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    La incertidumbre de la margarita

    N° 1906 - 16 al 22 de Febrero de 2017

    Durante 20 años el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) ha sido acosado por la incertidumbre, en ocasiones por razones valederas, en otras por intereses conservadores de adentro y de afuera. Ahora es por los rechazos de la Asociación de Funcionarios Judiciales y la Asociación de Actuarios a una mezquina propuesta del gobierno que busca recortarles su derecho al aumento salarial  retroactivo que les corresponde.

    La semana pasada una asamblea de funcionarios judiciales por abrumadora mayoría (1.453 contra 598), rechazó cobrar durante tres años con sustanciales recortes. Insisten cobrar todo lo que fue fijado judicialmente. Lo mismo ocurrió con los actuarios.

    La deuda se origina en una Ley de Presupuesto votada en 2010. “Enganchó” las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia a las de los legisladores y ministros de Estado. Para sacar la pata del lazo el gobierno argumentó que fue un “error”. ¡Menudo error! Para dejar afuera a lo judiciales pretendieron enmendarlo con una ley “interpretativa” que fue declarada inconstitucional.

    Errar una vez es de humanos, más de una vez sobre lo mismo, de idiotas o tramposos. “Hay cosas que pueden ser legales, pero no son justas ni éticamente ni moralmente”, sentenció el ex presidente José Mujica, el mayor responsable.  Más tarde cuando defendió al “licenciado” guardó la ética y la moral en el galpón.

    El Senado acaba de aprobar otra ley buscando solucionar el problema. Establece una partida de casi 15 millones de dólares correspondiente a los ajustes salariales que debieron tener los funcionarios entre 2012 y 2016 mediante tres pagos anuales y otros aumentos. A cambio deben renunciar a las acciones judiciales. El Partido Nacional se opuso. Sostiene que puede ser inconstitucional. Los colorados votaron divididos.

    Vaya paradoja. El gobierno (el Fondes) le  “regaló” a Alas Uruguay la misma cantidad (U$S 15 millones) que ahora ofrecen a los judiciales. La empresa nunca pagó y las garantías no cubren ni la mitad.

    Por esa ley quienes desistan de las demandas cobrarán  con quitas. Quienes continúen con las demandas cobrarán el total de la deuda en el futuro, y quienes no demandaron ni acepten el acuerdo, nada.

    Los reclamantes pretenden cobrar 21,6% retroactivo hasta diciembre del año pasado. Como en un mercado turco el gobierno, luego de negarse de plano, regateó con el dinero de los trabajadores. Ofreció llegar a 15% pagadero en tres partes: 50% este año, 25% en 2018 y el otro 25% en 2019. Ofreció agregar 8% más 7,76% de un convenio firmado en 2015.

    Los jueces, también por amplia mayoría, aceptaron  cobrar menos. Todos los gremios actuaron en forma democrática. Los administrativos, los más numerosos y más necesitados del dinero, se pararon de manos. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y cómo llega a fin de mes.

    Todos los integrantes del sistema van “enganchados”. También los fiscales que, como los defensores de oficio, aceptaron los recortes.

    El gobierno argumenta que es “imposible” subir la oferta y pueden venir más medidas de fuerza. Con agudeza el senador blanco Javier García exhortó la semana pasada a que se cumpla el artículo 25 de la Constitución sobre la responsabilidad patrimonial de los gobernantes “en caso de haber obrado con culpa grave o dolo”. A ellos se les puede reclamar lo que se hubiere pagado por concepto de reparación.

    Desde 2011 esos administradores de plata ajena se convirtieron en morosos conscientes de esta deuda. También conscientes dilapidaban millones en proyectos demagógicos con fines electorales, o en improductivas empresas del Estado, algunas con resabios delictivos.

    Si funcionarios y actuarios deciden aplicar medidas de fuerza, el nuevo CPP entraría en un tembladeral. Con los jueces y fiscales no alcanza para ponerlo en marcha.

    El 1º de febrero el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, admitió que el conflicto es una de sus mayores preocupaciones: “estaríamos ante la espada de Damocles en la puesta en funcionamiento del CPP”. El ex presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, había remarcado en el programa “Código País” de Canal 10 la necesidad de acordar con los funcionarios para garantizar el funcionamiento general y el del CPP. Ambas advertencias fueron previas a la decisión de los funcionarios de rechazar la propuesta del gobierno.

    Sin administrativos ni actuarios es imposible hacer funcionar el nuevo Código. Faltan solo cinco meses. Algunos funcionarios razonan: “¿Si maliciosamente el gobierno nos escamoteó el pago durante cinco años, por qué habría de pagarnos sin presiones?”.

    Un veterano funcionario, ex dirigente gremial, razonó como la mayoría: “¡Basta de tomarnos el pelo! Si hay que prorrogar el CPP, que se prorrogue. Ocurre desde hace 20 años. La responsabilidad  no es nuestra, es del gobierno que no cumple con la ley”. Una asamblea decidirá qué medidas tomar, aunque la nueva ley los presiona.

    Lo cierto es que si no rigiera el CPP, sería una catástrofe: la degradación institucional impediría que el proceso ingrese en la modernidad con más transparencia y mayores garantías para denunciantes, víctimas e investigados.

    Pero los funcionarios defienden un derecho avalado por la ley. Y las  medidas gremiales son otro derecho fundamental.

    En otro aspecto ese veterano funcionario tiene razón. El nuevo Código debería ingresar al Libro Guiness.  No es una metáfora. Por argumentos económicos y técnicos (también por un vergonzoso desinterés político) se dilata desde 1997. Ese año, como ocurría en la dictadura, fue sancionado a tapas cerradas por las dos cámaras legislativas. Luego se fue postergando. La tercera vez en 1999 porque debía regir desde el 2000. 

    Una vez más, con el argumento de la falta de recursos, se postergó hasta febrero de 2001. Luego más postergaciones.

    Quedó en el limbo hasta que en 2005 el gobierno integró una comisión técnica para elaborar un nuevo proyecto. Ingresó al Poder Legislativo en 2009. Se aprobó a fines de 2014, pero montado en una tortuga, recién se fijó que rija desde el 16 de julio de este año. Habrá que ver.

    Vargas Llosa sostiene poéticamente que “la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar”. Esta margarita no integra la poesía. Los pétalos son los derechos del ciudadano a una mejor justicia, y los de los trabajadores a cobrar lo que les corresponde.