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América Latina y el Caribe enfrentan importantes desafíos para la seguridad alimentaria de la población. La desaceleración económica, la crisis climática, la pandemia de Covid-19 y el reciente conflicto en Ucrania han producido efectos profundos en los sistemas agroalimentarios y la alimentación.
Durante 2022 llegamos a los niveles más altos de los precios internacionales de alimentos y actualmente enfrentamos un ciclo inflacionario que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables que gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos.
El Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2022 publicado por FAO y otras agencias de Naciones Unidas esta semana lanza luz sobre un tema adicional vinculado a la falta de acceso a la alimentación de millones de familias en el mundo: el de que una alimentación saludable es aún más difícil de obtener y es un factor que amplía la desigualdad de ingreso.
El informe concluye que la región registra el costo de la dieta saludable más alto en comparación al resto del mundo. El costo de esta dieta alcanza los US$ 3,89 diarios por persona, mientras que el promedio mundial es de US$ 3,54. En Uruguay, el costo de una dieta saludable es de US$ 3,41, que nos sitúa como el país con menor costo de una dieta saludable en la región. Sin embargo, podemos ver en el informe que esta cifra aumentó 5% entre 2019 y 2020 en el contexto de la pandemia.
Además, la falta de asequibilidad de una dieta saludable afectó a un 3,6% de la población en 2020, mucho menor al promedio regional, de 22,5%, y que también nos sitúa como el país con mejor asequibilidad de una dieta saludable.
El informe muestra cómo el aumento de los precios internacionales de alimentos y la inflación alimentaria afectan el acceso económico a alimentos nutritivos en especial de la población más pobre, para quien el costo en este rubro es cinco veces más alto en el ingreso que para la población menos pobre, deteriorando la seguridad alimentaria. Además, concluye que existe una asociación entre la falta de acceso económico o asequibilidad de una dieta saludable y los niveles de pobreza, desigualdad de ingreso y el crecimiento económico de los países, así como con los niveles de hambre y otras formas de malnutrición.
El informe propone acciones coordinadas desde la producción, la comercialización y el apoyo a consumos de los alimentos saludables, incluyendo frutas y verduras. Para avanzar, debemos invertir con el fin de mejorar la producción de alimentos nutritivos y potenciar la comercialización de los productos de la agricultura familiar que contribuyen a las dietas saludables. También fortalecer la información de productos y precios de mercados y el comercio para aumentar la oferta de alimentos nutritivos y potenciar su comercialización, así como fortalecer la entrega de alimentos o programas de transferencias (en efectivo o especie) con educación alimentaria y nutricional.
En relación con Uruguay, es importante destacar que el país ha implementado e implementa diversas políticas públicas que contribuyen a mitigar los efectos negativos que se verifican en el informe y que impactan en la población más vulnerable. Por ejemplo, Uruguay cuenta con un sistema de protección social, tiene un sistema público de salud que fue un puntal en la lucha contra la pandemia del Covid-19, dispone de un sistema de comedores gestionado por el Instituto Nacional de Alimentación, un programa de alimentación escolar que alcanza a toda la educación primaria y es un destacado productor de alimentos, tanto para el mercado interno como para la exportación. La inauguración, en 2021, de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) es otro ejemplo que la región mira con atención. La UAM es un mercado mayorista de última generación que aportará a la transparencia de los precios y a la mejor comercialización, así como también a la reducción de las pérdidas de alimentos en la cadena alimentaria.
Además, Uruguay tomó diferentes medidas coyunturales para mitigar el alza de precios y su impacto en la alimentación de los grupos más vulnerables como los descuentos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), el congelamiento del precio del gas y la reducción del arancel para aceites y harinas, entre otras.
En resumen, si bien el país se destaca en la región por tener “números” más favorables que los promedios regionales y de casi todos los países individualmente, existe un consenso sobre que —para “no dejar a nadie atrás”— hay que seguir trabajando en bajar los niveles de pobreza (hoy, cercanos a 10%) y de inseguridad alimentaria (hoy, de en torno a 15%), así como para combatir el sobrepeso y la obesidad, que son otra consecuencia de una mala alimentación, que tiene repercusiones en la salud.
(*) El autor es oficial superior de la FAO de Políticas para América Latina y el Caribe y representante para Uruguay y Argentina.
