La cueva de la vieja y el tuerto

Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz entre 1991 y 2003, cuando fue electo presidente. Igual mantuvo el control provincial y continuó operando con su esposa, Cristina Fernández, presidenta entre 2007 y 2015. Mantienen el poder por herencia: Alicia Kirchner, la hermana de Néstor, es gobernadora desde 2015.

“Más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde”, reclamó el fiscal Luciani ante un tribunal federal. Remarcó que “una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones (…), este es el momento. Es corrupción o justicia. Ustedes tienen la decisión (ante) actos de corrupción sistemáticos, promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de la contratación pública y provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”.

Con los argumentos de la defensa el tribunal dictará sentencia sobre el pedido del fiscal para que Cristina Fernández sea sometida a 12 años de cárcel por asociación ilícita y administración fraudulenta e inhabilitada de por vida para cargos públicos. La misma pena de prisión pidió para Báez y solicitó decomisar bienes de Fernández y del resto de los acusados. La sentencia también puede ser absolutoria.

Este proceso juzga irregularidades en la concesión de 51 obras públicas durante los gobiernos del fallecido (por ello sin responsabilidad penal) Kirchner y la presidencia de Fernández, en la que se centran las imputaciones. Al concluir el segundo mandato Báez era dueño, entre otros bienes, de 415.000 hectáreas en Santa Cruz, un volumen que conmueve cuando se compara con la ciudad autónoma de Buenos Aires, de apenas 23.000 hectáreas, advirtió Luciani. Durante más de una década fue adjudicatario de más del 80% de la deuda pública provincial.

Pero el vecino país y sus políticos son surrealistas. Cristina Fernández montó su defensa atribuyendo la acusación a maniobras políticas de Mauricio Macri, el periodismo y un Poder Judicial corrupto. ¿Olvidan Cristina Fernández y sus seguidores que el año pasado fue sobreseída en tres causas? Tal vez cree que en esta solo se salvará con gritos de barricada, cantando la marcha peronista, exhortando a una “pueblada” o a “armar quilombo” para amedrentar a los jueces: el Estado de derecho a un vertedero y, como los totalitarios, de espaldas a la Constitución.

Una intervención del presidente Alberto Fernández para defenderla eriza la piel: “Nisman se suicidó, espero que no haga algo así Luciani”. ¡Terrible amenaza! El 18 de enero de 2015 el fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza mientras investigaba casos de terrorismo (AMIA) que involucraban a Cristina Fernández. La investigación judicial se instruye sobre la base de que fue un homicidio.

Cuando durante décadas un país padece feroces batallas por el poder político, la corrupción es un estilo de vida y se desprecia la ley, el abismo está a un paso.

Cristina Fernández obtiene respaldo variado, como Víctor Hugo Morales, que se enriqueció con la publicidad kirchnerista, o el exjuez Eugenio Zaffaroni, a quien Kirchner designó para la Corte Suprema en 2003 y más tarde lo impulsó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Zaffaroni tiró un salvavidas: si fuera condenada, puede ser indultada por el presidente, pero el artículo 36 de la Constitución establece que los “actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático” y “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento ilícito” estarán “excluidos de los beneficios del indulto”.

Actores y actrices de la estructura laboral “K” se sumaron para apoyar a la investigada. En la región expresidentes y actuales afines al socialismo fascista del siglo XXI rechazaron la “injustificable persecución judicial”. En Uruguay, solo con el argumento de que la Justicia es corrupta, sin considerar los tres sobreseimientos, la apoyaron el Partido Comunista y Mujica. Nadie expuso o desarrolló fundamentos. Su respaldo es exclusivamente político con el objetivo de preservar la candidatura presidencial de Cristina Fernández para las elecciones de octubre de 2023.

Aunque fuera condenada en primera instancia difícilmente se frustrará su candidatura. A una eventual sentencia inicial, prevista para antes de fin de año, le seguirá una apelación en segunda instancia y por último ante la Corte Suprema. Si la eligieran presidenta, ¿quién le pone el cascabel?

Por suerte a Uruguay, además del río, nos separa de Argentina la historia moral y política.

Así les va.