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El discurso del presidente Luis Lacalle Pou del jueves 2 ante la Asamblea General fue minucioso en el repaso de lo actuado en su tercer año de gestión y, por otro lado, tuvo la confirmación de algunos alivios impositivos, que son bienvenidos. El balance final es positivo y el rumbo del gobierno quedó claro y es hacia adelante. Sin embargo, prácticamente no hubo referencias directas ni indirectas a un asunto que sigue siendo central para todos los uruguayos: la largamente demorada reforma del Estado.
Es cierto que el actual Poder Ejecutivo tomó medidas en la dirección correcta desde sus primeros días, cuando estableció un tope al gasto público y limitó la reposición de vacantes. Fue una buena señal, si bien en los últimos tiempos esa última restricción se ha ido flexibilizando en algunas áreas del Estado. Pero, en cualquier caso, la plantilla estatal se mantiene por encima de los 300.000 vínculos laborales directos.
El proyecto liderado desde la Oficina Nacional del Servicio Civil para eliminar la innumerable cantidad de compensaciones salariales existentes, muchas creadas sin más justificación que el éxito de algún lobby sindical, también tiene una buena inspiración: que el Estado tenga claro qué tarea cumple cada uno de sus funcionarios y que la remuneración de cada ocupación esté acorde con el valor que genera y con lo que se paga por similar función en el área privada. Pero es una reforma que todavía se está negociando con los sindicatos, y la proximidad del ciclo electoral puede poner en duda su avance.
Por otro lado, las situaciones de ineficiencia o incluso de apartamientos a las normas en la gestión administrativa y financiera siguen siendo moneda corriente en todo el sector público. Así queda expuesto en las actuaciones efectuadas por la Auditoría Interna de la Nación que se van conociendo. El seguimiento que se hace a cada caso es lo que corresponde, pero no siempre las autoridades de los organismos auditados reaccionan con la firmeza y rapidez necesarias.
En las empresas públicas ha habido mejoras, aunque posiblemente no en todas ni los cambios en todos los casos fueron lo suficientemente profundos.
Las intendencias son un mundo aparte. Las prácticas de nepotismo o amiguismo político en distintas administraciones departamentales quizás sean lo más escandaloso, pero es mucho lo que pueden corregir para ser más eficientes.
El presidente destacó correctamente en su mensaje ante la Asamblea General que las finanzas públicas mejoraron el año pasado, que las cuentas se apegaron a la regla fiscal y que Uruguay tiene hoy el menor “riesgo país” de la región, todo lo cual permite anunciar el alivio de algunos impuestos. Pero, con una economía que está moderando su ritmo de crecimiento y con menores niveles de inflación para licuar gasto, las cosas en esta área serán más desafiantes. Mientras, entrando ya en tiempos electorales, una reforma estructural en el Estado que permita achicar de manera más general el “costo país” —sin que eso suponga dejar de amparar a la población más vulnerable— parece cada vez más improbable.
Lacalle Pou cerró su discurso en el Palacio Legislativo señalando su “optimismo basado en la realidad y en los resultados obtenidos hasta el momento”, lo que es válido al pasar raya en varias dimensiones. La pregunta que surge es: ¿En cuanto a la reforma del Estado, podremos mantener —como dijo— la “ilusión intacta”?
