Nº 2163 - 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2022
Hace cinco años, una estudiante en la carrera para Magistrado le robó un pendrive a un docente y compartió la información con algunos compañeros. Hoy ya está recibida. No de ladrona, sino de jueza, y en estos días la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que en su momento permitió que aspectos de la vida de la gente como la libertad, el honor y los bienes quedaran en manos de este personaje, la indaga por unas declaraciones que hizo en redes sociales. En momentos en que juezas y fiscalas están siendo cuestionadas por algunos fallos que las muestran más como militantes que como defensoras de la ley, otra magistrada apareció en las redes lanzando consignas feministas, cuando tiene bajo su égida casos de compleja resolución que requieren señales de imparcialidad. En tanto, un juez, que luego de haber sido denunciado por una colega por abuso sexual fue ascendido por la SCJ, terminó en prisión ya que la denuncia se demostró veraz.
Mientras que las fiscalías que atienden violencia doméstica y delitos sexuales están desbordadas de casos que ponen en tela de juicio la eficiencia con que son atendidos —“se atiende lo más urgente”, admitió una fiscal, sin aclarar qué determina la urgencia de, por ejemplo, una violación sobre otra—, el Instituto Técnico Forense, dependiente del Poder Judicial, no le va en saga y no da abasto con pericias técnicas que en algunos casos son básicas para un fallo judicial acertado. Personas están siendo enviadas a prisión a partir de testimonios y frágiles evidencias, sin contar con pericias que darían una visión científica de los hechos.
En los Juzgados de Familia, hasta un 90% de los juicios se sustancian sin que los acusados tengan un abogado defensor. Durante la dictadura (1973-1985), hasta la Justicia Militar de la época habilitaba la defensa de los acusados, más no fuera para cuidar las formas. Y ahora tampoco es que todas las víctimas tengan el abogado que les habilita la ley de violencia doméstica, una norma que calmó los reclamos de algunas corporaciones pero que fue más una señal para la tribuna, porque no se le asignaron los recursos necesarios que impidan esta brutal agresión a los derechos humanos, o que eviten que un solo fiscal tenga 800 casos para resolver.
En medio de todo este despropósito que campea en el sistema de Justicia, algunas voces advierten que no solo está yendo gente presa sin las garantías más básicas, sino que esos fallos, además, están redactados por fiscalas y juezas que, como la mencionada anteriormente, actúan más como militantes que como magistradas. En tanto, quienes se oponían al actual Código del Proceso Penal (CPP), señalan al nuevo sistema algunas contradicciones que parecen evidentes. Con la aprobación del nuevo CPP, se buscaba dar más garantías a los acusados, evitando que estuvieran presos sin condena; sin embargo, los fallos que apelan a la prisión preventiva de los formalizados se multiplican. Los opositores al CPP, además, dicen que la Justicia ha quedado a un lado y que la mayoría de los juicios se deciden en un acuerdo entre fiscal y defensor, que el juez solo se limita a avalar.
Como cereza de este pastelón, en la Policía, brazo ejecutor del sistema de Justicia, pululan los casos de abuso de poder y los abogados de oficio entregaron a la Institución de Derechos Humanos un escrito que documenta un centenar de casos de violencia policial.
Entonces: jueces y juezas de dudosa catadura ética que no fueron debida y rápidamente neutralizados antes de que cualquiera de nosotros cayera en sus manos; fiscalías desbordadas; fiscales y jueces cuestionados en su independencia; ciudadanos marchando a la cárcel sin la asistencia de un abogado; fallos judiciales que carecen de apoyo técnico y/o científico; una Policía cada vez más violenta.
Hay una parte de todo este escenario que le corresponde a la SCJ, como el control sobre la estatura técnica y moral de los jueces. Pero el resto es responsabilidad directa del poder político.
Históricamente, el Poder Judicial ha sido la Cenicienta de los poderes del Estado. Mientras que el Ejecutivo y el Legislativo se votan sus propios presupuestos, el Judicial, fiel de la balanza para controlar los posibles desbordes de los demás poderes, aguarda a que le tiren con las migajas.
