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Latigazo en la Fiscalía. La magistratura nacional tiene dos vertientes diferenciadas, aunque funcionalmente concurrentes. La del Poder Judicial (estructurado con una autonomía importante, aunque no plena) y la del denominado Ministerio Público y Fiscal, dependiente del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura. La resultante son dos magistraturas diferenciadas.
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En noviembre de 2011 un ardoroso debate tuvo lugar en el seno de la gremial de fiscales. Un sector —constituido por Mirtha Guianze, Ana María Tellechea y Ricardo Perciballe— defendía el punto de vista de que el cargo de fiscal de Corte, de culminación de la carrera, fuera ocupado por un integrante del escalafón.
En el fondo, este grupo de técnicos se alzaba contra la ingerencia del Poder Ejecutivo en el ámbito de su especialización jurídica. Desde afuera, un criterio opuesto era alimentado por ministros de la Suprema Corte. Levantaban la tesis que pudiera ser un juez. Es decir, un elemento ajeno a la Fiscalía, extraído de otro poder del Estado.
La carrera fiscal está regulada por el decreto-ley 15.365 y normas modificativas. Cae de suyo que la antigüedad (que no es vejez, sino experiencia) y la calificación, que dan la noción de “antigüedad calificada”, son los componentes esenciales para que el Poder Ejecutivo designe al más competente. Lo demás es otro poco de lo mismo: selección de amigos, cubileteos políticos, toma y daca o ampliación de la corruptela de los “cargos de particular confianza”. Efecto: descomposición de la “carrera administrativa”, consagrada por la Constitución.
¿Quién habría de recibir el regalo?
La senadora Susana Dalmás (ex comunista y acompañante del grupo del vicepresidente Danilo Astori) anunciaba, el 28 de marzo último, un acuerdo amplio entre los partidos políticos. Objeto: conceder la venia —pedida por el gobierno de José Mujica— para nombrar fiscal de Corte al Dr. Jorge Díaz, aún juez en el área del crimen organizado.
Cabe preguntar: ¿lo relevaban del Poder Judicial porque acusaba fatiga funcional, en mérito a la pesada tarea cumplida?
Tal vez. Aunque, por pura ironía histórica, este argumento fue el que el agraciado tuvo para sacar de su puesto, de un seco plumazo, al fiscal penal Dr. Ricardo Perciballe. El funcionario nunca se quejó del volumen de su trabajo, ni tampoco solicitó traslado; ni pase en comisión al Parlamento, por ejemplo.
Las relaciones del ex juez con el fiscal, según comentarios extendidos, no eran de plena concordancia. Este hecho tiñe, como cosa espuria, la primera resolución adoptada por el novel jerarca.
Cae de suyo que una persona, juiciosa y justa, no puede excusarse en una potestad discrecional para mover, por mero antojo o capricho, a un funcionario de relevancia, cual si se tratara de una butaca que se lleva de una sala a otra.
Hay otra gravísima evidencia. El senador del Partido Nacional Dr. Jorge Larrañaga admitió que antes de su designación, el Dr. Díaz habría anticipado que trasladaría al Dr. Perciballe.
Esto parece decir que el ex juez puso la cabeza del que sería su inmediato defenestrado sobre una bandeja de plata en el Senado. ¿Cuándo? Por coincidencia, al considerarse su complicada venia, que requería los 3/5 de votos del Cuerpo.
Surge que para el desalojo de la función que cumplía el fiscal Perciballe no existió razón de mejor servicio que justificara el paso fallido del fiscal general.
En el acto anidan los gérmenes de la desviación de poder. Mas, mirado políticamente, es un manchón antidemocrático, gestado en la cima del poder etático.
Es un rebajamiento del sistema de garantías inherente al Estado de Derecho.
Según los medios, estos eran algunos pesados legajos sobre los que el fiscal Ricardo Perciballe estaba a punto de dictaminar:
A.- Ex ministro Dr. Gonzalo Fernández (en mandato del Dr. Tabaré Vázquez) por presunta concusión de interés público y privado (derogación del Artº 76 de la Ley 2.230 - caso Peirano) y decreto de un seguro médico; B.- Casino Nogaró; C.- Aduanas; D.- Ministerio del Interior; E.- Narcotráfico.
La Dra. Ana María Tellechea, componente de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal, alertando sobre los episodios, sostuvo que se registró una manifiesta “intromisión en la independencia de los fiscales”, agregando que “ahora quedamos todos propensos a que nos venga un latigazo de arriba”.
Con menos soberbia, gobernantes y magistrados deberían entender que sus desvíos no quedarán sin sanción en la opinión pública.
