déficit de la CJPPU y su eventual cesación de pagos dentro de uno o dos años. Déficit creado por directorios manejados por dos delegados del Poder Ejecutivo y cinco miembros electos por las asociaciones profesionales que los han puesto en ese lugar. De ahí que también, salvo la Asociación Odontológica, el Colegio de Contadores y la organización de afiliados a la CJPPU, los cuales se han pronunciado en contra de ese proyecto oficial, castrador y mutilante, otras han hecho “mutis por el foro”.?Justo es decir que el puntapié inicial lo dio una nueva forma de organización denominada Profesionales Independientes en Defensa de la Caja Profesional. Este núcleo, tanto integrado por activos como por jubilados, ha creado una adhesión de todas las profesiones, con un crecimiento geométrico pocas veces visto en la historia del gremialismo. Su principal impulsor lo fue sin dudas el quietismo de muchas de las viejas organizaciones gremiales, las cuales con su silencio cómplice respecto de la propuesta de rebaja de las jubilaciones por el Poder Ejecutivo a través del ministro de Trabajo han sentenciado su triste fosilización; pues nacidas para defender a los profesionales han estado ausentes ante este furibundo ataque a los derechos adquiridos de quienes habiendo dedicado una vida al servicio social ahora en estado de indefensión son víctimas del saqueo de sus bolsillos para reparar fallas de las cuales no son causantes.?Y es que el caso de los jubilados para dar un ejemplo, pues el ataque a los activos no queda a la zaga en cuanto a las condiciones de trabajo que se les impondrán, el cual es directamente inhumano e inmoral. Veamos, a los jubilados de la CJPPU primero en el año 2008 se les impuso el IASS (Impuesto a la Seguridad Social), cuyo destino va al BPS y no a su propia caja; ¡insólito! Posteriormente, el directorio les quitó beneficios como ser la cuota de salud y el aguinaldo. Tres mutilaciones a los jubilados en una etapa de la vida en que ya no pueden salir al mercado de trabajo a recuperar lo que les quitan. Pero, eso no es todo, el Poder Ejecutivo y el Directorio de la CJPPU con ese proyecto de ley denominado “exprés” cuan verdugos proponen al Parlamento un nuevo impuesto, quita, contribución o prestación pecuniaria para quitarles a los jubilados hasta el 10% de su jubilación nominal. Ahora le pegan en el piso a quienes como se dijo no pueden defenderse. Imaginemos a gente de avanzada edad con deudas, enfermedades, carencias, etc., las cuales aumentan con el tiempo, teniendo que encarar la vida, la salud y sus condiciones de vida con cada vez menos ingresos. Y el promedio de las jubilaciones profesionales no son tan altas como se cree. Muchos en su vida activa debieron declarar no ejercicio por varios motivos, lo cual redundó en un detrimento de sus aportes y finalmente en su haber de retiro. Incluso sin contar con salario mensual regular ni seguro de paro.
Responsabilidad de los directorios. La responsabilidad de la dirección de la CJPPU se puede sintetizar, y con ello no exponemos todo el desaguisado que por años se viene haciendo, en:
— Designación irresponsable de gerentes y especialmente un gerente general con más de $ 600.500 de sueldo mensual durante años que se rebajó a unos a $ 413.191, lo cual es aún grosero ante la emergencia que se vive. Un verdadero desprecio a los afiliados.
— Vergonzosa negociación de los intereses patronales de la CJPPU, que disponiendo de dineros de los afiliados concedieron inauditas prebendas a sus funcionarios. Responsabilidad única del directorio de turno, pues los empleados legítimamente defienden y logran sus beneficios. En cuanto a quienes se encuentran con declaración de no ejercicio, una carencia de ideas para su reinserción a la actividad.?— La increíble decisión de haber renunciado al cobro de créditos por aportes impagos, perdiendo la posibilidad de prioridad ante otros acreedores.
— Contratos secretos respecto de los bienes rurales propiedad de la caja.
— Ocultamiento de actas, sesiones secretas y poca trasparencia.
