La propuesta de Uruguay para regular la producción y el comercio de la marihuana “es una opción viable” para combatir el narcotráfico

Esta misión es la que lo llevó a recorrer en las últimas semanas varios países de la región, entre ellos Uruguay, donde se reunió con el canciller Luis Almagro para conversar “sobre la necesidad de seguir protegiendo y promoviendo el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dijo Vivanco a Búsqueda.

Además, opinó que Uruguay debe reformar su Código Penal que es “propio de la inquisición española”.

El especialista cuestionó que se deba aplicar “mano dura” para combatir al narcotráfico y destacó la propuesta del gobierno uruguayo para regular la comercialización y distribución de la marihuana.

“El Estado tiene la obligación de experimentar y de abandonar el statu quo porque las políticas actuales no sirven. No hay una fórmula mágica, pero sí creo que hay que buscar maneras que permitan reducir el lucro de los carteles y esta idea de Uruguay puede funcionar en ese sentido”, agregó.

—¿Cómo ve la situación de los derechos humanos en las Américas?

—Es difícil hacer una comparación general del continente porque tienen muy poco en común Uruguay con Guatemala o México. Además en este continente también existe un país como Estados Unidos donde bajo la administración de George Bush se llegó a reivindicar el uso de la tortura y donde se creó Guantánamo. Mi respuesta hace unos años hubiera sido totalmente distinta a la de hoy con esas consideraciones. Aún sabiendo que hoy Barack Obama sigue teniendo en pie Guantánamo.

En la región hay países que enfrentan problemas muy serios de seguridad pública. En particular la situación es extremadamente preocupante en México, Colombia, Brasil, Venezuela y parte de Centroamérica. Ahí se concentran los peores casos de crimen organizado, donde el Estado decidió enfrentarlos con la mano dura del ejército o policías militarizadas con bajos niveles de profesionalización. Este tipo de soluciones demostraron su fracaso. En los hechos se incrementan más la violencia y los abusos así como la impunidad. En México se vio claramente el desastre de la política de mano dura.

—Para la sociedad uruguaya la inseguridad ciudadana es la principal preocupación...

—El problema de seguridad de Uruguay comparado con el resto de América Latina es menor. Sé que mucha gente se puede ofender con esto, pero lo cierto es que es menor en comparación con México,Honduras, Brasil, Colombia, Venezuela y otros países. Los uruguayos entienden que los riesgos a la vida se han incrementado de una manera gravísima, pero colocados en el contexto donde están, la incidencia de la inseguridad real es mucho menor, son otras tasas, manejables.

Los índices de Uruguay probablemente lo ubiquen dentro de los países más seguros a nivel mundial. Sé que puede resultar ofensivo para muchos uruguayos esto. Esto no quiere decir que el problema tenga que ser minimizado o ignorado, pero hay que tener en cuenta que es manejable. ¿Cómo? Haciendo un gasto muy fuerte en seguridad. La seguridad ni es gratuita ni es barata.

Es un gasto fundamental, pero tiene que estar orientado especialmente en la profesionalización de la Policía para darle los instrumentos de trabajo, pero también la capacitación de cómo usarlos. La Policía tiene que ser mucho más eficaz.

Por otro lado Uruguay tiene, sí o sí, que avanzar en una reforma procesal penal. Este país sigue viviendo bajo un régimen de investigación penal propia de la inquisición española. Es un código lento, secreto, con cero transparencia e increíblemente ineficaz. Un país que es capaz de ser tan moderno en tantas áreas, es increíble cómo en esto se ha quedado tan retrasado. Es increíble cómo más de un 65% de la población carcelaria no tiene condena. Eso es generado por un código penal arcaico. El problema no son los jueces, el problema es que mientras existan esos códigos que diseñan un proceso penal propio de hace cuatro siglos, no hay mayores garantías. Tiene todos los típicos vicios de un proceso que no está a la altura de las necesidades de una sociedad moderna.

—Para enfrentar la inseguridad hay sectores políticos que proponen bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué opina al respecto?

—Definitivamente eso es un retroceso. Bajar la edad de imputabilidad no va al fondo del problema. Es como la intención de mejorar la infraestructura e invertir en más cárceles. Eso esta bien, pero lo que se requiere, insisto, es reformar el código penal.

—Usted habló del fracaso de la mano dura para combatir las drogas. El gobierno uruguayo promueve la regulación del consumo de marihuana asumiendo el Estado el rol de proveedor. ¿Está de acuerdo con esa idea?

—Hay que avanzar en ver que el consumo de drogas, cualquiera que estas sean, duras o blandas, esté despenalizado, como ya lo está en Uruguay. Si una persona adulta en pleno uso de sus facultades decide consumir drogas, está dentro de lo que es el derecho a la privacidad y la autonomía de la persona. Esto siempre entendiéndolo como que esa actitud se haga en privado y que no afecte a terceros.

Esto no quiere decir que el Estado deba pasar de reprimir a uno que promueva el consumo de drogas de los ciudadanos en su privacidad. Tiene que hacer lo mismo que hace con el tabaco o con el alcohol: tiene que desincentivar su consumo por todos los medios, con publicidad, subiendo los impuestos de ese tipo de drogas; tiene que hacer campaña en contra del consumo.

—Pero si el consumo está despenalizado y la distribución no, ¿dónde puede conseguir el ciudadano la droga para su consumo?

