La pobreza como cuestión pública: los prejuicios como fuente de discurso público

No siempre la pobreza ha sido visualizada como un drama social, menos aún como preocupación para las políticas públicas. En occidente, las revoluciones industriales, los procesos de urbanización y el quiebre del ancien régime hizo que las ideas de corte elitista fueran sustituidas por enfoques más universalistas, dando paso a una preocupación genuina sobre la privación de todos los ciudadanos. Más allá de los debates y diferencias entre diferentes escuelas de pensamiento social, la discusión sobre las políticas públicas comienza a preocuparse por el bienestar general.

La evidencia académica tiende a señalar una causalidad inversa y recientes estudios provenientes de la economía comportamental —una rama de investigación relativamente nueva, que incorpora en la economía modelos conductuales no guiados exclusivamente por criterios de racionalidad— aportan nuevos hallazgos. Dos investigadores, S. Mullainathan (Universidad de Harvard) y E. Shafir (Universidad de Princeton) arrojan resultados convincentes. Personas en situación de pobreza no toman peores decisiones que otras personas sujetas a otras situaciones de estrés: exceso de trabajo, soledad, tratamiento para alejarse de adicciones o una simple dieta. Situaciones que obligan a focalizar en demasía sobre un aspecto de nuestra existencia —desde el compromiso con no consumir ciertos alimentos hasta la ausencia cotidiana de recursos suficientes en el hogar— llevan a tomar “malas” decisiones en otros aspectos de la vida. Cuando la mente humana se focaliza en un solo tópico, otras habilidades —planificación de largo plazo, autocontrol, concentración— son afectadas con severidad.

A su vez, los autores muestran evidencia de que personas que contaban con recursos suficientes, ante un shock negativo de magnitud en su flujo de ingresos comienzan a desarrollar con prontitud patrones de comportamiento con los rasgos que suelen asociarse a la pobreza. Decisiones financieras y laborales de mala calidad, escasa priorización del aprendizaje, comportamientos impulsivos y ausencia de cumplir con compromisos laborales estandarizados no son rasgos que expliquen por qué las personas son pobres, sino la consecuencia de un sentimiento de privación general que lleva a focalizar en pocos y muy inmediatos aspectos de la vida cotidiana. Cuando esa sensación es perseverante y sostenida en el tiempo —como es para quienes están en situación de pobreza— el sesgo se agudiza.

Las diferencias en las ciencias sociales, entre ellas la economía, sobre el origen y las políticas adecuadas para combatir la privación persisten. Sin embargo, tal como señala Martín Ravallion (Georgetown University, previamente director del departamento sobre desarrollo del Banco Mundial), los enfoques que ubican la responsabilidad en las propias personas pobres han perdido dramáticamente peso; para ubicar el problema en las restricciones efectivas que enfrentan para acceder a recursos y medios que mejoren su bienestar presente y les permitan acceder a mejores alternativas que hacen a la calidad de la trayectoria vital. Entender cómo las restricciones interactúan y se relacionan con deficiencias de instituciones prevalecientes en la sociedad, incluyendo los gobiernos y los mercados, es la clave para el diseño de las políticas sociales. Políticas sociales densas, profundas y permanentes son imprescindibles para obtener resultados tangibles; en particular en situaciones de privación severa.

Mas que el énfasis en cambiar conductas y decisiones, el eje de la política se traslada a cambiar las condiciones en las que los sectores desfavorecidos toman sus decisiones, incluyendo la disponibilidad efectiva de recursos mínimos y permanentes. La discusión gira mucho más sobre la idoneidad de instrumentos específicos que sobre la pertinencia de las políticas, como sostén previsible de umbrales mínimos de recursos y su combinación con instrumentos de promoción que permitan acceder a un conjunto más amplio de alternativas a las personas. Afirmar que la “asistencia” que reciben los pobres deberá ser “transitoria y coyuntural” ante eventos adversos es saltar por sobre dos siglos de investigación.

En las últimas semanas, se instaló en el escenario nacional la discusión sobre la situación del sector agropecuario. Mas allá de sus diversas aristas, emergió como reclamo que la realidad del campo reciba una atención seria y desprejuiciada; evitando preconceptos y estereotipos. Es un reclamo válido, que merece atención. Sin embargo, algunos de sus voceros no han respetado ese criterio al referirse a las políticas de combate a la pobreza y a la situación de los ciudadanos pobres. Las declaraciones de algún dirigente gremial achacando la responsabilidad de la situación del agro a las políticas sociales o aseveraciones destempladas reclamando desmantelar las políticas de transferencias para la población en edad de trabajar, construyen un “sentido común” sobre la población vulnerable sin anclaje real. Las políticas sociales —como toda política pública— merecen revisión, pero el sentido general emergente en las declaraciones al respecto apunta a su minimización.

Cerca de la cosmovisión predominante en los tiempos de Young, de la estigmatización, de la fragmentación social imputando en las conductas de los más desfavorecidos el origen de su situación y en los recursos destinados a su atención la fuente de los problemas propios. Lejos de funcionar como sostén de un solo Uruguay.

?? Discrecionalidad, nepotismo y conflictos de interés