La otra cara del “Filtro”

Mi colega está equivocado y valen la pena las precisiones. Cuando se exalta a nivel épico a quienes fomentaron el desa­cato a una orden judicial a nueve años de recuperada la democracia y generaron una tragedia, hay que refrescar el pasado.

Aquel 24 de agosto el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (estrechamente unido a la ETA), la Mesa Política del Frente Amplio y un paro general convocado por el PIT-CNT se convirtieron en los coautores del desa­cato. No fue libertad de expresión. Fue una asonada: “Cometen asonada los que se reúnen en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta”, dice el Código Penal.

Políticos y gremialistas —entre ellos varios de los actuales gobernantes— exhortaban a centenares de personas a incumplir la orden judicial mediante una resistencia activa y violenta. Y como el costo nunca lo pagan los organizadores sino la descartable carne de cañón, los alentaban a concentrarse en el lugar con los emotivos argumentos de solidaridad, apoyo social y derecho de asilo.

La verdad sobre esa génesis la confesó Jorge Zabalza, en un libro de 2007 de Federico Leitch, “Cero a la izquierda”: “Era la oportunidad de poner a prueba la fuerza militante que desde años atrás venían acumulando, de bautizarla con fuego en una instancia confrontativa”. Admitió que usaron un ómnibus “repleto de cócteles molotov y 5.000 miguelitos, además de una banda de jóvenes radicales deseosos de entrar en acción”. Le dieron el bautismo que a su juicio debían tener: violencia contra la ley y las instituciones.

El Estado tenía la obligación de hacer cumplir la orden judicial. El ministro del Interior, Ángel Gianola, con el respaldo del presidente Luis Alberto Lacalle, debía trasladar a los vascos al aeropuerto desde donde viajarían en un avión de la Fuerza Aérea española.

Desde la mañana y mientras aumentaba el número de manifestantes, las agresiones físicas fueron en aumento mientras legisladores y políticos frenteamplistas se presentaban para saludar y alentar a los manifestantes.

De pronto comenzaron a volar cascotes, botellas y maderas encendidas sobre las fuerzas de seguridad, que, a pie, a caballo y en patrulleros pretendían dispersar a los manifestantes. Sobre la hora 20:00 algunos militantes que no fueron identificados efectuaron disparos de armas de fuego calibres 22, 32 y 7.65. Otros coordinaban acciones con el uso de walkie talkies. Todo planificado como en una operación guerrillera.

El duro enfrentamiento dejó un muerto por herida de bala policial (Fernando Morroni, de 24 años) y decenas de heridos de ambos bandos, la mayoría manifestantes. Hubo cuatro testigos imparciales: el juez Cardinal y los médicos forenses Guido Berro, Zully Domínguez y Beatriz Balbela. A las 22:20 cada uno de ellos subió en tres ambulancias que trasladaban a los tres etarras hasta el aeropuerto. Varios cócteles molotov impactaron contra las ambulancias y pusieron en riesgo sus vidas y las de los etarras.

Las fuerzas policiales reprimieron en forma muy dura: con varas, con escudos, golpeando a los manifestantes con los caños de revólveres y efectuando disparos que, aparte del mortal a Morroni, hirieron a varios de gravedad.

No me lo contó nadie. Estuve allí desde temprano hasta que terminó la batalla para escribir una crónica que fue publicada el viernes 26, al día siguiente del feriado patrio (Búsqueda Nº 755).

A los mismos que entonces dieron “manija”, ahora en el gobierno, se les podrían formular varias interrogantes, pero basta con dos: ¿Alentarían una revuelta popular para impedir una decisión judicial en contra de sus intereses, o la reprimirían? ¿Cómo habría reaccionado Tabaré Vázquez —que en 1994 alentó a los manifestantes— si en 2006 grupos de militares se hubieran desacatado para impedir la orden judicial que dispuso la extradición a Chile de los militares Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli por el “caso Berríos”?

El disparatario llega a límites insólitos. El Observador informó que uno de los estudiantes del Bauzá —que no se quiso identificar— declaró que la Noche de la Nostalgia del 24 de agosto fue creada “para que las masas sean desinformadas de lo que pasó ese día”. A su lado, la inefable líder de PMJ, Irma Leites, respaldó su argumento: “La fiesta se inventó unos años después. No es casualidad”.

Esa celebración la creó en 1978 Pablo Lecueder, propietario de CX 32, Radiomundo.

Tres años después del violento enfrentamiento, el 20 de agosto de 1997, el juez Jorge Imas condenó a los policías Jacinto Omar Ojeda, Juan Miguel Rolán, Héctor Darío Domínguez y Miguel Nery Moura por reiterados delitos de lesiones personales graves y gravísimas. Ojeada y Rolán tenían el mando sobre los Coraceros y Domínguez y Moura sobre los Granaderos.

Ninguno de los convocantes a la asonada, perfectamente identificados, ni de los manifestantes fue procesado por el juez pese a que estaban claros los delitos cometidos.

El llamado “Taller” en el Bauzá duró media hora. Tuvieron que realizarlo en la calle porque en una decisión elogiable la dirección del liceo se negó a autorizar que se realizara en su salón de actos. Valoró que atentaba contra la laicidad por tratarse de una actividad política con la participación de personas ajenas al liceo.

De repente, algo empezó a cambiar.