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Hace algunos años era habitual que los gobernantes cruzaran designaciones para “acomodar” familiares en empleos públicos. Una sucia estrategia para evitar suspicacias. Pero como todos estaban involucrados, mutis por el foro. Aún sucede. En algún caso, si son del mismo partido, el que asume el gobierno designa a un pariente del que sale y se la sirve en bandeja para atajar reproches: “Yo no fui”.
Un proyecto de ley del senador Pedro Bordaberry para prohibir esos y otros abusos, aunque con objeciones, generó reacciones positivas. También iracundia y vileza. “Hijo del dictador”, le enrostró el presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía, (Asamblea Uruguay). Se disculpó por decirlo, pero lo piensa. Su filosofía es que los hijos deben hacerse responsables de los pecados de sus padres. El exabrupto de Mahía, político experimentado y profesor de historia, no se escribe sin razonarlo.
También embistió el abogado Andrés Scavarelli, asesor contratado del Ministerio del Interior para el Código del Proceso Penal (CPP). En Linkedin se define como promotor de los derechos humanos. Sin embargo, escribió en Facbook: “A Pedro Bordaberry le preocupan los familiares en la administración (su padre, Alberto Scavarelli, es director de la Oficina de Servicio Civil), es entendible, a mí también me preocupan los Bordaberry en el Estado”. Agregó una foto del dictador tras ser procesado y otra en la que aparece junto al dictador chileno Augusto Pinochet. Me surge una duda: ¿Pedro Bordaberry fue electo en forma democrática o entró a dedo, como Scavarelli?
Otros, desde sus bancas oficialistas y opositoras, se pelean como niños en el recreo. Discuten la propiedad de la pelota. Se enrostran responsabilidades, como si eso fuera lo medular. No en vano los ciudadanos están cada vez más lejos de los partidos.
Lo realmente trascendente es la falta de ética, de responsabilidad, y el desprecio por las normas ,que generó impunidad hasta que se destaparon designaciones corruptas que obligaron a intervenir a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
Los hipersensibles por lo accesorio se ofenderán porque les atribuyo corrupción. No son delitos, dirán. ¡Saben que la corrupción no es solo eso!: es abuso, desprecio por el ciudadano, degradación, descomposición y nepotismo. Aunque hagan gárgaras sobre la idoneidad de los designados, son corruptos.
Los acuerdos para aprobar una ley como la que propone Bordaberry serán difíciles. Habrá resistencia a dejar el curro. Me viene a la memoria una frase del extinto presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan: “Cada tanto alguien tiene que tomar la burocracia por el cuello, sacudirla y decir: ‘¿Paren, qué están haciendo?’”. Pero no paran, avanzan.
En una dirección similar se expresó el politólogo Adolfo Garcé el miércoles 14 en El Observador: “se requiere mucha madurez en los liderazgos políticos de todos los partidos para que leyes de esta naturaleza, tan drásticas y, por otro lado, tan obvias, sean aprobadas. Me pregunto si nuestros dirigentes tendrán conciencia de hasta qué punto la ciudadanía está pendiente de este tipo de actitudes”. La ciudadanía les importa un comino.
Hay normas y las ignoran. La Ley 17.060 de 1998 define la corrupción como “el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no daño al Estado”. Ese principio lo recogió el decreto 30 de 2003 que prohíbe que parientes directos de un jerarca trabajen en la misma repartición.
No alcanza a los parentescos de tercer grado. Menos aún a concubinos/as o novios/as. El presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, salió de lo legal: “¿Es buen mensaje para la ciudadanía que alguien que maneja dinero público genere trabajo para su familia?”. Recordó a la mujer del César: “Estamos hablando del viejo concepto de que además de ser honesto, hay que parecer honesto”.
El jueves 8 Búsqueda publicó una reseña de designaciones y contrataciones de familiares. La mayoría de las intendencias involucradas son del Partido Nacional: Artigas, Flores, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Salto, Durazno, Tacuarembó, Cerro Largo y Soriano. Hay una parentela variada.
Luego apareció el caso del vicepresidente de ASSE, Mauricio Ardus, que contrató como secretaria a la novia de su hijo: hay que aprontar el ajuar. El presidente Tabaré Vázquez le pidió su renuncia, pero tras cartón designó al exintendente de Canelones, Marcos Carámbula, reiterante en designación de familiares. El ciudadano queda más desconcertado que Vázquez gobernando.
Apenas pasaron unos días y El Observador reveló que los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Eduardo Vázquez, José Echeveste y Alfredo Gómez Tedeschi tienen como asesoras técnicas a sus hijas abogadas. La de Gómez Tedeschi es un pase en comisión desde el Poder Judicial. ¿No podían convocar a un concurso de oposición y méritos?
Los destapes no cesan. El sábado 17 El País informó que la esposa del presidente del BPS, Heber Galli, trabaja como administrativa en el despacho del director Alvaro Nodale y que la pareja del vicepresidente, Gabriel Lagomarsino, trabaja en el despacho de Ramón Díaz, director en representación de los trabajadores.
El elogio más entusiasta sobre el proyecto de Bordaberry surgió de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle. Consideró “maravilloso” que haya presentado la iniciativa porque “la sociedad lo está pidiendo”. Advirtió que debería incluir el Poder Judicial. (Búsqueda Nº 1.957).
En la justicia las designaciones fueron arbitrarias hasta 2008. Los apellidos se repetían en los cargos administrativos y de magistrados. En una Rendición de Cuentas se estableció que los funcionarios administrativos deben ingresar por concurso y los auxiliares (limpiadores, porteros, etc), por sorteo.
Minvielle acotó que los actuales ministros de la Corte están “herméticamente” de acuerdo en que solo podrán ingresar como jueces los egresados del Centro de Estudios Judiciales (CEJU) y no de afuera, como solía ocurrir.
El nepotismo, el amiguismo y el favoritismo se mantendrán. Intentarán ocultarlo los intereses personales, el miedo de las ovejas y la lucha política: “yo quiero mi sillón”. Y como en esto los gremios o las organizaciones sociales no se meten —no sea cuestión de que le pisen los callos a sus respaldos partidarios— los gobernantes seguirán haciendo lo que quieran hasta que se desborde la presa.
