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El propósito de esta breve nota es contribuir a la comprensión de la relación civil-militar en nuestro país, tomando como referencia, sintéticamente, la teoría desarrollada por Fitch1. Este autor sostiene que, en América Latina, ni la modernización ni la profesionalización de los cuerpos de comando de las Fuerzas Armadas han resuelto el problema de la intervención militar en política. También manifiesta que en nuestra región la Guerra Fría modificó la misión militar, expandiéndola más allá de la derrota de un enemigo durante un conflicto y dando lugar a la denominada doctrina de la Seguridad Nacional. Esto eliminó los límites entre el ámbito de competencia civil y militar sobre los que reposa el concepto de profesionalismo clásico o democrático, generándose un sector militar politizado.
En otro sentido, al describir las manifestaciones de la relación civil-militar en los procesos políticos de América Latina, Fitch (1998) coloca en un extremo lo que denomina “control militar”, cuando los gobiernos civiles se subordinan políticamente al sector militar, y en el extremo opuesto sitúa el “control democrático”, cuando las Fuerzas Armadas están subordinadas incondicionalmente a las autoridades civiles elegidas democráticamente. Entre estos extremos ubica: el “régimen tutelar”, caracterizado por la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de toma de decisiones políticas y por el ejercicio de cierta supervisión sobre las autoridades civiles; la “subordinación militar condicional”, caracterizada por la no intervención militar en política en determinadas circunstancias y por la autonomía institucional, y el “control democrático parcial”, cuando si bien se percibe la subordinación militar, la misma se circunscribe a determinadas circunstancias y mantiene una notoria autonomía, particularmente en lo que refiere a organización, doctrina y educación.
Así, la relación civil-militar en nuestro país se caracterizó, a partir de 1985, por la “subordinación condicional” y el “control parcial”. Sin embargo, a partir del año 2005 el gobierno gestionó una serie de medidas que son vistas como una forma de tránsito hacia un modelo de “control democrático”, estableciendo una ruptura con los modelos experimentados previamente.
No obstante, estos cambios no fueron acompañados por el desarrollo de una visión coherente con los intereses y posibilidades del país acerca del modelo de Fuerzas Armadas necesarias, ni por el desarrollo de capacidades militares sustentables desde el punto de vista político, social y económico. De esta forma, los incentivos que motivaron el cambio en la relación civil-militar desaparecieron, especialmente a partir del año 2010, ante la presencia de grupos políticos que desde el Ministerio de Defensa Nacional aprovecharon coincidencias circunstanciales con grupos e individuos al interior de la organización castrense, provocando un retroceso hacia un contexto de “control parcial”, caracterizado por la autonomía y la intervención militar en asuntos ajenos a su ámbito exclusivo de competencia. Esta regresión distrajo la atención de las máximas jerarquías en asuntos de efecto estratégico para la defensa y desencadenó, en los últimos 3 años, una serie de tensiones en la relación civil-militar. Tensiones que más tarde determinaron la destitución del comandante en jefe del Ejército, quien, pocos días después, continuó la actividad política iniciada desde y durante el ejercicio del cargo, aprovechando el contexto de “control parcial” ejercido por el gobierno.
Este nuevo escenario, caracterizado por la dificultad para generar un clima de profesionalismo militar democrático, políticamente neutro, respetuoso de la diversidad ideológica, y capaz de atender con grado de excelencia los asuntos que específicamente le competen, ha sido jaqueado repetidamente. Esta vez por la presentación de un proyecto de Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas cuyo proceso de elaboración y aprobación contrasta, notoriamente, con el utilizado para la Ley Marco de Defensa, que surgió de un amplio debate y contó con el respaldo unánime de los representantes políticos de la sociedad.
Esta nueva iniciativa normativa mantiene un modelo de control parcial, subjetivo, en el que la profesión militar lejos de desarrollarse en un ámbito de neutralidad política como herramienta del Estado, seguirá siendo utilizada para dirimir los diversos conflictos entre grupos y satisfacer la ambición de poder, individual y grupal; alejando, definitivamente, la deseada consolidación democrática.
Cnel. (R) Luis Suárez Botana
(1) Fitch, Samuel J. (1998), Las Fuerzas Armadas y la Democracia en América Latina, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, EE.UU. de América.
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