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En las noticias se anuncia la intención del precandidato Lacalle Pou de apoyar una iniciativa que derogue o modifique (no me queda claro) la ley de inclusión financiera. Dice Lacalle que cree en la libertad y no en la obligación de aplicar lo que la ley prescribe. Más allá de la generalidad y falacias de su exposición para apoyar esta iniciativa, se basó en:
1. La ley beneficia a los bancos, ya que prescribe la bancarización obligatoria.
2. No está bien obligar a la gente a tener su dinero en cuentas bancarias, “que cada uno elija” cómo quiere recibir su sueldo.
Al respecto quisiera realizar algunos comentarios. En primer lugar, la ley —que ya tiene varios años— es un cuerpo completo e integrado de medidas con diversos objetivos y medidas complementarias y conexas. Es mucho más que la bancarización obligatoria. En realidad ni siquiera es eso. Porque la ley crea los emisores de dinero electrónico. Ya hay varios autorizados y operando. Es decir, puedo recibir mi sueldo y pagar sin tener cuenta bancaria. Por ello, la primera afirmación es falsa.
Respecto a la libertad —bonita palabra y caro concepto—, aplica cuando hablamos de libertad entre pares. Entre agentes o sujetos con la misma capacidad de negociación. La ley sí prevé libertad. La ley le da poder al ciudadano, al débil. Por ejemplo, la libertad de elegir el banco donde quiere recibir su dinero. Antes ello era decidido por el patrón a cambio de beneficios de parte de los bancos. Los asalariados ni se enteraban. Entrar en el circuito financiero gracias a la ley implica que los asalariados pueden recibir préstamos a tasas bonificadas, con el salario como garantía. Lo que les permite salir del circuito de las parafinancieras a tasas leoninas. La ley también prevé ahorro para vivienda enfocado en la juventud, con apoyo estatal. O sea, no se trata de ser libre para morirse de hambre, sino de incluir y apoyar a los más desvalidos. Los que hoy no son clientes del sistema financiero es porque no son atractivos como mercado. También beneficia la ley y sus reglamentos con compras más baratas por descuento de puntos de IVA.
La “libertad” de pagar en efectivo permite el mercado informal, permite defraudar. Eso también es lo que busca combatir la ley con la formalización de las transacciones, en particular, las de mayor monto.
Por eso, la libertad financiera, el empoderamiento a los asalariados es lo que justamente la ley otorga. Si fuera optativo, elegiría el patrón. Sería la libertad (conveniencia) del patrón, no del asalariado.
Es cierto que faltan algunas cuestiones instrumentales. Quizás más cajeros y POS en el interior profundo. Ya llegará. También bajar las tasas de los emisores de tarjetas para que los comerciantes honestos no tengan excusas. También está sucediendo, aunque quizás muy lentamente por la fuerza del lobby bancario.
Nada de esto desmerece el enorme impacto e importancia de la ley de inclusión financiera. Sería bueno que al menos a la hora de discutir o pretender derogarla, se la lea.
