La paja, la viga y la moral

En Argentina, la presidenta Cristina Fernández, fiel a su política de que todo vale y todo lo puede, le propuso al Poder Legislativo designar al abogado Daniel Reposo como procurador general de la Nación, cargo equivalente al uruguayo de fiscal de Corte. En el Senado fue sometido a  un riguroso “examen”, una sana disposición que en Uruguay se soslaya.

Entre 2008 y 2011, como presidente del CGPJ, Divar pasó al Estado gastos de 32 viajes a destinos turísticos. Argumentó que esos periplos —con un grupo de siete guardaespaldas, cuyo jefe es amigo íntimo de Divar— se debieron a obligaciones de protocolo con determinadas autoridades locales. Lo desmintieron e igual se negó a dar explicaciones: una norma establece que no tiene que explicar el destino ni a quién invita. Ahora la cambiarán.

La justicia es derecho, razón, probidad e imparcialidad. También debería ser transparencia, humildad y autocrítica. Muchos ciudadanos y algunos políticos y magistrados suelen inclinarse por sensibilidades personales o intereses partidarios o corporativos antes que por esos principios.

En Uruguay, el sistema judicial y los partidos políticos se diferencian con ventaja sobre los de muchas naciones. Eso es lo que los políticos, magistrados y ciudadanos debemos preservar evitando que ocasionales laureles los arruinen.

Hechos como los reseñados en Argentina y España hieren la moral ciudadana, el prestigio y la credibilidad de instituciones sensibles como son las del sistema de justicia de cualquier parte del mundo. Son laceraciones que difícilmente cierran y de las que se debe tomar ejemplo. Por eso se imponen políticas serias, humildes y transparentes que permitan construir una democracia de calidad basada en la autocrítica.

Es peligroso vanagloriarse de que aquí las cosas funcionan mejor, que somos el ombligo del mundo, que como la justicia uruguaya no hay o suponer que con parches alcanza.

Tomemos un caso reciente. La Suprema Corte de Justicia sancionó con dos años de pérdida de derecho al ascenso al juez de la Costa, Juvenal Javier, porque dejó en libertad al delincuente “El Pelón” y de inmediato cometió su tercer homicidio. ¿Apenas dos años de sanción por una vida humana? Esa grave decisión —no fue error sino negligencia—, ¿no imponía radiarlo de la magistratura? ¿La sociedad puede confiar en este juez?

La sanción se decidió por mayoría en la Suprema Corte de Justicia.

Esta semana, en España, 80% de los consultados en una encuesta opinaron que Divar dañó la imagen del Poder Judicial. ¿Qué responderían en una encuesta similar los uruguayos sobre el homicidio de “El Pelón” y la sanción al juez Javier? Más aún cuando la Corte admite en su resolución que el juez tuvo una actuación “deficiente” con “potencialidad lesiva para el interés público” y que “afectó la imagen del Poder Judicial”.

Si los familiares del asesinado demandan al Poder Judicial muy probablemente deberán ser indemnizados con un dinero que pagaremos los contribuyentes.

Al considerar la relevancia de los cargos en Argentina o España, el ejemplo uruguayo tiene dimensiones menores. Pero la consecuencia inmediata y fatal es mucho mayor. Demuestra que hay que meter el bisturí hasta el hueso y no limitarse a la epidermis.

A veces se enciende alguna luz para el sistema. Entre las medidas del gobierno para combatir la inseguridad se insta a acelerar la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, a modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia y a volver a crear los juzgados de Faltas. Habrá que ver cuándo y hasta dónde se llega.

La sociedad está harta de promesas vanas, de reñideros de gallos, de twitteros, de lanzadores de petarditos y de “la culpa la tiene el otro”. Hay que responder a la expectativa ciudadana y estructurar una agenda de cambios que permita mantener y mejorar la actual diferencia favorable.

Es imprescindible escuchar, conciliar y convencer sin partidismos ni corporativismos para avanzar en busca del bien común esencias de una sociedad bien avenida. Quienes no lo hagan tendrán que pagar la factura de la historia.

Cuando a pasos agigantados nos acercamos a la campaña electoral, los partidos deben comenzar a definir para sus programas compromisos de fondo para el sistema de justicia que permitan afianzar la gobernabilidad. Hasta ahora hay poco.

Es suicida observar la paja en el ojo ajeno sin prevenir las vigas en el propio.