La delincuencia (II)

¿Cómo acabar con la inseguridad? Los uruguayos están indignados por culpa de la violencia y parecen decirles “basta” a los delincuentes, estén drogados con pasta base o cocaína pura, sean adultos o menores, primarios o reincidentes. Se acabó la tolerancia y el tiempo de defender argumentos teóricos que la praxis ha demostrado que están perimidos (como la concepción tutelar para los menores infractores, como ha demostrado la criminología más moderna). La violencia en las calles de Montevideo y del Uruguay es un hecho que ya no se puede ocultar bajo la alfombra. Ejercer el derecho al trabajo pone en riesgo la vida de los trabajadores. Por las noches, en determinados rubros, es casi una sentencia de muerte. La violencia se ha generalizado, aunque también se especializa, por ejemplo, en el asesinato de transexuales, contra policías o contra la (ex) pareja. La violencia en todas sus manifestaciones es el tema diario en un país en vías de desarrollo que se aleja definitivamente del sueño de la “Suiza (sud)americana”. Mi función como investigador en derecho penal en un instituto internacional me ha permitido conocer muchos países de la región en los que la gente se ha acostumbrado a vivir con miedo (Honduras, El Salvador, México, Colombia, Brasil, por citar solo algunos), a tal punto que el miedo pasa a ser parte de la vida cotidiana, primer paso para desaparecer como sensación extraña y convertirse en algo normal. Cuando el miedo se “normaliza” y la población está “segura” de que tarde o temprano será víctima de algún acto de violencia, solo queda defenderse de la mejor manera contra el posible ataque y “armarse” de valor durante la espera. Esto ya ha sucedido en Uruguay, cuyo mejor ejemplo es la política criminal imperante en los últimos tiempos en relación con la legítima defensa otorgada en la gran mayoría de casos en los que se produce la muerte del atacante. Como el Estado ya no es eficaz o no puede prevenir el delito, permite que el ciudadano ejerza el derecho de defensa frente a los ataques ilegítimos de otros ciudadanos, incluso causando la muerte del atacante sin que la proporcionalidad se aplique a los bienes jurídicos en riesgo sino que ella solo sea tenida en cuenta en el modo de reaccionar al ataque. Es decir, un ataque a la propiedad por parte de un sujeto en horas de la noche puede ser repelido causando la muerte del atacante. La defensa de la propiedad justifica la muerte del atacante, como parte de la doctrina penal uruguaya sostiene y la justicia determina reiteradamente. Y a esta situación (reprobable desde la teoría garantista) hemos llegado por causa de la facticidad, y por eso se acepta por todos de mayor o menor agrado, como si nos encontráramos ante un “estado de necesidad” o “un mal necesario” debido a las circunstancias. La realidad nos conduce al reclamo de tolerancia cero con el delito, a confundir las causas de justificación con las causas de inculpabilidad, a pensar en una política criminal contra determinados enemigos de la sociedad (personas que no quieren vivir dentro de las normas del contrato social) e, incluso, a pensar seriamente en bajar la edad de imputabilidad para responsabilizar a determinados menores muy peligrosos (que como “desgracia con suerte”, al estilo Biondi, están bastante individualizados). Y no seré yo en este momento quien con argumentos teóricos recogidos de la doctrina penal y la criminología alemana pretenda hacer razonar a los ciudadanos uruguayos que sufren a diario el acoso y las molestias de vivir en el Uruguay de hoy.