— No admisión del ingreso de nuevas profesiones, aumentando con ello el ahogamiento económico.
— Proposición de una reforma que deberán pagar los afiliados activos y pasivos sin ningún número claro que solo logrará prolongar la agonía del sistema por muy poco tiempo.
Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado, que no es menor, no solo por tener dos miembros designados por los poderes ejecutivos de turno, los cuales junto al presidente y vice del directorio constituyen la mayoría habitual en las decisiones en un habitual cuatro a tres o, peor aún, de un cuatro a dos, como la vergonzosa e inexplicable “dada vuelta” de un miembro que en principio se había opuesto al proyecto de ley exprés, solicitando posteriormente su revisión. Responsabilidad política por haber destinado el IASS, sustraído de bolsillo de los jubilados de la CJPPU, hacia el pozo sin fondo del deficitario BPS, que también durante décadas saquearon y mal administraron diferentes gobiernos. O sea que, y es bueno recalcarlo, los jubilados de la CJPPU de su bolsillo subsidiaban y subsidian al BPS en una insólita y absurda imposición política. Suma varias veces millonaria que si se hubiese destinado a su propia caja no estaríamos ahora con gran parte de este problema. Tal vez, si se hubieran abstenido de:
— Intervenir con dos delegados del poder central con sueldo pagado por los afiliados de la CJPPU.
— Haber metido la mano en los fondos de la caja mediante el trasiego del IASS.
— No haber derivado fondos hacia rentas generales cuando la crisis del 2002.
— No haber anulado una elección amañada donde se admitió una lista integrada por un candidato a presidente del directorio inhabilitado legalmente (y aquí va para la Corte Electoral), podrían argumentar respecto de una declaración de irresponsabilidad establecida en la ley, pero “borrada con el codo” al establecer como miembros permanentes a dos delegados del P.E., con voz y voto. Dos artículos perversos y contradictorios que no resisten ningún análisis jurídico serio. Una intervención descarada e irresponsable en el rumbo y administración de la caja.?Incluso se ha llegado al caso de que exdirectores electos por los profesionales pasaban posteriormente a ser delegados del P.E., en inaudito conflicto de intereses. Evidente muestra de mercenarismo político gremial.
Y hay más, mucho más, pero veamos las propuestas, pues se ha dicho que anular lo establecido en el proyecto exprés sin proponer algo a cambio conduce a la aceleración de la quiebra.
Veamos pues.
En primer lugar, se propone y con razón que el destino del IASS detraído del bolsillo de los profesionales jubilados en lugar de ir al BPS se asigne a las arcas de la CJPPU. Los estudios realizados constatan que solo con esta medida se cubre el déficit en un 80%.?En segundo lugar, que se recuperen los créditos que vergonzosa e irresponsablemente la dirección de la caja no supo ejecutar; y de paso se responsabilice a los directores que votaron semejante renuncia.
Tercero, que se recupere un importante porcentaje de los 90.000 profesionales que se encuentran en declaración de no ejercicio y, por lo tanto, sin aportar su cuota mensual, considerándose en este punto verdaderos incentivos cuyo detalle excede esta carta. Aquí, no solo la irresponsabilidad compromete al directorio, sino que también comprende y responsabiliza a la gerencia general por inoperancia y falta de iniciativa.
Cuarto, que se aumenten los valores de los timbres profesionales por actuación y se amplíe su espectro a otros servicios profesionales, extremo que el directorio rehúsa hacer.
Quinto, que los profesionales que trabajan en relación de dependencia aporten a la CJPPU, ya que actualmente lo hacen al BPS.
Sexto, que no se apliquen a los profesionales activos los agravantes del aumento de la edad y años de servicio respecto de la tasa de remplazo para cuando se acojan a los beneficios jubilatorios.
Séptimo, que se mantengan la edad y los requisitos para acogerse a la jubilación.
Octavo, que se disponga un subsidio estatal como lo tienen otras cajas (como compensación derivada de la coparticipación de la administración central en el descalabro administrativo y financiero y de las voluminosas sumas del IASS provenientes del bolsillo de los jubilados profesionales ya “engullidas” por el BPS durante 15 años hasta el presente).
