La lista negra de los blancos

La columna de Gabriel Pereyra

7 minutos

Nº 2226 - 25 al 31 de Mayo de 2023

Casi todos los ministros de los socios del Partido Nacional en la coalición multicolor perdieron sus cargos, ya sea por decisión personal, ya en medio de polémicas de ilegalidades, irregularidades o situaciones que generan aún hoy suspicacias.

Mencionemos solo a los removidos. Por el Partido Colorado, el titular de Ganadería Carlos María Uriarte fue cesado por “falta de cintura política” y por una falla en el etiquetado de carne exportada a China.

El ministro de Turismo Germán Cardoso se fue en medio de acusaciones de ilegalidades en el manejo de la secretaría de Estado, que luego no se comprobaron en la Justicia, pero su gestión dejó tras de sí una estela de desprolijidades y situaciones llenas de suspicacias sobre el proceder del dirigente colorado.

El ministro de Ambiente Adrián Peña renunció luego de que dijo ser licenciado cuando nadie podía confirmar que tuviera ese título. Al final parece que sí lo tenía, lo cual llama la atención, ya que dejó un cargo tan importante sin haber ido antes de renunciar hasta el final en las gestiones por obtener pruebas en contrario. El hecho provocó otra ola de suspicacias en el gobierno.

La vicecanciller Carolina Ache renunció luego de que el caso del narcotraficante Sebastián Marset, al que se le concedió un pasaporte que le permitió evadir a la Justicia, de la que hoy está prófugo, reveló una total descoordinación entre Cancillería y el Ministerio del Interior.

En Cabildo Abierto, el presidente de la República le pidió en estos días la renuncia a la ministra de Vivienda Irene Moreira por haber concedido casas a al menos dos personas allegadas a ella y al partido al que pertenece. Los ecos de la crisis en el gobierno aún se oyen.

También está el caso de Alejandro Astesiano, excustodio presidencial, nombrado para ese cargo obviamente por el propio presidente Luis Lacalle Pou, quien prefirió hacer oídos sordos a las advertencias que se le hicieron un año antes sobre la larga lista de anotaciones policiales y problemas con la ley que había tenido su guardaespaldas.

El caso fue una granada de fragmentación que salpicó a altos funcionarios del gobierno, mandos medios, técnicos y jerarcas policiales. El asunto, sobre el que se difundió información acerca de presuntos negociados con empresarios, casos de espionajes y divulgación de información reservada, aún no se cerró en el ámbito judicial.

Como consecuencia del accionar de Astesiano fue imputado judicialmente el número tres de la Policía Jorge Berriel, en tanto que el número dos Héctor Ferreira renunció al cargo y otros jerarcas policiales siguen siendo indagados.

Lo de la Policía no registra antecedentes. Además de esta situación que afectó al dos y al tres, el número uno Diego Fernández fue removido y luego contratado como asesor a pesar de tener una foja de servicios plagada de situaciones al menos irregulares.

Mientras que decenas de mandos medios se removieron por diversas situaciones y otros fueron sometidos a la Justicia por casos de corrupción, ocho jefes de Policía en un total de 19 fueron cesados por situaciones irregulares. La mayoría recibió el respaldo cuando no el elogio del ministro del Interior.

Alberto González, exjefe de la Policía de Artigas, fue cesado porque no daba con la talla.

Juan Ángel Fontes renunció como jefe de la Policía de Flores luego de que la Fiscalía pidió su procesamiento con prisión por obstaculizar la investigación del homicidio de un adolescente en 2008.

Su lugar lo ocupó Walter Porcile, cesado 35 días después de asumir por haber permitido una aglomeración sin que se cumplieran las medidas sanitarias por el Covid-19.

Lo sustituyó Gonzalo Larrosa, involucrado en un video que se viralizó, en el cual se ve a su hijo menor de edad junto con otros dos niños practicando con armas de fuego en el polígono de la Guardia Republicana. Larrosa, que cuando fue director del Instituto Nacional de Rehabilitación en el gobierno pasado fue cesado tras comprobarse que aportó información falsa sobre un homicidio en el Penal de Libertad, renunció a la jefatura de Flores tras admitir que accedió a trasladar presos a pedido de la diputada frenteamplista Susana Pereyra.

Erode Ruiz fue cesado como jefe de Policía de Montevideo por haberse reunido con Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, de quien pretendía obtener información sobre algunas bandas de narcos.

Martín Botto renunció a su cargo como jefe de la Policía de Río Negro tras proteger a un policía denunciado por abuso sexual.

José Adán Olivera renunció a su cargo como jefe de la Policía de Cerro Largo y luego fue imputado por “revelación de secreto” al intentar proteger a policías involucrados en un caso de contrabando.

Carlos Ayuto, exjefe de la Policía de Salto, fue investigado por el uso irregular de vehículos oficiales, pero antes de comenzar el proceso su amigo, el entonces exdirector nacional de Policía, Diego Fernández, le adelantó que no le iba a pasar nada. Y nada le pasó.

Una investigación aún en curso busca confirmar información periodística y denuncias de varios policías acerca de que el exjefe de la Policía de Durazno Richard Marcenal ordenaba maquillar cifras de delitos.

También en el área del Ministerio del Interior, el director general de Secretaría Luis Calabria y el director de Convivencia Santiago González renunciaron a sus cargos luego de que se supo que habían usado indebidamente los servicios de Sanidad Policial. Ambos fueron elogiados por el ministro del Interior.

Para cerrar esta lista, que seguro olvida algún nombre o caso, hay al menos cuatro denuncias por explotación sexual de menores contra el senador herrerista Gustavo Penadés. El ministro del Interior, encargado de indagar este asunto, expresó su apoyo al legislador, y el presidente de la República dijo que, en su condición de amigo, cree en la versión de Penadés.

Hay de todo, como en una kermesse.

Precisamente, como los cambios de jerarcas se han dado por causas tan diversas, también diversas son las falencias que estos cambios revelan en el accionar del gobierno.

Hubo mala elección de sus colaboradores en el caso de Astesiano y de los vinculados a la seguridad pública y falta de coordinación entre ministerios en temas delicados como el de Marset.

¿Puede un gobierno equivocarse en la elección de algunos integrantes? Puede. La cuestión es cómo reacciona una vez que se comprueban esas falencias. No es minimizando un caso de proporciones como el de Astesiano; o con un ministro que apoya a policías involucrados, en casos en los que ese mismo ministro debía investigar, o respalda a oficiales indagados por la Justicia; o manteniendo a estos en sus cargos cuando las suspicacias desbordaban el vaso y lo político reclamaba, en estos casos sí, estar por encima de lo jurídico; o con un presidente que mezcla lo institucional con lo personal en el caso de un legislador denunciado por graves delitos.

Cuando el error es grande, la señal de rectificación debe ser mayor. De la misma forma que el presidente removió a la ministra de Vivienda por lo que consideró un error ético o político, este y su ministro debieron remover a los policías sospechados de corrupción o a los civiles que incurrieron en irregularidades.

A la hora de pasar raya a todo esto, los números parecen estar en rojo no solo por los errores sino, y sobre todo, por la reacción ante esos errores. Si no se actúa con firmeza, entonces la línea entre correligionario y compinche se hace muy fina.