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Mientras el Poder Ejecutivo da los primeros pasos para reglamentar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual —conocida como “ley de medios”—, la sociedad civil se prepara para dar una nueva discusión y plantea extender el marco normativo de los contenidos audiovisuales hacia las plataformas de Internet, para regular, por ejemplo, servicios como el que ofrece Netflix, el popular sitio de streaming.
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“Lo que tenemos que discutir es qué regulación tiene que haber para esos servicios. Hay que estimular la llegada de nuevas aplicaciones, pero sin que eso violente los derechos de las personas”, dijo a Búsqueda el ex titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones Gustavo Gómez. Para el ex jerarca, que hoy preside el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, el debate sobre la regulación audiovisual en Internet es el próximo desafío que deberá encarar el gobierno en materia de comunicaciones.
El tema, sin embargo, no es del todo nuevo en Uruguay. En 2010, cuando comenzó el intercambio de opiniones sobre la ley de medios entre actores de diferentes ámbitos, la regulación de contenidos en Internet estuvo sobre la mesa. Cuando el proyecto de ley pasó al Parlamento, ese aspecto, sin embargo, fue descartado por los legisladores.
“Hemos buscado legislación internacional e incluso hemos solicitado colaboración a los que señalan esa dificultad, incluso a juristas que nos han visitado, y no hemos encontrado ningún aporte que haya podido integrar este aspecto a sus leyes, pero seguimos trabajando”, respondió el diputado frenteamplista Carlos Varela en 2013 al ser consultado sobre el tema, según consignó el diario “La República”.
Hoy, tres años después, con la “ley de medios” aprobada y el Poder Ejecutivo a pasos de reglamentarla, la situación es diferente. “A medida que empiezan a surgir elementos que nos permiten avanzar en una legislación que regule Internet es interesante empezar a analizarlo. Incluso por un tema de estricta justicia, porque nosotros aplicamos normas a los medios de comunicación audiovisuales que funcionan de forma tradicional, y hoy por hoy hay una vía de escape a través de Internet”, dijo Varela en diálogo con Búsqueda.
En mayo, la Comisión Europea propuso introducir cambios a la regulación para los servicios de comunicación audiovisual, para que, entre otras cosas, Netflix incluya en sus contenidos 20% de producción local en los catálogos para Europa, según publicó el diario “The Guardian”. Además, la Comisión exige que Netflix contribuya “financieramente” a la producción de películas y series locales.
La iniciativa, que será estudiada por el Parlamento de la Unión Europea, también apunta a proteger a los niños y a los adolescentes de contenidos que puedan vulnerar sus derechos y a establecer el tiempo que puede destinarse a publicidad, tal como se les exige a los canales privados. La idea de la Comisión es, justamente, regular a las empresas que ofrecen servicios audiovisuales over the top —como Netflix— para que compitan a la par con los operadores de televisión y de cable tradicionales.
La regulación propuesta también plantea que sitios como YouTube refuercen las medidas para evitar que menores de edad se expongan a contenido violento o pornográfico.
Con ese marco de fondo, Gómez planteó la necesidad de empezar a discutir el tema en Uruguay. Más allá de que el gobierno esté enfocado en preparar un marco normativo para regular aplicaciones como Uber, el ex jerarca entiende que el contenido audiovisual requiere una legislación a medida, y que la regulación tiene que apuntar al tipo de servicio que ofrecen.
Para Gómez, además de que se respeten los derechos del niño y el adolescente, un punto importante es que empresas como Netflix paguen impuestos para operar en Uruguay, con lo cual se podría, por ejemplo, destinar dinero para desarrollar la industria audiovisual local.
El presidente de la Cámara de la Economía Digital, Marcelo Montado, está de acuerdo con que hay que proteger a los menores de contenido violento e incluso en que empresas como Netflix paguen impuestos. Sin embargo, advierte que de existir una regulación, debe de ser muy cuidadosa. “Estamos viviendo un momento de la humanidad increíble en el que se están rompiendo barreras y modelos, y se están construyendo otros. Cuando de alguna manera intentamos encorsetar con regulaciones a Internet nos estamos arriesgando a frenar ese proceso de innovación”, dijo en diálogo con Búsqueda.
El empresario está en desacuerdo, por ejemplo, en que el gobierno exija a las empresas que ofrecen servicios audiovisuales emitir determinado tipo de contenidos o que haya limitantes en la programación en función del lugar geográfico donde se esté. “Esas son regulaciones para el mundo offline”, criticó.
Consultado por Búsqueda, el vicerrector de Gestión Económica y Desarrollo de la Universidad Católica, Omar Paganini, opinó que el tema es delicado. “Hasta ahora no hay una institución que claramente esté capacitada para filtrar los contenidos que viajan por Internet para asegurar lo que se quiere asegurar”, advirtió.
Reglamentación.
Mientras la discusión sobre la regulación de los contenidos audiovisuales en Internet avanza en Europa y comienza a instalarse en Uruguay, el Poder Ejecutivo se prepara para reglamentar la ley de medios, que regula al sector audiovisual tradicional.
El gobierno dijo en varias oportunidades que esperaría a que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) termine de pronunciarse sobre los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron contra la ley para comenzar a reglamentarla. Hace meses, organizaciones sociales, académicas y sindicales que promovieron la ley reclaman al gobierno la reglamentación.
La corporación ya emitió seis fallos en los que declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley, aunque en general consideró que el texto se ajusta a la Constitución.
En las últimas semanas el Poder Ejecutivo dio las primeras señales de que comenzará a reglamentar la norma. Según informó el diario “El País” el pasado jueves 6, el presidente Tabaré Vázquez pidió a la SCJ un relevamiento de las inconstitucionalidades de la ley para comenzar con la redacción de la reglamentación.