Finalmente, y ello está a estudio del nuevo movimiento de profesionales independientes en defensa de los afiliados a la CJPPU, hemos propuesto que si la tozudez del proyecto permea al cuerpo legislativo transformándose en ley por lo menos se establezca lo siguiente en la propia ley. Si a los jubilados se les impone la cuarta mutilación a su jubilación de hasta el 10%, ello se tome como préstamo a devolver siguiendo las siguientes bases:
I. Que esas sumas se imputen a un crédito a favor del sujeto pasivo, a devolverle a los cinco años en cuotas con reajuste e intereses (no más de 24 cuotas) o contado, en este caso solo reajustado según índice medio de salarios más un módico interés.?Aquí se pueden determinar fechas de devolución según edades. Por ejemplo, que si se cumplen los cinco años de retención pero el jubilado aún no llego a los 70 años, se difiere también hasta esa fecha la devolución.
O las devoluciones se podrán hacer a los siete años si el jubilado tiene, a la fecha de comienzo del sistema, menos de 65 años. (Estos puntos se deben precisar mejor con más escalas, si se resuelve dar el primer paso de aceptar esta propuesta).
Al respecto creemos que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen mucha experiencia en este tipo de soluciones, o por lo menos la tuvieron en otros tiempos; no valen argumentos de complicación, dificultades de cálculo, etc. Pero lo que nunca debe suceder es que se den por perdidas esas detracciones injustas, inconstitucionales e inmorales. Sería una especie de préstamo o retención forzosa, pero a devolución, como lo hubo en la crisis del 2002 con los depósitos bancarios.
II. En caso de fallecimiento se devuelva ese préstamo forzoso a los herederos. De existir un pensionista se difiera la devolución hasta que llegue a la edad general establecida (70 años). Sería de justicia y sensibilidad que a los pensionistas menores de 18 años no se les aplicara ninguna detracción.
III. También se puede establecer que quien no esté de acuerdo con este régimen y no lo acepta siempre tiene derecho a ir a la Justicia e impugnar la constitucionalidad y el daño provocado por la ley y estar a su resultado.
IV. Quien acepta este régimen de devolución diferida renuncia voluntariamente a cualquier acción judicial o administrativa motivada en la detracción.?Con este mecanismo las devoluciones no serían todas al mismo momento, sino que a medida que se van dando los extremos que las ameritan (ej., no todos llegan a los 70 años simultáneamente, no todos los fallecimientos son al mismo tiempo) se van recuperando las detracciones pecuniarias. Además, se van sumando nuevos jubilados, por lo que se sigue recaudando, extremo que compensa lo que se va devolviendo.
Con la devolución diferida en el tiempo se elimina la posibilidad de acciones legales millonarias contra el Estado por daños y perjuicios por lo cuales la sociedad puede llegar a perder más de lo que se recauda.
Se pueden mejorar todos estos puntos, ya sea edades, sumas, tasas de interés, reajustes, devolución en bonos o en colocaciones a plazo fijo en beneficio del jubilado o sus herederos. Como se explicó, cuando la crisis del 2002, los plazos fijos bancarios se reprogramaron sin que los ahorristas perdieran su dinero; esto sería algo parecido. ?Y finalmente, poner en lo posible un plazo o que se den otras condiciones para la finalización del régimen de aporte pecuniario de los jubilados.
Incluso, esta propuesta al hacerse pública queda abierta, por si uno o varios legisladores la comparten o expresan su voluntad de colaborar, con base en estas ideas, para que las negocie en el Parlamento en beneficio de no solo los jubilados sino de la salud de las arcas públicas, ya que de no existir un paliativo, sin duda, habrá juicios por responsabilidad del Estado cuyo pago deberá solventar la sociedad.
Se trata de una solución que recupere, de alguna manera, esa injusta mutilación a las jubilaciones o pensiones propuesta, de un sacrificio que, aunque injusto, tiene un horizonte de recuperación a la cuarta mutilación a las jubilaciones.
Daniel Chucarro Ruiz
