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La democracia directa cuenta con beneficios importantes. En muchos países del mundo se aplica de una forma muy eficiente para temas realmente trascendentes. Así, por ejemplo, en Noruega, fueron los ciudadanos los que resolvieron a través de las urnas qué hacer con el dinero obtenido por la explotación de las reservas de petróleo con las que cuenta ese país. O en Puerto Rico, donde también fue a través de las urnas que los locales se definieron por seguir siendo un estado libre asociado a Estados Unidos, en vez de adquirir la independencia absoluta. O en Inglaterra, donde una mayoría de electores se manifestó a favor de retirar a ese país de la Unión Europea a través del Brexit, y así ocurrió.
El problema se genera cuando se abusa de ese mecanismo, cuando empieza a utilizarse como una herramienta de los diferentes sectores políticos para poder sumar votos. Más si eso ocurre muy cerca de las elecciones nacionales y peor, todavía, si se hace en simultáneo. Eso es lo que está ocurriendo en Uruguay en este año electoral recién comenzado. Y no es la primera vez que pasa.
Nuestro país tomó definiciones muy importantes a través de plebiscitos o referéndums. Desde la restauración democrática hasta ahora, hay al menos dos ejemplos en ese sentido. El primero es el referéndum sobre la famosa “ley de caducidad” y el segundo el plebiscito, sobre la reforma constitucional de 1996.
En el primer caso, en abril de 1989, se ratificó mediante las urnas la ley que amnistió a policías y militares por algunos de los delitos cometidos durante la dictadura militar, con excepciones. Después hubo varios nuevos intentos para hacer caer esa ley, pero todos fracasaron. De todas formas, la norma fue reinterpretada y eso ha generado una discusión jurídica y política importante, que se arrastra hasta el día de hoy, con varios exmilitares y expolicías presos.
En el segundo caso, lo que la mayoría de los uruguayos votó a fines de 1996 fueron las reglas electorales que rigen hasta el día de hoy. Entre otros asuntos, en la reforma constitucional plebiscitada se establece la segunda vuelta electoral, las internas partidarias para definir candidatos únicos y la separación entre las elecciones nacionales y las departamentales. Una parte importante del Frente Amplio, con Tabaré Vázquez a la cabeza, se opuso radicalmente a esa reforma. Sin embargo, fue a través de ella que pocos años después la coalición de izquierda uruguaya logró llegar al poder. El diario del lunes pareció darle la razón a Líber Seregni y Danilo Astori que, en aquellos tiempos, la defendieron y fueron acusados de traidores por varios de sus compañeros. Desde ese momento, nadie ha hecho un intento serio y sostenido para cambiar esas normas electorales.
Pero, aparte de esos ejemplos, en todos los períodos de gobierno, desde la restauración democrática de 1985, se han registrado juntadas de firmas para plebiscitar o someter a referéndum cuestiones que no parecen centrales y que suelen distraer la atención de la opinión pública. Ha ocurrido repetidas veces en el pasado y vuelve a ocurrir ahora, ya que conjuntamente con los comicios del último domingo de octubre podrían llegar a haber hasta cinco plebiscitos constitucionales.
Estas instancias tienen dos problemas muy claros. El primero es que opacan lo verdaderamente importante, que es la elección de un nuevo gobierno y la renovación del Parlamento. No se pueden discutir cosas trascendentes pero muy distintas todas a la vez y lo central de octubre y noviembre es la elección del nuevo presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Con el agregado, en este caso, de que con la jugada de intentar hacer caer la reforma previsional de este gobierno, el PIT-CNT y una parte importante del Frente Amplio dieron al mandatario Luis Lacalle Pou la excusa perfecta para meterse de lleno en la campaña electoral. Eso seguro que les va a jugar en contra.
El segundo problema es que no todo debe estar dentro de la Constitución de la República. La Constitución debería ser un libro de reglas básicas, con los elementos centrales de nuestra democracia representativa, pero no incluir cuestiones tan específicas como la edad de retiro o los intereses que se pueden cobrar por las deudas personales. Esos asuntos parecen más apropiados para contemplarlos en leyes y no en la carta magna de un país.
Una lástima que se desaproveche un recurso tan legítimo. Al final, va a pasar como aquella vieja fábula infantil del pastor mentiroso. Cuando realmente se necesite, va a estar tan deslegitimado el mecanismo que nadie va a creer en él.
