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El incumplimiento argentino: una muestra de puro kirchnerismo. Sabido es que la República Argentina tiene, desde hace muchos años, un gobierno que no solo es puro voluntarismo, sino también puro autoritarismo.
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Aunque emergentes de comicios democráticos libremente desarrollados, el gobierno de Cristina Fernández sobre todo —pero antes también el de su esposo Néstor Kirchner— ha demostrado en la escena internacional el más absoluto desprecio por el derecho de los demás.
¿Qué uruguayo no recordará el largo episodio a propósito de la finalmente no comprobada contaminación del río Uruguay y su principal consecuencia reflejada en el cierre del puente Fray Bentos-Puerto Unzué durante años por parte de “ambientalistas” y/o “piqueteros”, alentada, permitida y apoyada por el gobierno kirchnerista? ¿Quién podrá ignorar los perjuicios que dicho cierre causó al Uruguay y a su gente? Y finalmente: ¿cuál fue el resultado final sino la comprobación judicial y científica en el sentido de inexistencia de contaminación fuera de los límites normativamente admisibles?
Pues bien, lo antedicho es solo un necesario antecedente para abonar un nuevo incumplimiento argentino en la escena internacional: la falta de pago de sus deudas. Unos acreedores —a los que la mandataria Fernández da en llamar despreciativamente “fondos buitre”— tramitan ante la Justicia de los Estados Unidos el cobro de una deuda del entorno de los U$S 1.330.000.000 que Argentina tiene, por ser estos acreedores los titulares de bonos emitidos por la República Argentina. Y lo tramitan con tan buen éxito que han obtenido sentencia favorable que sobre fines de 2012 obliga a Argentina a pagarles en una sola partida la totalidad de capital e intereses que adeuda hace ya más de una década.
Es cierto que Argentina ha apelado el fallo y a ello tiene derecho indiscutiblemente. Pero lo que no resulta admisible —por elemental respeto al derecho y a la ética, lo que bien quiere decir a la democracia— es que se presente judicialmente intentando ampararse en aspectos políticos para escapar al pago de la deuda existente. Dice la presidente argentina que se trata de un caso político, en atención al cual estos acreedores —cuyo derecho no desconoce en parte alguna de su exposición ante el Congreso argentino— deberían avenirse al cobro de un monto al cual habría que aplicarles quitas y prórrogas, como se hizo en anteriores canjes de deuda argentina. Todo bajo el argumento de que si ello no sucediera, la República Argentina quebraría. Semejante postura vulnera el derecho puesto que no cabe duda alguna que estos acreedores son titulares de créditos ya exigibles hace mucho tiempo contra Argentina; y por ende, están en todo su derecho de cobrar. Así funciona la democracia: respetando la normativa. Y es por eso que su incumplimiento obtuvo la condena referida de la justicia norteamericana.
Pero dicha posición también es contraria a la ética, por cuanto se “olvida” la presidente argentina que si estos acreedores detentan tal condición es porque poseen en sus manos papeles emitidos por el gobierno argentino que cuando necesitó dinero recurrió a la emisión de bonos para conseguirlo. Es cierto que dicho dinero lo pagaron otras personas quienes luego vendieron sus créditos a los actuales acreedores por bajos porcentajes de sus montos nominales; pero no es menos cierto que dicho dinero ingresó a las arcas fiscales argentinas y con ello el gobierno de la época dispuso para atender a sus necesidades internas. Es la hora en que debe devolver aquello que en su momento pidió prestado.
Porque, además, si estos acreedores compraron la deuda argentina a bajo precio no es sino porque el gobierno peronista de la época decidió declarar el default, con cantos, vítores y loas de los gobernados.
En suma: ni jurídica ni éticamente está legitimado el gobierno argentino para plantear el tema como político, cuando resulta ser un tema notoriamente económico en su inicio (Argentina obtuvo dinero porque lo necesitaba) y jurídico en la actualidad (Argentina lo debe).
Ni la Argentina estuvo obligada a emitir deuda pública, ni tampoco lo estuvo a declarar el default, ni están los acreedores obligados a canjear y/o transar la deuda actualmente existente.
La Argentina kirchnerista está acostumbrada a imponer, a decidir, a llevar las riendas (sea cual sea la norma ética y/o jurídica que deba pisarse), pero se ha encontrado que todo tiene límites. Con Uruguay, el freno se lo impuso el Tribunal de La Haya. Y ahora, el freno se lo impone la Justicia de los Estados Unidos. ¿Estarán todos los tribunales equivocados o será que Argentina no respeta los derechos ajenos en forma contumaz? De tal forma que tales límites la colocan hoy al borde de un precipicio que la misma Argentina con su conducta torpe y necia, contribuyó decisivamente a crear.
