Nº 2073 - Nº 2073 - 28 de Mayo al 3 de Junio de 2020
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáA los coletazos del coronavirus que golpean al gobierno se le añadirán los problemas derivados: un alto déficit fiscal que aumentará debido a la reducción de los ingresos, el crecimiento del desempleo, una inflación rebelde y el inevitable y creciente déficit del Banco de Previsión Social, entre otros.
Naturalmente afectarán a los planes que tenía el presidente Luis Lacalle Pou antes de asumir, pero también impactarán en el bolsillo y en la incertidumbre social, empresarial y laboral de todos.
Sin embargo, un timón adecuado en la conducción económica puede permitir sortear o al menos mitigar algunos de esos impactos. El coronavirus se combatirá desde los laboratorios en un futuro mediato, en cambio el virus de las drogas se mantendrá. Para este no hay vacunas, salvo mano dura y descabezamientos sin piedad.
Las drogas y su comercio clandestino golpean desde hace décadas con efectos mucho más negativos que el coronavirus, tanto que ya en 1974 surgió la primera norma para combatirlo: el Decreto Ley 14.294 para el control y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Apenas una anécdota.
Cuando se repasa un análisis cronológico del profesor adjunto de derecho penal José Luis González (Nº 29 de la Revista de la Facultad de Derecho), observamos que recién a finales de los años 90 los gobernantes tomaron conciencia del flagelo y comenzó un proceso político y legislativo para combatir el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos.
El uso creciente de la droga y su incidencia en el desarrollo de delitos conexos (rapiñas, tráfico, contrabando, homicidios, sicariatos, financiación del terrorismo y estrategias para vulnerar el sistema financiero) involucra y contagia cada vez más a jóvenes y adolescentes. Esa situación impulsó nuevas normas administrativas y penales y vínculos entre gobiernos e instituciones vinculadas a esos fenómenos y también determinó que en 2008 se crearan juzgados y fiscalías especializadas en crimen organizado competentes para juzgar a los involucrados en ese fenómeno.
Cada día conocemos paso a paso la evolución de los infectados por el coronavirus, dónde están internados y el número de muertos. Es una información amplia y reiterada. Sin embargo, ignoramos el número de adictos a las drogas y cuántos mueren diariamente por sobredosis.
Un informe de 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estableció que 1,6% de la población uruguaya es consumidora de cocaína, y un informe de la OEA que 10% de la población consume marihuana. A esto debe añadirse el consumo de heroína, morfina y opiáceos sintéticos y semisintéticos.
Cuando en 2013 Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el comercio de la marihuana el expresidente José Mujica dijo que el objetivo era disputarle ese espacio al comercio clandestino en todos los terrenos. Ahora hay más de 40.000 personas registradas para comprar cannabis en las farmacias y nadie se esconde en las reuniones deportivas o sociales para consumir marihuana. En todo caso van al baño para esnifar cocaína y regresan al grupo.
El objetivo planteado por Mujica mermó el contrabando y aumentó el comercio interno. El cannabis junto con otras drogas se ha expandido en diversos ámbitos sin distinción de estratos sociales. Quienes no están registrados en farmacias consumen lo que obtienen en un mercado clandestino en aumento.
Por lo dicho, el consumo y las disputas por el comercio de las drogas son la mayor pandemia que ha sufrido Uruguay.
Un informe de Gerardo Lissardy de fines del año pasado para BBC Mundo informó un aumento en Uruguay de 45,8% de los homicidios respecto de 2017. Por primera vez, la tasa de homicidios pasó los dos dígitos: 11,8 cada 100.000 habitantes.
El exministro del Interior Eduardo Bonomi, con el afán de minimizar el aumento de la violencia en la sociedad, sostenía que muchos homicidios eran resultado del combate entre bandas por disputas en el comercio de drogas, especialmente cocaína y pasta base. “Ajustes de cuentas”, argumentaba. Tal vez, pero no solo eso.
A diferencia del coronavirus el virus de las drogas tiene décadas de desarrollo y consolidación pero la realidad sobre las causas y consecuencias recién comienzan a salir a luz. Es mucho más grave de lo que conocemos. Lo indican dos hechos recientes que evidencian que no alcanza con publicitar como éxitos la incautación de drogas.
El fiscal de corte, Jorge Díaz, en una reciente entrevista de Alfonso Lessa en Radio Montecarlo insinuó esa gravedad al referirse a la fuga del mafioso narcotraficante prófugo Rocco Morabito. La investigación del fiscal Ricardo Lackner ha sido “muy complicada”, dijo, pero “cuando salga a la luz muchos se van a llevar sorpresas”.
Morabito se fugó de la Cárcel Central en junio del año pasado y es probable que las “sorpresas” anunciadas surjan de las complicidades con la fuga para la cual el mafioso italiano —prófugo en su país desde 1994 y residente aquí desde hacía 10 años— debió invertir mucho dinero. O no. De repente descubrió el misterio de la invisibilidad que le permitió salir caminando de la cárcel.
A este hecho se suman otros dos también sin precedentes ocurridos respectivamente entre julio y agosto del año pasado. Se descubrió en Suiza un avión con 600 kilos de cocaína que había partido de Uruguay, y más tarde se encontró en Hamburgo en un contenedor 4.500 kilos de cocaína que habían embarcado en Uruguay. Sí, leyó bien. En total 5.100 kilos.
Expertos consultados por Lissardy para su informe consideraron que el narcotráfico eligió a Uruguay para sus rutas internacionales porque sus controles son menos estrictos que en otros países.
Salvo que se tomen medidas radicales esta pandemia seguirá produciendo más enfermos y muertos que el coronavirus.