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Un distraído puede creer que es intrascendente que los jueces del Poder Judicial integren tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). No lo es. Hoy todo lo vinculado al fútbol está atado a la ética: violencia, tráfico de drogas, lavado de activos, guerrillas empresariales y gremiales, presiones oficiales para firmar contratos privados y defraudaciones tributarias. La presencia de jueces dirimiendo conflictos en un deporte descompuesto les hace zancadillas a la ética y al Poder Judicial.
Transcurrieron doce años desde que el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) alertaron a la Suprema Corte de Justicia al respecto. La reacción fue tibia (Resolución 573/2004) y la Corte solo lo consideró “inconveniente”. Dijo que las normas eran insuficientes para declarar incompatible el ejercicio de la judicatura con esos tribunales.
Ielsur y APU habían advertido que por el proceso de descomposición del fútbol había riesgos. Tenían razón y desde 2004 se multiplicaron al quedar al desnudo una corrupción universal: la Justicia de Estados Unidos golpeó a la FIFA y a la Conmebol con varios dirigentes encarcelados, y la de Uruguay condujo a prisión a Eugenio Figueredo al mismo tiempo que reveló violaciones éticas de clubes y dirigentes: oportunismo, aprovechamiento público y económico y desarrollo de un populismo deportivo.
Por todo eso la Corte consultó a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ), entre cuyos miembros está el presidente de la Corte uruguaya, Ricardo Pérez Manrique.
El estatuto de la FIFA prohíbe a jugadores, técnicos y dirigentes que presenten demandas ante cualquier sistema judicial. Vale decir que la FIFA elimina a los mismos jueces que integran sus tribunales privados. Si alguien osa demandar, lo excomulgan o lo amenazan. Como a fines de 2013, cuando la Conmebol extorsionó a los clubes para que no ratificaran una denuncia penal. Se agacharon ante la extorsión del español Gorka Villar, asesor de la Conmebol. Ya no lo es pero sigue evadiendo a la Justicia con el respaldo de su padre, Ángel María, presidente de la Real Federación Española y vicepresidente de la FIFA. De esta y de la Conmebol dependen todas las asociaciones nacionales. Todo se relaciona.
El CIEJ fue terminante: “(…) la participación de jueces o magistrados activos en órganos jurisdiccionales de asociaciones deportivas privadas del fútbol constituye una incompatibilidad ética que desconoce los mandatos axiológicos contenidos en el Código Modelo de Ética Judicial y el Estatuto del Juez Iberoamericano o cuando menos implica incursionar en situaciones en que la infracción a sus normas se hace probable o inevitable. En síntesis, si un juez o magistrado activo es agente de un proyecto institucional de administración de justicia que actúa según los parámetros jurídicos propios del Estado de derecho, no le corresponde asumir labores que desconocen esas mismas bases del edificio institucional del que es parte, en otros escenarios de decisión arbitral”.
Sin dudarlo, los jueces Edgardo Ettlin, Luis Charles y Ricardo Míguez renunciaron a la AUF. En 2004 AUF había argumentado ante la Corte que necesitaban de la experiencia de los jueces. ¡Paparruchas! Si algo sobra en Uruguay son juristas: hay más de 50 en esos tribunales, entre ellos ex jueces.
La valoración del CIEJ no cambia a la todopoderosa FIFA. El centro es otro: la ética y su médula, lo que está bien y lo que está mal, lo correcto e incorrecto y lo que pueda despertar sospechas sobre la imparcialidad de los jueces. Ser y parecer son la misma cosa.
Cuesta asumir ese principio en este fútbol harapiento en el que se pelean por tajadas desestimando valores esenciales. También en otros países. Hace tres semanas, el Ministerio del Interior británico rechazó la entrada al Reino Unido del defensa del PSG, Serge Aurier, para un partido contra el Arsenal. Lo fundamentó en que en febrero había sido condenado en París por agredir a un policía a la salida de una discoteca.
La Unión Europea de Fútbol (Uefa) cuestionó al Estado británico. Sostuvo que no es razonable que Aurier “no pueda participar en un partido por razones que no están relacionadas con el fútbol ni con sus reglamentos”. Lo deportivo antes que lo jurídico, lo moral o lo ético.
En 2011 el Tribunal Supremo Español estableció que los jueces tienen prohibido integrar tribunales del fútbol. Como en el resto del mundo, ningún deportista reclama ante la Justicia. Pero fiscales y jueces actúan de oficio ante hechos con apariencia delictiva: agresiones personales, riñas, sobornos a jugadores para asegurar resultados o por evasión de impuestos. Por citar los más recientes, Lionel Messi, Neymar, Samuel Eto’o y Cristiano Ronaldo y antes varios clubes y jugadores por sobornos.
En el año 2000 el juez Pablo Eguren intervino de oficio y mandó a prisión por riña a nueve jugadores de Nacional y Peñarol y al técnico aurinegro Julio Ribas. Un antecedente aislado pese a que se debió seguir aplicando la “mano dura” que reclamó hace dos semanas en Búsqueda el fiscal de Corte, Jorge Díaz.
La decisión del CIEJ es apenas un mojón. El poder político y económico seguirá dominando, repartiendo dinero y complicidades mientras la mayoría sigue mirando al costado. Cuesta meter el bisturí a fondo en el fútbol porque muchos de quienes integran o integraron los tres poderes del Estado están vinculados a la AUF o a los clubes.
