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Al implorar bajar el costo del Estado, un reclamo cada vez más vigente, la concreción de la reforma de seguridad social juega un papel fundamental, ya que en los últimos años la asistencia al sistema para cubrir su déficit representó en torno al 11% del Producto Bruto Interno, siguiendo una línea que empeora año tras año. Ya en momentos de los dos gobiernos de Julio María Sanguinetti, a fines del siglo XX, él explicaba a quienes reclamaban recortes en el gasto, algo que naturalmente no le gustaba, que la seguridad social era una carga inamovible que hacía utópico pensar en un Estado más ágil.
Los tiempos van cambiando, aunque a los uruguayos nos gusta pensar que todo seguirá igual. Pero un solo dato conspira contra esa mentalidad, más allá de que los 60 años de hoy no son los mismos que cuando se fijaron los actuales límites para jubilarse hace más de dos décadas: la proporción de personas de entre 15 y 64 años —que, en teoría, son los que hacen aportes jubilatorios por su trabajo— por cada una de 65 y más eran ocho en 1950, hoy son cuatro y se estima que en 2050 serían menos de tres. En el caso uruguayo, ese problema del envejecimiento poblacional, que junto con otras ineficiencias conducen al desfinanciamiento del déficit, está reforzado por la poca natalidad. Tengamos en mente que nuestra población en 2060 estaría por debajo de los míticos 3 millones; 2,7 millones se estima. No solo nosotros: en el mundo expertos internacionales dicen que estamos viendo las cifras más altas de población.
La situación crítica del régimen previsional ha sido reconocida por todos los partidos y también se mira desde el extranjero con ciertas dudas sobre la actitud que tomará el sistema político. El gobierno se ha preocupado con acierto de reducir el déficit fiscal por la vía de recortes. Pero, a los ojos de las calificadoras de riesgo, eso no es suficiente para mover la aguja a favor de la sostenibilidad de la deuda de manera estructural. ¿Por qué? Porque saben que convivimos con una bomba de tiempo potencial, que es un sistema previsional cada vez más pesado que hace que todos los esfuerzos parezcan insostenibles en el tiempo.
Desde el Frente Amplio se reconoce que hay que actuar, pero su postura ha sido crítica con el diagnóstico y con las propuestas de base emanadas por una comisión técnica multipartidaria y con representación social. Más allá de discrepancias conceptuales sobre el enfoque de la eventual reforma, el razonamiento de algunos dirigentes parecería ser que se trata de un problema del actual gobierno y que, pensando en el 2024, a la izquierda puede serle útil que pague el presidente Luis Lacalle Pou y sus socios el costo político de votarla.
También algunos dirigentes del oficialismo parecieron entrar en una prematura lógica electoral. Por eso, el presidente tomó la iniciativa y el jueves 12 citó a legisladores de la coalición a la residencia de Suárez y Reyes con el fin de darle un impulso al proyecto en cuestión. De esta manera se dio una señal clara de que el camino trazado —un compromiso de campaña electoral del actual oficialismo— todavía sigue vigente.
El mandatario dijo —según los presentes— que idealmente la reforma debería contar con el apoyo explícito de todos los partidos, incluida la oposición, pero que primero se debe alinear la coalición multicolor. Hace pocas semanas hicimos referencia en esta página editorial a que “lo perfecto (o ideal) es enemigo de lo bueno”, y este parece ser el caso. Olvidemos el ideal cuanto antes, especialmente cuando ya está clara la actitud que tomará el Frente Amplio y cuando algunos sectores sociales ya se empiezan a preparar para interponer un referéndum, mecanismo constitucional que habría que repensar si no queremos quedar encallados para siempre. Lacalle Pou muestra tener claro esto o por lo menos es la señal que parece que quiso dar.
El seguir esperando por este tipo de reformas genera una imagen internacional que ya hoy nos está perjudicando. Este paso que dio el presidente apoyando el proyecto ayuda, y debe seguir su curso. El director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, lo explicó en una reciente presentación: “La deuda pública —que venía creciendo mucho en años anteriores— ha dejado de crecer. Uruguay tiene mucha reserva y tiene una solidez financiera que es muy importante. Eso ha permitido que las calificadoras mejoren las perspectivas” pero “no nos han subido escalones”. Y la justificación que dio, con base en un informe, fue la siguiente: “Está muy bien el esfuerzo fiscal, pero hay una reforma que es la de la seguridad social, (y es) la clave para que esto sea sostenible”.
Algunos analistas —y el propio Munyo— ven a esta como la madre de otras reformas que se deben hacer, por el alivio y las espaldas que le daría al Estado. Cómo se manejaría ese alivio será para otra discusión. Pero por el momento, justificadamente, la nota no sube.
