La cárcel escupe delincuentes

La realidad superó a Guillot. En 2005 los presos eran algo más de 7.000. Ahora son más de 10.000 y en los módulos 8, 10 y 11 del Comcar hay 1.930 (casi 20% del total) en condiciones de ignominia y con escasa expectativa de rehabilitación. Son jóvenes. En Montevideo 80% tiene menos de 39 años.

Empujados por el dolor y la inseguridad algunos gozan con el padecimiento carcelario. No consideran que al pisotear la dignidad se violan los derechos humanos y se convierte al sistema en un búmeran. Las expresiones de Petit desnudan la violación del artículo 26 de la Constitución: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los presos y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.

Casi 25% de quienes obtienen la libertad anticipada, recincide. De los liberados por otras vías: provisional, término de condena o suspensión condicional, recincide casi 60%.

El gobierno y la mayoría de la oposición limitan las excarcelaciones. Lo acordaron con el presidente Tabaré Vázquez, el mismo que en 2005 impulsó la ley de humanización carcelaria por un “estado de emergencia humanitaria” y una situación “explosiva”. No es broma, aunque lo parezca.

Imaginan que con menos excarcelaciones les llenan el ojo a potenciales víctimas y ganan votos. La cuestión es de fondo: ¿Es ese el camino contra la inseguridad, mientras con la complicidad del Estado las cárceles crean y escupen delincuentes? Por eso la denuncia penal contra “UY Chorros” tampoco es broma. Es una burla.

Petit debe cuidarse. En cualquier momento lo denuncian por reclamar medidas urgentes para que la situación carcelaria no frustre la rehabilitación y para que no se agudicen las tendencias delictivas.

Es innegable que las cárceles violan los derechos humanos y el Ministerio del Interior puede ser demandado en la Justicia civil por su responsabilidad. No se trata solo de eventuales delitos por su omisión funcional en los asesinatos de internos.

El ex catedrático Jorge Gamarra ha sostenido que se debe aplicar el inciso 1º del artículo 1324 del Código Civil que establece la responsabilidad del Estado por los daños que los reclusos les causan a terceros en sus salidas transitorias o cuando se fugan. También el Estado es responsable por el daño que internamente un recluso le cause a otro o a cualquier persona. (1)

Hasta setiembre, los muertos en las cárceles fueron 25 y los heridos 70.

La jurisprudencia ha sido variada. El Tribunal de Apelaciones Civil de primer turno (Nil­za Salvo, Eduardo Vázquez Cruz y Alicia Castro) condenó en 2014 al Estado a indemnizar por la muerte de un recluso, dice el tomo 45 del Anuario de Derecho Civil.

Del tomo 46 del mismo anuario surge que el Tribunal de Apelaciones Civil de séptimo turno (María Victoria Couto, Cristina Cabrera y Edgardo Ettlin) rechazó en 2015 una demanda indemnizatoria por daño moral promovida por la madre y hermanos de un recluso asesinado con un “corte”.

Aunque cada caso es diferente es seguro que el Estado tendrá que pagar muchas indemnizaciones. Con nuestro dinero.

No alcanza con más cárceles si no se moderniza la política general, si no se invierte en reeducar, si no se habilitan caminos para que los reclusos trabajen al salir, si no gozan de un tratamiento digno, si no hay más guardias y mejor calificados, y si no se admite que la pobreza y la droga no son los únicos causantes del delito.

Tampoco nada se logrará si, como quiere el gobierno, las cárceles dejan de depender del Ministerio del Interior para transformarse en un servicio descentralizado del Ministerio de Educación. Aliviarán la mochila del ministro Eduardo Bonomi. Eso seguro. Pero el Estado será el mismo aunque la responsabilidad se la endilguen luego a María Julia Muñoz.

1 “Tratado de Derecho Civil”, tomo XX, páginas 337 y 338.