Lo lógico sería esperar que, si bien el sistema de asignación de recursos no respeta los principios con los que Montesquieu imaginó en el siglo XVIII la separación de poderes, sabiendo que esta es hoy la base de cualquier Estado de derecho, los políticos se encargasen de poner las cosas en su lugar; no siendo generosos con dineros que siempre son limitados, sino siendo justos y, sobre todo, conscientes de lo que se está jugando en el terreno político, social y económico con una Justicia débil.
El Ejecutivo y el Legislativo no solo están demostrando escasa visión del presupuesto que requiere el Poder Judicial, sino también la parte del sistema de Justicia que le compete al gobierno: las fiscalías.
Podría argumentarse que, como ciudadanos, los dirigentes políticos deberían inquietarse ante la situación que atraviesa el sistema judicial; porque hoy o mañana, sus amigos, sus hijos, ellos mismos podrían verse en la necesidad o en la obligación de ser usuarios de ese servicio básico. Imagino que querrán ser atendidos con la eficiencia y la independencia que las circunstancias requieren.
A diferencia de otros servicios estatales, como el educativo, que pueden ser eludidos por las elites, que pueden pagar un servicio privado mientras la enseñanza pública se viene abajo, la Justicia no puede ser privatizada, y todos deben someterse a ella. Pero ¿es de verdad tan igualitaria la Justicia aunque el servicio que presta sea monopolio estatal?
Por ejemplo, los ciudadanos que pasan por juzgados de Familia sin la asistencia de abogados, son aquellos que requieren de un defensor de oficio, es decir, los más pobres. No son los que pueden pagarse uno, o dos, o un estudio entero de abogados. Los casos notorios en que se puede presumir un avasallamiento de derechos de ciudadanos que marchan a prisión solo por haber sido acusados, suelen tratarse de gente pobre.
Y no es que los abogados de oficio no sean buenos o pongan lo mejor de sí. Los hay muy pero muy buenos y dedicados. Pero un defensor público de Familia puede tener en su carpeta hasta 450 casos por mes.
Los últimos cargos de defensores públicos se crearon en 2017. Desde entonces, nuevas leyes y sistemas llevaron más gente a los juzgados, pero los defensores públicos son los mismos. El gremio de abogados de oficio pidió 122 cargos nuevos. Hay 500 jueces y 290 defensores de oficio. Un absurdo. Y los pobres, como siempre, que se arreglen.
¿Es casual que la operación Océano siga su curso sin que ninguno de los acusados, casi todos de clases acomodadas, haya ido a la cárcel por tan graves delitos?
Seguramente con ellos sí está funcionando el espíritu garantista del CPP.
La dirigencia política parece actuar con los servicios públicos como lo que es: parte de las clases acomodadas que de alguna forma solucionan privadamente las ineficiencias públicas.
Parece insólito que, como pasa con la educación, a las clases dirigentes les cueste tanto entender que lo que se ahorran en presupuesto para escuelas lo terminan gastando en rejas, alarmas y seguridad privada. Y también en escuelas, porque la mayoría de los políticos mandan a sus hijos a la enseñanza privada. Y, sin embargo, no pueden gozar tranquilamente de su situación de clase alta porque el abajo les mueve el piso, y aunque no los tire, los tiene en vilo.
El sistema de Justicia forma parte de la misma lógica. Las cárceles repletas de marginados; los juzgados convertidos en lugares donde la Justicia sin misericordia, como dijera Tomás de Aquino, se convierte en crueldad; los pobres indefensos ante el poder del Estado que no les brinda las menores garantías; juicios en los que basta que un inocente vaya preso para que todos los inocentes, incluso sin saberlo, se vean afectados; todo eso genera una sociedad crispada, que no cree en la Justicia, o sea, que no cree en el sistema. Y una sociedad pauperizada que no cree en el sistema es una presa fácil para el populismo. No es tan claro que en los regímenes populistas la Justicia sea una fantochada, sino que quizá ocurra cronológicamente al revés: en los países donde la Justicia es una fantochada parece lógico que haya regímenes populistas. ¿Quieren las clases acomodadas un régimen populista en el país? No me parece. Entonces, que haya Justicia para todos, porque corremos el riesgo de que si no, no la haya para nadie.
