Al momento de tomar la difícil decisión de renunciar a “lo seguro”, estaba solo, fui cuestionado y me trataron de persuadir para que desistiera de esa locura, emprender es una mala palabra y en nuestro ADN está el pedir trabajo y no ser quien lo ofrece.
No abandoné la idea, seguí adelante y en agosto de 2003 abrí la unipersonal, haciendo yo mismo la gestión de todos los trámites de apertura, ya que no contaba con recursos para tercerizar la tarea con un gestor.
20 años pasaron, realizamos muchas obras de relevancia en el ramo eléctrico, clínicas, liceos, fábricas.
En el 2017 decidí dar un paso más y comencé a desarrollar proyectos de viviendas familiares, compraba el terreno, construía dos casas en PH y las vendía. Siempre con los mismos empleados, los mismos que en su momento entrené como técnicos electricistas, hoy construyen casas donde antes no había nada.
Siempre fui correcto, apegado a las reglas, me gusten o no, mi nombre estuvo siempre en mis empresas, en la unipersonal obviamente y en la SAS, que nombré Grupo Sanguinetti.
A pesar de ser una empresa chica, apunte a cumplir al 100% con mis obligaciones, pagando dentro de los laudos, siempre en fecha (todos los viernes), retroactividades, etcétera.
El 2023 fue un año particularmente difícil, mi hermano Sebastián, y mano derecha, debió operarse de una cadera, por lo que estuvo fuera de servicio cuatro meses, y sumado a esto, Luis, otro de los colaboradores que me acompaña hace 17 años, se tuvo que operar una pierna por lo que no pudimos contar con él por un mes.
Estos hechos motivaron el contrato de nuevos operarios, gente que uno no conoce, pero de los que habitualmente pasan por las obras pidiendo trabajo.
Uno de ellos, ingresó como medio oficial en abril del 2023, de desempeño correcto para la tarea, cumplía con el horario llegando en hora y también yéndose en hora (exacta, ni un minuto más literalmente).
En octubre, iniciamos una nueva obra y me pregunta si él iba a seguir, a lo que le dije que, si quería, con gusto, y así fue.
El clima no acompañó, y las lluvias obligaron a detener las tareas, situación más que comprensible y habitual en la construcción, ya que en la etapa de fundaciones se hace imposible trabajar.
El primer día que cortamos por la lluvia, esta persona me pide la baja, dice que no le sirve estar sin trabajar y que, si bien había averiguado que le faltaban 12 jornales para el seguro, consiguió quien se los aportara.
Respeté y entendí su decisión, le di la baja con causal “renuncia”, porque eso es lo que fue, y no supe nada más de él hasta que me llega un citatorio del MTSS donde reclama $ 35.000 de despido y otro montón de disparates, como que trabajaba fines de semana, horas extra y demás inventos.
En 20 años es la primera vez que me pasa y ante mi indignación, lo comento con colegas y parece ser moneda corriente, algo habitual, en la que básicamente pueden denunciar cualquier cosa, sin tener que probar nada de lo que dicen, por el contrario, quien tiene que probar que miente soy yo, pero no gratis, debo pagar abogado, timbres, escritos, poderes, que cuando hacés números, el importe reclamado es menor que los gastos de representación.
Esto no es casualidad, el objetivo del demandante es negociar el importe, ya que no es tan alto como para ir a juicio y cobrar algo de lo reclamado en una conciliación, aunque lo que corresponda cobrar sea cero.
Las empresas pagan para sacarse el problema de encima y lo consideran un costo hundido.
Básicamente, cualquier empleado puede ir al ministerio a decir lo que se le antoje, aunque no sea cierto, porque sabe que algo cobra.
Los abogados “carancho” que operan en la puerta del ministerio, a cara descubierta y delante de todas las autoridades, son parte de esta trama. El Estado, por su parte, apadrina este modus operandi, esta industria del reclamo, eximiendo de responsabilidad alguna al denunciante, si se probara eventualmente que sus dichos no son ciertos.
En mi caso, tengo dos audios donde queda bien claro que me pide la baja, además de testigos, comprobantes de pago electrónico por todos los haberes percibidos, recibos de sueldo firmados y contratos de trabajo.
Pero claro, demostrar que miente a mí me sale dinero y tiempo, bastante más del que reclama y que si tengo razón, él no está obligado a reintegrarme.
Al frente de una empresa, debemos luchar contra una burocracia infernal todos los días, de tres a cuatro meses para conectar un servicio de OS, de 20 a 30 días para un servicio de UTE, un año para la final en la intendencia y catastro después de terminada la obra, cuatro o cinco meses la aprobación de la ANV después de un sinnúmero de certificados planillas y timbres.
Como dije más arriba, son dos casas en PH (no es el World Trade Center), el tiempo de ejecución de la obra son seis meses, no puedo tener cuatro meses de papeleo en la ANV, por ejemplo.
Parece que el objetivo es hacerlo difícil, lento y complicado cuando puede ser rápido y simple.
Sumado a la burocracia infernal, tenemos el potencial problema de los reclamos, donde estamos librados a la buena voluntad del funcionario y que no salga con un martes 13 inventando un relato fantástico en el ministerio donde declara que prácticamente hacía trabajo esclavo sin cobrar, pero lo dice 8 meses después de su ingreso, no a la semana.
El mensaje es: “no contrates a nadie”, porque un empleado nuevo es un potencial problema y a pesar de pagar fortunas en aportes e impuestos de todo tipo, el Estado toma parte defendiendo y ponderando la palabra de uno sobre el otro.
No soy nadie, mi empresa no mueve la aguja del país. Pero las pymes, como la mía, en conjunto, somos la que ofrecemos el 80% de las fuentes laborales del país.
El del autoservicio, el almacén, el de la farmacia, el del puesto de verduras, etcétera, todos nos despertamos de madrugada con problemas por resolver dando vueltas en la cabeza que nos quitan el sueño, somos los primeros en llegar y los últimos en irse, no hay sábado ni domingo cuando el teléfono suena, hacemos dibujos de todos los colores para pagar impuestos, sueldos, proveedores, pero somos “la patronal”, perdimos hace rato el título de “trabajadores”. Para el imaginario popular, somos la Coca Cola, una multinacional cuyos empleados son números.
Les cuento que no, no es así, conocemos el nombre de cada uno de nuestros empleados, conocemos en muchos casos a sus familias, les oficiamos de prestamistas, de psicólogo hasta muchas veces de padre.
Sin duda hay funcionarios muy valiosos, buena gente, con buenos valores, que son opacados por los vivos que menciono en esta nota, pero estos vivos no pueden seguir actuando con la impunidad que lo hacen, y menos apadrinados por el Estado, que debería jugar un papel de justicia e imparcialidad.
Esta es mi historia, mi experiencia, pero estoy seguro de que al leerla, muchos la sentirán como propia.
Esto tiene que cambiar y espero que así sea.
Juan Pablo Sanguinetti
