La manganeta del subsidio

Su subrogante, Lucía Topolansky, decidió pagarle durante un año una indemnización mensual de 375.688 pesos que equivalen a US$ 13.000 mensuales. En total US$ 156.000. Puede parecer un despropósito pero es la suma que corresponde: 85% de los haberes en actividad. La cuestión no es el monto, sino desde cuándo está habilitado a cobrarlo.

Según el mataburros, legislador es quien legisla: de Perogrullo. Como vicepresidente integró el Senado y lo presidía, votó, discutió, negoció y propuso leyes; apoyó algunas y rechazó otras y ahora resulta que no es legislador. Una trampa para no someter a votación la autorización para pagarle el subsidio. Como el oficialismo no llegaba a los tres quintos de votos requeridos le hicieron un nudo a la Constitución, y sin anestesia, se la metieron en el bolsillo.

Los diputados Pablo Iturralde (blanco) y Conrado Rodríguez (colorado) anunciaron que presentarán recursos de revocación contra la decisión. Si lo hacen y, como es previsible, son rechazados, deberían reclamar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el organismo de cinco jueces que entiende en las demandas de nulidad de los actos administrativos definitivos de la Administración.

Vale la pena una mirada retrospectiva. Darle la espalda a la Constitución ha sido una constante de este gobierno. “Creo que en Uruguay desde hace algunos años estamos teniendo cada tanto algunos problemas que son muy graves desde el punto de vista constitucional”, advirtió en El Espectador el director del Departamento de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Católica, Martín Risso.

Sobre el caso concreto, añadió Risso que “se está haciendo una interpretación incuestionablemente contraria al texto de la Constitución, e indudablemente es una manipulación constitucional muy gruesa, (…) muy malo para la salud constitucional del Uruguay”.

Regresando al mataburros, manipular es “intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política (…) con distorsión de la verdad o la Justicia, y al servicio de intereses particulares”.

La última manipulación fue con el artículo 15 de la Rendición de Cuentas a través del cual el gobierno puede frenar una serie de pagos, entre otros, el que reclaman los funcionarios judiciales que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Una interpretación llana sobre el subsidio es que se tomó para que Raulito tenga un suculento ingreso, disponga de recursos para bancar su próxima campaña electoral, y de paso haga aportes a su partido y a su sector. Es que conseguir trabajo en el sector privado le resultaría casi imposible. No tiene una profesión universitaria o técnica, tampoco un oficio y carece de antecedentes laborales que lo avalen. En consecuencia, su único recurso es el dinero de los contribuyentes.

Si el oficialismo hubiera respetado el texto constitucional, Sendic no podría cobrar el subsidio hasta 2020, cuando debería cesar en su cargo. El artículo 77 de la Carta dice que el legislador renunciante no podrá cobrar “hasta cumplido el período completo para el que fue elegido”. Y en el momento de su renuncia solo cumplió la mitad.

Si fuera electo en 2019 tampoco podría cobrar en 2020. Como legislador comenzaría a recibir un salario en febrero de ese año. ¿Queda alguna duda sobre la manganeta con el dinero de los contribuyentes que se maneja como en un tugurio clandestino?

Se trata de una operación bastarda, tanto como el argumento populachero de Topolansky: es “justo que lo reciba” porque “el subsidio es como un seguro de paro, como cualquier persona”. ¿Por qué no consulta a los casi 34.000 uruguayos en seguro de desempleo (durante seis meses) y a sus familiares para conocer ese impacto?

Si luego de las próximas elecciones Sendic es diputado o senador y por ello no debiera haber cobrado lo que le adelantaron, ¿le devolverá al Estado los US$ 156.000? Seguramente no lo hará. Ya encontrarán otra manganeta.