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    La “dignidad” electoral de Sendic

    N° 1937 - 28 de Setiembre al 04 de Octubre de 2017

    Ignoro si el ex vicepresidente Raúl Sendic juega al ajedrez o lo hace alguno de sus asesores. Si son adeptos al tablero seguramente se inspiraron en ese deporte para mover las piezas, impulsar su candidatura para las próximas elecciones e intentar darle jaque mate a la Justicia para salvar a Sendic de ser condenado, aunque solo sea por algunos años.

    Es el camino que le puede permitir sortear lo que se viene con las investigaciones en Crimen Organizado sobre su gestión en Ancap. En materia de decisiones judiciales es aventurado hacer pronósticos, pero los términos de las denuncias y el trámite permiten observar en el horizonte negros nubarrones.

    Un amigo se hacía dos preguntas sobre la candidatura de Sendic: Si antes de las elecciones fuera procesado por decisión de la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco, ¿puede igualmente ser candidato? Y si luego la Justicia decidiera condenarlo, ¿podrá continuar ejerciendo un cargo para el que resulte electo?

    El punto de partida está en el artículo 80 de la Constitución que establece que se suspende la ciudadanía, entre otras razones, “por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría”.

    Esto significa que la suspensión depende del delito por el que pueda ser procesado. Todos los delitos contra la Administración Pública (por los que se lo investiga) tienen mínimo de prisión y máximos de penitenciaría. Lo habitual es el procesamiento sin prisión. En consecuencia, el pronóstico es que no recaerá pena de penitenciaría. Los delitos que hasta ahora se investigan son fraude, peculado y abuso de funciones. Todos excarcelables.

    A esto se añade la presunción de inocencia que tiene rango constitucional y deriva del artículo 20 de la Carta en cuya oración final prohíbe que se trate a los imputados como reos, como culpables.

    En consecuencia, si Sendic fuera procesado podrá ser candidato, incluso a la Presidencia de la República, una hipótesis absurda.

    Si resulta procesado, los tiempos del trámite judicial impedirán que sea condenado antes de la próxima elección. Si una eventual condena ocurre luego de ser electo, para someterlo a la Justicia es necesario un proceso de desafuero (artículo 114 de la Constitución) o de juicio político (artículo 93). En el primer caso se requiere que la Cámara que Sendic pueda integrar lo suspenda en el ejercicio de sus funciones por una mayoría de dos tercios. Para el juicio político se requiere la acusación por la Cámara de Diputados ante la de Senadores. Lo único que podría facilitar el desafuero es que el Frente Amplio objete que una persona, cuya condena se solicita por delitos cometidos como funcionario del Estado en representación de esa colectividad, integre una de sus bancadas. Si así ocurriera, seremos testigos de fuertes debates en el oficialismo entre los patéticos defensores a ultranza y los principistas.

    Ante este panorama cabe preguntarse: ¿Por qué se insiste en decir disparates sobre la cuestión y se falsea la realidad? Si quienes lo hacen fueran Juan de los Palotes o doña Tota, vaya y pase, pero cuando son el expresidente José Mujica y la vicepresidenta Lucía Topolansky, es el colmo.

    En abril, cuando aún Sendic se aferraba al cargo, Mujica expresó que la jueza y el fiscal eran susceptibles de presiones. Con la proliferación de información, dijo, “se crea una atmósfera de alarma pública que presiona la objetividad de fiscales y jueces”.

    La semana pasada insistió: la Justicia “está presionada”. ¿Qué quiere decir?, ¿que debido a información de interés público el fiscal Pacheco y la jueza Larrieu pierden objetividad y cobran flechados al grito de la tribuna? Una ofensa gratuita. Siguiendo su perverso razonamiento también se podría pensar que sus expresiones pretenden ejercer una presión al revés.

    En Telenoche 4 Mujica se quejó de que “todos los medios se ocupan de darle y darle” a Sendic y planteó dos interrogantes: “¿Por qué no lo fusilan? ¿Por qué no plantean la pena de muerte?”. No ocurre porque vivimos en un Estado de derecho y quienes juzgan a los ciudadanos son jueces y fiscales y no Tribunales Populares clandestinos.

    En declaraciones a En Perspectiva Toplansky falseó hechos para engañar a incautos. Entrevistada por Emiliano Cotelo se corrigió de su anterior afirmación de haber visto el título de licenciado en Genética Humana. Aclaró que lo que vio fue la documentación de los tres años que cursó Sendic en Cuba y que solo le faltó “el escalón final”. Fue debido a esa documentación, afirmó, que la Justicia archivó la denuncia por usurpación de título académico. Falso.

    La jueza Ana de Salterain dispuso el archivo a pedido del fiscal Carlos Reyes. Este argumentó que Sendic no cometió ese delito porque no ejerció la carrera de la que falsamente dijo ser licenciado: “No surgen referencias a ejercicios profesionales y no surge acreditado que la atribución de dicho título se vincule materialmente o haya influido con la actividad desempeñada por el señor Sendic”.

    La semana pasada Búsqueda informó que el sábado 16 Sendic, como inicio de una campaña para una candidatura, dijo ante un grupo de seguidores: “No le tenemos miedo a arrancar de vuelta, porque por encima de los cargos y los sueldos está la dignidad”.

    Algunas palabras se usan como latiguillos de impacto o sensibleros sin que nadie considere su esencia. La dignidad es la cualidad de quien se hace valer como persona y se comporta con responsabilidad, seriedad y respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Este caso es precisamente todo lo opuesto.

    El de Sendic no es el único caso con la dignidad enclenque. El del intendente nacionalista de Soriano, Agustín Bascou, parece transitar el mismo camino.