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Aunque la distancia geográfica entre Argentina y Uruguay es mínima, las diferencias democráticas, culturales, institucionales y judiciales son abismales. El abogado y politólogo argentino Guillermo O’Donnell denominó “democracias delegativas” a aquellas que la sociedad delega la representación de la nación en la presidencia o en quienes ejercen el poder desde las cúpulas. Por esa vía se prescinde de los controles que la ciudadanía debería ejercer. El Poder Legislativo y la Justicia pasan a un segundo plano o virtualmente desaparecen.
En esas “democracias delegativas” el presidente suele ubicarse por encima de todas las instituciones y de los intereses de la sociedad. Es así como unas y otras se tambalean y en el peor de los casos se derrumban o pierden legitimidad, como en la caótica Argentina.
Según O’Donnell, “las crisis refuerzan el componente delegativo, ya que al desprestigiarse las instituciones, que aglomeran conjuntos de actores plurales tales como sindicatos, Poder Judicial, empresarios o políticos, se produce un fenómeno inversamente proporcional en torno de una institución que no admite conjuntos, sino que es monocrática: la investidura presidencial. Paradójicamente, el deterioro institucional, en lugar de promover procesos colectivos y civiles de gestión de conflictos y asimetrías, termina por fortalecer la condición unidimensional del Poder Ejecutivo. El presidente aparece como un líder que representa una pluralidad de demandas que se articulan para dotarlo de representación. Esas demandas como tales lo exceden, pero no obstante se condensan en él”.
El experto no pone ejemplos concretos, aunque el desarrollo histórico-político golpea a la puerta de su análisis. Basta con observar lo que desde hace décadas ocurre al otro lado del charco, donde las “democracias delegativas” se han impuesto con la indumentaria del peronismo y el olor a putrefacción del kirchnerismo y de los sindicatos digitados por mafias.
Pese a la derrota del oficialismo en las elecciones internas argentinas del domingo 13, no existe ninguna certeza sobre el futuro. Aunque la oposición aparece con ventaja, el próximo gobierno arrastrará cifras terribles de inflación, desempleo, costo de vida y homicidios salvajes detrás de cada esquina. A eso se añade el ADN corrupto, incorporado durante décadas por políticos de todos los partidos, y una segura y salvaje oposición kirchnerista.
Aunque a ese desastre se le pudieran poner parches, hay uno que parece no tener solución: la Justicia. Es que ese fiel de la balanza institucional y democrática ha sido jaqueado desde las cúpulas porque en las elites muchos han tenido afinidad o complicidad con variadas actividades criminales.
Eso quedó claro en marzo de 2019, cuando se abrió el año judicial. Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema, admitió en su discurso que los argentinos sospechan de quienes ocupan los máximos cargos judiciales y que por esa razón han perdido su confianza en la Justicia. En los últimos años diversas encuestas han demostrado que ocho de cada 10 ciudadanos desconfían del sistema judicial argentino, al que consideran ineficiente y distante de los intereses reales de los ciudadanos.
Como ejemplo basta un botón. En 2020 Argentina ocupó el puesto 78 entre 180 países en el índice de percepción de corrupción medido por Transparencia Internacional. Ese año retrocedió 12 puestos con respecto a 2019.
El más reciente ejemplo de ambición, vanidad e indiferencia por las instituciones lo dio la jueza de Casación Federal Ana María Figueroa. Al día siguiente de cumplir 75 años —edad tope para desempeñar esos cargos— anunció que se mantiene en su cargo a la espera de que el Senado la ratifique y pueda continuar, como también establece la Constitución.
Figueroa es conocida por su afinidad con la expresidenta Cristina Fernández pero difícilmente obtenga el aval del Senado porque el cuerpo no ha logrado el cuórum necesario para sesionar.
Cuando desde aquí observamos el cúmulo de ilegalidades, delitos, conspiraciones y variadas actividades criminales de Argentina, surge con nitidez la seriedad y la responsabilidad institucional y democrática de gobernantes, políticos y jueces uruguayos.
