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En América Latina, los escándalos de corrupción política de los últimos años desataron una serie de reformas en los marcos regulatorios del financiamiento y gasto de las campañas electorales, en la mayoría de los casos orientadas a reducir la participación de los fondos privados. Eso ocurrió en Uruguay topeando las donaciones en sus montos, orígenes y formatos; también se otorgó un espacio gratuito para la difusión de propaganda.
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La regulación de ese tipo de financiamiento “es clave para luchar contra la corrupción porque incide directamente sobre el entramado de relaciones entre el sector privado y la política pública”, sostiene CAF-Banco de Desarrollo de América Latina en Integridad de las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción. El documento incluye algunas cifras sobre el gasto declarado en la última campaña presidencial por todos los partidos políticos para un conjunto de países para los cuales se obtuvo información. La de Brasil de 2018 que terminó con Jair Bolsonaro como presidente fue la más costosa (superó los US$ 50 millones), seguida de la de Argentina en 2015 (US$ 47 millones), la de México de 2018 (US$ 42 millones) y la de Uruguay del 2014 (poco más de US$ 20 millones). Pero la comparación está influida por factores tales como el tamaño del electorado y la cantidad de partidos; si se calcula el costo por voto emitido, el orden se invierte, con la última campaña presidencial uruguaya que ganó Tabaré Vázquez como la más cara, con algo más de US$ 5. En el resto de los países, los gastos de campaña se ubicaron en un rango de menos de un dólar por sufragio (México y Brasil) y US$ 3 en Chile.
Según la CAF, las cifras muestran que las campañas electorales insumen “cantidades cuantiosas de recursos monetarios que en algunos casos se han incrementado notablemente en los últimos años”.
Para la primera vuelta del pasado 27 de octubre, el Frente Amplio fue el partido que más gastó en publicidad electoral (US$ 4,5 millones), informó el martes 12 el diario El Observador. Agregó que la definición tomada por la presidencia de la coalición de gobierno, es hacer una campaña más “gasolera” de cara al balotaje del domingo 24, algo que no cayó bien entre algunos sectores del frenteamplismo, dirigentes de base e integrantes del comando del candidato Daniel Martínez, que reclaman contar con los recursos suficientes para dar vuelta la tendencia favorable para la oposición.