La mano en el bolsillo judicial

Para entender la cuestión global es necesario recordar que el Presupuesto 2011-2015 del gobierno de José Mujica aumentó los salarios de los ministros de Estado en 26%, para igualarlos con los de los senadores. Como entre bueyes no hay cornadas se trató de un intercambio de favores políticos y partidarios. Y como suele suceder ni el oficialismo ni la oposición advirtieron que no era solo eso. Nadie alzó la voz para alertar. A raíz de esa decisión se generaron automáticamente otros aumentos salariales, entre ellos los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que por elemental era totalmente previsible. Los salarios de la cúpula judicial establecen una escala salarial decreciente para todos los funcionarios del Poder Judicial. Según admitieron luego Mujica y sus asesores su único objetivo era equiparar el salario de los ministros de Estado con los de los senadores. Jamás los del Poder Judicial.

Desde que estalló el conflicto Mujica y sus adláteres intentaron frenar los reclamos mediante leyes que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte. Mientras tanto surgieron sentencias a favor del reclamo de los funcionarios demandantes. Esos fallos le ordenaron al Poder Ejecutivo que les pagara pero el gobierno se negó. Otra vez la mano en el bolsillo de los judiciales.

Para terminar con estas situaciones dispares y poner fin a los juicios, el Poder Judicial y el Ejecutivo habían acordado que se reconocería a todos el aumento del 26% de forma gradual, pero esa solución finalmente no formó parte del proyecto de Presupuesto del gobierno. El proyecto sí incluyó un fondo de $ 800 millones para pagar sentencias judiciales que reconocieron ese aumento.

Sin embargo, esos recursos fueron recortados en la discusión parlamentaria —se redujeron a $ 570 millones— porque los legisladores decidieron sacar de allí el dinero necesario para crear tres juzgados de género en el interior del país. Además, la versión finalmente aprobada estableció como condición para cobrar ese dinero que renuncien al resto de la deuda salarial y a la posibilidad de realizar nuevos reclamos en la Justicia o el ámbito administrativo. En ese recorte intervinieron todos los partidos y entre los votantes están las integrantes de la bancada femenina que han sido las mayores impulsoras de la creación de esos juzgados.

El Presupuesto también establece el compromiso de que los funcionarios no promuevan nuevos juicios. Para los funcionarios se trata de una “extorsión legal” que merece el “más absoluto rechazo desde que avasalla flagrantemente los principios de separación de poderes, igualdad y no discriminación, propiedad, tutela jurisdiccional efectiva e independencia judicial”. Así lo plantearon en un escrito presentado la semana pasada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que desde 2017 analiza una denuncia contra el Estado uruguayo por el no cumplimiento de las sentencias judiciales que reconocieron la deuda salarial (Búsqueda Nº 2.108).

El escrito que firma el abogado Pablo Donnángelo es una ampliación de la petición que está en trámite y denuncia que la Ley de Presupuesto realiza un “nuevo atropello a la independencia judicial”. El abogado informó también que los funcionarios promoverán ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la inconstitucionalidad de los artículos 650 a 652 de la Ley de Presupuesto, que son los referidos al pago de las sentencias y sus condiciones. “La entrada en vigencia de estos artículos de la ley no solo comprometen la responsabilidad internacional del Estado en el marco de la petición que se encuentra en trámite sino que también dispara en el fuero local una acción de inconstitucionalidad”, indicó.

El escrito de Donnángelo ante la CIDH sostuvo que al desaplicar el artículo de la Ley Orgánica de la Judicatura Nº 15.750, que equipara las remuneraciones de los ministros de la Corte con las de los ministros de gobierno, el gobierno adoptó “una conducta regresiva que impacta negativamente en uno de los elementos que contribuyen a la independencia del Poder Judicial”, que es que los salarios de sus integrantes “tengan un anclaje” en los de determinados funcionarios gubernamentales, de manera de evitar que “deban negociar sobre sus propias retribuciones en cada período de gobierno”.

Los funcionarios afirmaron ante la CIDH que la Ley de Presupuesto los “extorsiona” para que se resignen a cobrar parte de la deuda, que se reconoce solo hasta junio de 2019, o de lo contrario “verán congeladas sus remuneraciones y no percibirán pago alguno derivado de la sentencia judicial incumplida”. Donnángelo dijo a Búsqueda que “el mensaje es el siguiente: Si no aceptás lo que propongo, no cobrarás la sentencia judicial y, además, tampoco voy a concederte ningún aumento salarial”.

Las decisiones de la CIDH y más tarde de la Corte Interamericana son lentas, pero cuando se producen y se constata que los Estados son responsables de sus obligaciones los colocan contra la pared ante un pelotón de fusilamiento legal.