—Ahí es donde la iniciativa de Uruguay se transforma en una opción viable. Uruguay está en una posición de avanzada frente a este tema. Hay todo un debate sobre la distribución y el acceso a las drogas. Lo que Uruguay está haciendo es regular el acceso y establecer todo un mecanismo de distribución para permitir el acceso.

El Estado tiene la obligación de experimentar y de abandonar el statu quo porque las políticas actuales no sirven. No hay una fórmula mágica, pero sí creo que hay que buscar maneras que permitan reducir el lucro de los carteles y esta idea de Uruguay puede funcionar en ese sentido. Hay que buscar maneras que puedan coordinadamente entre varios países ir liquidando al mercado y reduciendo el lucro y facilitando un acceso controlado. Mantener todo tal cual será lo peor que nos pueda pasar, porque ahí no hay avances, ya se demostró sobradamente. La solución fácil de mano dura, de guerra contra las drogas no funciona.

Ley de medios uruguaya: entre ser un ejemplo regional o atentar contra la libertad

Entre sus múltiples funciones, la Human Rights Watch tiene como cometido defender la libertad de expresión, entendida como un derecho fundamental del ser humano.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de esa institución, se mostró muy interiorizado en el proceso de discusión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a estudio del Parlamento.

Dijo que está de acuerdo con la regulación de los medios audiovisuales porque esa industria “no puede ser la ley de la selva”. Sin embargo, sostuvo que el proyecto uruguayo tiene conceptos “muy vagos”, “ambiguos” y “peligrosos” que deberían eliminarse de la ley para “no afectar la libertad de expresión”. También dijo que hay que cambiar la composición del Consejo de Comunicación Audiovisual designado en el proyecto porque no será independiente si todos sus miembros son nombrados por el Ejecutivo.

“Esto abre un debate muy importante y constructivo que puede concluir en una ley modelo no solo para Uruguay sino para América Latina. En otros países donde se han intentado estas normativas terminaron en ley mordaza”, señaló.

—¿Cuál es su opinión sobre el proyecto conocido como “ley de medios” que se está discutiendo en Uruguay?

—Tiene dos partes. En cuanto a la regulación de los medios audiovisuales me parece que está bien. No se puede dejar a la ley de la selva. Cualquier sociedad democrática tiene perfectamente regularizado lo que es el modus vivendi de los medios audiovisuales. Está bien que estas reglas del juego estén bien definidas.

Efectivamente esta ley no es una ley mordaza, es una ley que, según el proyecto, contempla algunas garantías y protección a la libertad de expresión.

Sin embargo, hay que hacerle ajustes, primero a lo que el texto se refiere como a los deberes de los medios y también a los propósitos o fines de los medios.

—¿Cómo cuáles?

—Hay que modificar lo que es el Consejo de Comunicación Audiovisual, si se pretende que ese Consejo sea un órgano independiente no lo será si todos sus miembros dependen del Poder Ejecutivo. Eso es esencial y fundamental. Es fundamental modificar la estructura y composición de ese consejo para que cuente con las máximas garantías.

Esto me preocupa muchísimo, esto es absolutamente inadmisible. La vigilancia y aplicación de la ley no puede quedar en manos solo del Ejecutivo; eso tiene que ser cambiado, buscando las reformas para que el órgano que vigila el cumplimiento de la ley sea un órgano que dé garantías a todos. Si no, esto se transforma en un apéndice subordinado al gobierno.

También hay que aclarar algunos conceptos que son muy amplios y ambiguos y peligrosos, como decir que la programación debe ser orientada.

Muchos reaccionarán con que son criterios orientadores, pero en Derecho cuando las normas incluyen estos criterios se supone que se está buscando un impacto eficaz de la norma, no una declaración para la galería. De lo contrario, ¿qué sentido tendría incluir esos criterios?

Entonces evidentemente influirán en la programación. Es perfectamente válido que establezcas principios rectores generales que orientan o justifican o explican la razón de legislar. Sin embargo hay que distinguir entre esos principios y las obligaciones jurídicas que se les imponen a los medios.

Cuando se habla de identidad nacional, ¿qué es? ¿Quién lo define? ¿Hasta qué punto se promociona la identidad nacional como dice el proyecto actual? Son conceptos muy vagos. Habría que eliminar este tipo de conceptos, en particular si generan un deber para los medios en este sentido.

También hay que revisar los artículos del niño y el adolescente, que se pueden prestar para criterios arbitrarios.

Revisar con cuidado esto de discriminación, el concepto de discriminación está demasiado amplio y puede representar una limitación seria al concepto de libertad de expresión.

Habla de una veeduría en la defensoría del pueblo, con competencias muy poco claras, y en ninguna de ellas encontré una referencia explícita a la obligación de proteger la libertad de expresión.

Esto no está suficientemente claro y en todo el texto hay algo de confusión entre los dos temas.

Esto abre un debate muy importante y constructivo que puede concluir en una ley modelo no solo para Uruguay sino para América Latina. En otros países donde se han intentado terminaron en ley mordaza.

—¿Como la ecuatoriana?

—Ese caso es el peor retroceso en materia de libertad de expresión de los últimos 20 años. Y donde incluso se impulsa la censura. Los países del ALBA, pero en especial Rafael Correa, están empecinados en exportar estas prácticas contrarias a la libertades públicas al resto de América Latina.