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Es quizá atribuible el tenor de su carta al hecho de que viva en un país de Europa, donde es otra la realidad. Pero bastaría que Ud. conviviera en nuestro país, como un ciudadano más, donde todos los días le tocara salir a la calle para trabajar, y cuando todos los días su familia debiera tener la misma conducta para cumplir con sus obligaciones de estudio, trabajo, para que otra fuera su percepción y opinión al respecto.
Si le tocara vivir entre nosotros (o sufrir con nosotros), lograría captar la sensación de impotencia, dolor, angustia que se genera día a día, cuando el salir a la calle se ha transformado en un ruleta rusa: no sabemos a quién le tocará en esa jornada entregar su vida —ya la calidad de vida hace rato dejamos de saber qué es—, si será uno, lo será un hijo, hermano, vecino, compañero de trabajo, cuál será el que ese día caerá en las garras de la delincuencia, que poco a poco ha visto que ya nada ni nadie puede detenerla de sus fechorías, que empezó delinquiendo contra la propiedad, pero que ante la apatía e inoperancia del Estado para reprimirla, continuó atacando también la vida de los ciudadanos.
Sr. Dr. Galain, si le tocara estar entre nosotros, aun por pocos días, podría apreciar que nuestras ciudades —y no solo la bella Montevideo— se han transformado en pequeñas cárceles familiares: todas las casas- habitaciones, recinto donde las familias buscan consolidar un núcleo de convivencia de hogar esforzándose para que sus hijos sean personas de bien, han debido guarecerse tras rejas en puertas y ventanas, escondiéndose de chorros, malhechores, delincuentes que andan libremente disfrutando de nuestras calles arboladas, nuestras plazas enjardinadas, lugares de los que nos han “corrido”, que nos inhiben de vivirlos con alegría y tranquilidad.
Comparto su punto de vista en cuanto a que fallos como el que Ud. comenta son una innovación entre nosotros, que acudir a la figura prevista en el Código Penal de omisión al cumplimiento de los deberes a la patria potestad para perseguir a los padres de aquellos menores infractores, como manera de que alguien con injerencia directa se haga cargo, es plausible. Nos guste o no, está tipificado como delito y si solemos pedir su aplicación cuando un padre (o madre, claro está) no cumple con el pago de los alimentos a sus hijos, ¿cómo extrañarnos de su aplicación cuando un infractor menor, que salió del seno de una familia, comete delitos hasta monstruosos? Es más que evidente que esos padres son omisos (y, por qué no, cómplices) de tamaña distorsión social.
Lo que es triste y doloroso es que sea el Poder Judicial el que deba salir a tratar de poner orden en casa, cuando debe ser el Ministerio del Interior el que tiene la función de prevenir tales delitos. Pero, bueno, al menos hay ciudadanos —como estas juezas— que no les tiembla el pulso cuando a la hora de poner su cuota de arena al enorme problema que tiene nuestra sociedad enferma, lo hacen con valentía, convicción y conocimiento (de los hechos y del Derecho), porque tal cual lo escribe Ud. en su carta, “...los tres poderes del Estado ya no saben cómo reaccionar ante una situación de inseguridad pública que se les ha ido de las manos en el país más seguro de América Latina”.
Por último, la invitación le queda formulada para que se sume a nosotros a buscar una solución de equilibrio, sensatez, racionalidad y legalidad, para reencontrarnos los uruguayos en un mismo camino de salud social.
