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La historia de Roma tiene jardines en los que conviene detenerse a pensar, en los que es posible encontrarse con la realidad sin que medien 20 o 25 siglos de abismo, distorsión y olvido. He aquí un ejemplo molesto y revelador.
Aludiendo a un texto de Marco Tulio Cicerón, que era un celoso custodio de la memoria y de la estabilidad de las instituciones de la República, nos cuenta Tito Livio que la famosa dictadura romana se limitó a seis meses y no se dan casos en los que una persona haya ocupado este cargo por más tiempo. Por el contrario, afirma el historiador, aunque se nombraba a un dictador por ese específico período, a menudo renunciaba a su cargo mucho antes, esto es, inmediatamente después de haber despachado el negocio para el que había sido designado. El dictador mientras estaba en su ejercicio tenía más poder que las ordinarias potestades del cónsul: mayor independencia respecto al Senado (que era el órgano que lo designaba y fiscalizaba), mayor poder de castigo sin apelación de su sentencia (la llamada provocatio) e irresponsabilidad penal por sus actos de gobierno en tanto estos no comportaran ensañamiento por motivos personales o actos de corrupción o desvíos de los principios que regían las leyes puestas en suspenso por su consensuada gestión. Tal era la virtud romana en materia política.
En los tiempos modernos fue Maquiavelo el primer pensador político que prestó fuerte atención a la magistratura de la dictadura. La “autoridad dictatorial”, como él dice, es fundamental para la supervivencia y prosperidad de las repúblicas: es la magistratura el “modo ordinario” al que recurren para hacer frente a “accidentes extraordinarios”, emergencias políticas y militares. La mirada de Maquiavelo se dirige tanto al mundo antiguo como al moderno: aunque se concentra en la magistratura romana, también las modalidades contemporáneas que de alguna manera eran similares en intención, legalidad y eficiencia, como el Concilio de los Diez en la República de Venecia. En sus Comentarios a las Décadas de Tito Livio, nos dice que bajo aquella magistratura las garantías constitucionales fundamentales de los ciudadanos romanos fueron suspendidas, pero eso no convertía al dictador en alguien con poderes ilimitados. El dictador, dice, “no podía hacer nada que pudiera disminuir el Estado, como quitarle autoridad al Senado o al pueblo, deshaciendo los viejos órdenes de la ciudad y haciendo nuevos” (Discursos, I.34, 74). Maquiavelo es preciso en este punto: el dictador no podía “deshacer los viejos órdenes y hacer otros nuevos”; su marco le impedía alterar la estructura constitucional del Estado. Por eso concluye que la dictadura fue una magistratura diseñada para mantener la “constitución” del Estado, para preservarla en tiempos de emergencia.
Coincide en esto plenamente con Montesquieu, quien consideró a este instituto como una institución legal y legítima necesaria para proteger a la república en tiempos de crisis. Al explorar las condiciones para la libertad política en las “repúblicas aristocráticas”, dio una descripción positiva de la dictadura. Más que considerarla una institución despótica, la consideró característica del gobierno moderado de una república. En su opinión, un gobierno moderado presuponía la existencia de una aristocracia fuerte, y en Roma la aristocracia estaba representada por el Senado. Sin embargo, como explicó Montesquieu, políticos ambiciosos habían intentado quitarle la autoridad al Senado y tomar el poder en nombre del pueblo. Con ello habían perturbado el equilibrio de poderes, amenazando la estabilidad de la república y su gobierno moderado. En este contexto, Montesquieu creía que los dictadores eran designados en nombre del Senado para defender a la aristocracia contra el pueblo. Su objetivo era proteger la constitución mixta de la república y restablecer el equilibrio entre sus elementos aristocráticos y populares. Como explicó Montesquieu, la libertad política solo podría existir bajo un gobierno moderado, en el que “el poder controla al poder”. La dictadura romana sirvió para frenar el poder del pueblo y, más particularmente, el de los políticos plebeyos que pretendían representarlo. Así, para Montesquieu, el objetivo de la dictadura era evitar que el pueblo le quitara o redujera la autoridad del Senado y restablecer el equilibrio de poderes que garantizaba la libertad política en la república.
