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    La fiscalía de los hermanos Marx

    Nº 2229 - 15 al 21 de Junio de 2023

    La trayectoria profesional del fiscal interno de Corte, Juan Gómez, nada tiene que ver con la del exjugador de la selección uruguaya de fútbol Eliseo Álvarez. Pero a medida que pasa el tiempo, mientras Gómez recibe golpes tras golpes que lo dejan groggy, la asociación de ideas se acentúa.

    El 6 de junio de 1962, en el Mundial de Chile, Uruguay disputaba frente a Rusia un partido clave para continuar en el certamen. A los 25 minutos, con el marco de acciones violentas, Álvarez, que jugaba como marcador de punta, sufrió una grave fractura del cuello del pie derecho. Debido a que entonces no se permitían sustituciones durante los partidos, Álvarez se negó a retirarse y en una pierna se ubicó en la delantera para hacer bulto. Uruguay perdió dos a uno y quedó afuera.

    Algunos periodistas acostumbrados a crear acciones legendarias dijeron que al quedarse en la cancha tuvo un comportamiento “elogiable”, “heroico”, “épico”, “digno de un héroe” y otras estupideces ajenas al sentido común y a su salud.

    El médico del equipo Roberto Masliah le aconsejó que dejara el juego porque su salud estaba por encima de todo. Los técnicos de la selección (un triunvirato de una repartija política: Hugo Bagnulo, Juan López y Roberto Scarone) hubieran podido (en realidad hubieran debido) imponer su autoridad y mandarlo al vestuario. No se atrevieron.

    Luego del Mundial fue operado dos veces y estuvo 10 meses en recuperación. Se reintegró y, con su capacidad disminuida, jugó en algunos equipos del exterior pero en ninguno más de un año.

    Cuando en octubre de 2021 Jorge Díaz renunció a la Fiscalía de Corte, lo sustituyó interinamente Gómez, su segundo al mando. Fue fiscal adjunto de Corte por iniciativa de Díaz.

    Ha comentado Gómez que de haber podido elegir se habría mantenido como fiscal de Homicidios, pero se impuso una deuda de afecto con su amigo y, aunque no lo dice, seguro influyó el llamado de su ego para ejercer ese poder, así como la humana recepción de un aumento salarial por diferencia de cargos.

    Pero Gómez ingresó lesionado a jugar ese partido. El corazón le había jugado malas pasadas de niño, cuando fue operado, y en marzo pasado fue sometido a un doble cateterismo. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato.

    Desde que asumió ha recibido fuertes trancazos dentro y fuera de la cancha por asuntos que a Díaz le sobrevolaban, quizá debido a su temperamento más enérgico y a la convicción de que “el que manda, manda, y el que no, obedece”. Gómez toma distancia de las decisiones terminantes.

    El más reciente puntapié en el pecho se lo acaba de dar Diego Camaño, abogado de Nicolás Cendoya. En una audiencia judicial del 18 de mayo denunció que en la carpeta investigativa del fiscal Diego Pérez se revelan contraseñas de los fiscales. También encontró notas de amor entre empleados y entre funcionarios y fiscales. Grave y patético. Tanto como cuando tres funcionarios del Ministerio Público, denunciados por Pérez, fueron condenados y destituidos por filtrar la denuncia de la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, Mercedes Aramendía, al director Cendoya.

    Cuando Gómez todavía no se había recuperado de la revelación de Camaño, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech lo corrió de atrás y lo barrió dentro del área. Afirmó que el proceso contra el senador Gustavo Penadés está plagado de irregularidades. Lo fundamentó: “A mí la Fiscalía General de la Nación no me merece confianza”. Y le pegó en el suelo: “Tenemos una fiscalía politizada y nos viene un pedido de desafuero (de la fiscal Alicia Ghione) incompleto, que no proporciona las pruebas que se deben dar a este cuerpo”.

    Las patadas se han reiterado desde decenas de asuntos, como los archivos masivos decididos por el fiscal Raúl Iglesias en decenas de investigaciones. Un sumario al que fue sometido constató faltas muy graves. Ni que hablar de las investigaciones sobre el llamado “caso Astesiano”. El asunto originó dimes y diretes en los que participó activamente la fiscal Gabriela Fossati. Gómez la apartó del expediente al trasladarla de fiscalía para “terminar con el ruido mediático”. El traslado fue cuestionado por la Asociación de Abogados Penalistas, que además exhortó a ponerle fin al “provisoriato” de Gómez.

    Antes de ese hecho Fossati se había enfrentado con su colega Fernando Romano, a quien acusó de ejercer violencia de género durante una crispada discusión entre ambos. Lo denunció pero el asunto se archivó. Fossati es quien más ha corrido a lo largo y ancho de la cancha con el pie en plancha.

    A esta catarata de conflictos se le añaden problemas administrativos y presupuestales, sordas pujas entre fiscales y una notoria confrontación entre la Fiscalía de Corte e integrantes del gobierno. Con ese cúmulo, la Fiscalía de Corte se ha convertido en algo tan caótico como el camarote de los hermanos Marx, comentó con ironía un fiscal jubilado.

    Pese a los consejos y a la sucesión de golpes (por ahora sin fracturas), Gómez se resiste a dejar el cargo. Según El País, dijo: “No estoy dispuesto a dejar la institución sin una conformación que se corresponda con su ley orgánica y la Constitución. No azoro en las actuales circunstancias una subrogación que respete la institucionalidad y lo que dice la ley”.

    Una verdad a medias. Si muriera o renunciara, sería subrogado legalmente por la fiscal penal más antigua (Mónica Ferrero), según el literal F del artículo 27 de la Ley 19.483. A lo que en el fondo se refiere Gómez es a que el sistema político no se pone de acuerdo en designar un fiscal de Corte definitivo, para lo cual se requieren los tres quintos de votos del Senado.

    En suma, como en el caso del triunvirato de los técnicos de la selección Celeste de 1962 que avalaron que Eliseo Álvarez siguiera fracturado en la cancha, lo mismo hacen los partidos políticos. Para estos es más cómodo que Gómez siga jugando porque todos los problemas serán suyos mientras disputa su último partido, razonan. Acordar en beneficio del ciudadano y las instituciones no parece ser una opción.

    De mantenerse esta tesitura parece claro que el próximo fiscal de Corte lo votará el gobierno que asuma en 2025, cuando Gómez estará jubilado.

    Así nos va.