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Cuando los partidos omiten investigar presuntos delitos de gobernantes o ex gobernantes solo puede dirimirlos el sistema judicial. Si traban las investigaciones con el objetivo de encubrirlos, por intereses partidarios, sectoriales o personales, la única garantía son los jueces y los fiscales. Pero en realidad el fin de la Justicia (juzgar y respetar la verdad y que a cada uno le toque lo que le corresponde), poco les importa.
Temen la independencia de los magistrados tal vez porque como ocurre con el ladrón, creen que todos son de su misma condición. Ejemplos cercanos derivan del proceso al ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y al ex presidente del Banco República, Fernando Calloia. Durante la investigación penal el oficialismo los instaló en un santoral. Diabólicos eran quienes buscaban la verdad. Ahora la fiscal María de los Ángeles Camiño pidió condenarlos por abusar de sus cargos. Para algunos, ambos siguen en el santoral. Poco valor les dan a los fundamentos jurídicos. (1)
Las mayorías erigen barreras para evitar la verdad y cuando ante esas trabas se opta por la denuncia penal estallan reproches. No es novedoso. Es la misma ruta que transitó el Frente Amplio entre 1985 y 2005 y que derivó en condenas a gobernantes blancos y colorados. Para el oficialismo, denunciar fue válido hasta 2005, cuando ellos impulsaban los procesos. Luego dejó de serlo y lo que antes era bueno, ahora es perverso.
Es a los jueces y fiscales a quienes les compete determinar culpables o descartarlos. A los primeros los legitima el Estado, la separación de poderes y una imparcialidad que controlan los tribunales. A los fiscales los respalda su condición de representantes de los intereses de la sociedad. Nuestros intereses. No los de los delincuentes ni de sus encubridores.
Ademas, la Justicia tiene más y mejores instrumentos que las estériles comisiones legislativas: la obligatoriedad de declarar y los peritos del Instituto Técnico Forense que con imparcialidad profesional respaldan las investigaciones. La cara opuesta de interesadas opiniones al voleo. Algunos sostienen que por el “caso Pluna” también se debería imputar al ex presidente José Mujica, el general que le dio órdenes a Lorenzo y Calloia, los obedientes soldados. Habrá que esperar al final.
A partir de julio de 2017 el nuevo Código del Proceso Penales les dará un nuevo valor a estos temas. Las audiencias serán públicas y aumentará la transparencia. El ciudadano tendrá acceso directo y quienes hoy anteponen sus intereses a la verdad dejarán de vender ficciones y de lloriquear porque la prensa informa.
Ningún político recibe pasivamente una denuncia. Buscan justificaciones para desvirtuar imputaciones o desviarlas. Saben que cuando la investigación judicial avanza al ciudadano le llega un tufillo corrupto que perfora la línea de flotación de partidos y sectores.
Entonces agitan los manidos argumentos de “judicialización de la política” o “politización de la Justicia”, muletillas maniqueas utilizadas como en una campaña publicitaria. Pretenden imponer esas grifas para deslegitimar el sistema de justicia.
Estos temas que suelen estar fuera de la agenda cada tanto salen a la luz. Ocurrió durante el reciente “Foro Justicia 2016” del Centro de Estudios e Investigaciones Judiciales (CIEJ) de la Asociación de Funcionarios Judiciales.
La senadora Constanza Moreira, ex socia del MPP desde su sector “Casa Grande” (con miradas chicas), sostuvo que hay “tensiones” entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial debido a sentencias de inconstitucionalidad de la Corte. En realidad, son “tensiones” unilaterales que sufren ella y los responsables, o irresponsables, de votar leyes inconstitucionales por ignorancia. En lugar de avergonzarse, reclama.
Como ese demagógico argumento le pareció insuficiente subió la apuesta. Sostuvo que el Poder Judicial tiene cada vez “más peso” en la implementación de las políticas públicas, lo cual produce “un desplazamiento” de la voluntad del poder político hacia el Poder Judicial. Como ejemplos citó las sentencias de la Corte sobre la entrega de medicamentos de alto costo o las referidas a la Ley de Medios.
En cambio, defendió el trabajo parlamentario (el suyo, por ahora) porque las sentencias de inconstitucionalidad son menos del 1% del total de las leyes aprobadas en cada período. ¿Con ese porcentaje de qué se queja? ¿Pretende que los jueces sean cómplices de las arbitrariedades y que nadie cuestione los errores?
Queda en evidencia con otro razonamiento: “El hecho de llevar a la Justicia temas políticos como la investigadora de Ancap, lo del título de Sendic (que mintió atribuyéndose una Licenciatura aunque el fiscal diga que técnicamente no cometió un delito) y (las ilegalidades de) Pluna supone que en el Uruguay también se está produciendo una judicialización de la política. Muchas de las decisiones sobre estas leyes importantes emanan (en las inconstitucionalidades) de una Suprema Corte con preferencias divididas, donde en muchos casos se interpreta por mayoría” .
¿Y? ¡Chocolate por la noticia! ¡Claro que sí! Las votaciones, con el correspondiente respaldo legal, son por unanimidad o por mayoría. ¿En qué país vive esta doctora en ciencias políticas que por ello debería tenerlo claro? ¿Hace el mismo razonamiento cuando el Senado vota dividido? Claro que no. ¿Acaso lo que califica peyorativamente como “preferencias divididas”, tiene menos valor que las unanimidades?
Siguiendo ese razonamiento, ¿para qué tenemos leyes si los políticos resisten someterse a las normas y a quienes las aplican y en cambio hacen una batucada publicitaria fuera de los tribunales?
El principio de las mayorías es uno de los fundamentos de la democracia. Así se toman decisiones y se elige a los gobernantes, ella incluida. Lo contrario, lo que la senadora reivindica, es patrimonio de dictaduras, de gobiernos totalitarios o de monarquías absolutas.
Lo político por encima de lo jurídico llegó para quedarse.
