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No nos engañemos. No compremos la ilusión que de esta crisis “salimos todos juntos” tomados de la mano y cantando Imagine. Existen dos diagnósticos diametralmente opuestos sobre las causas de nuestros problemas y dos visiones diferentes sobre cuál es la mejor solución. Así es imposible.
A principios de 1980 Nueva Zelanda era una economía estancada por culpa de las políticas estatistas y socialistas: empresas públicas ineficientes, exceso de empleados públicos, restricciones al comercio, subsidios, control de precios, altos impuestos y exceso de regulaciones que dificultaban el comercio. Este panorama le resulta familiar a cualquier latinoamericano.
En el 2020 Nueva Zelanda es uno de los países más prósperos del mundo. Figura en los primeros lugares de varios rankings internacionales: facilidad para hacer negocios1 (1), libertad económica2( 3), calidad de vida (8), calidad en salud (16), transparencia3 (1). El ingreso per cápita es de US$ 40.000 anuales, la tasa de desempleo es menor al 4%, figuran en el lugar 12 en las pruebas PISA y están entre los mayores 10 productores mundiales de lácteos. ¿Cómo lo lograron?
El éxito de Nueva Zelanda estuvo en cambiar su paradigma socialista por una economía de libre mercado. Achicaron el Estado en serio: en cuatro años pasaron de 88.000 empleados en la administración central a solo 32.000. Cerraron empresas públicas ineficientes, redujeron impuestos y flexibilizaron las leyes laborales. Pero no dejaron a nadie “tirado”. Se endeudaron fuertemente para poder financiar la transición y la economía respondió rápidamente: llegaron nuevas inversiones, se contrataron más empleados y se abrieron nuevos mercados de exportación.
Además, profesionalizaron la gestión de la cosa pública, seleccionando verdaderos gerentes (CEO) con empresas de selección de personal, en vez de poner a políticos y amigos. Se establecieron “contratos de metas” y un sistema de evaluación del desempeño para todos los empleados públicos, en especial para los jerarcas. En Nueva Zelanda no hay “inamovilidad” en el sector público y tampoco se paga indemnización por despido en el sector privado. La desocupación es mínima.
Lo más interesante es que las reformas las llevó adelante el Partido Laborista, de cuño socialdemócrata, que logró tejer acuerdos con otros partidos, sindicatos y cámaras empresariales. Es que el estancamiento era tal que todos estaban haciendo una misma lectura del problema. No sucede lo mismo en Uruguay.
Donald Hunn, exdirector de la Comisión de Servicios Estatales de Nueva Zelandia, se refiere en estos términos a la velocidad del cambio: “Yo antes era un gradualista, por lo que mi primera reacción ante los cambios fue pensar que eran una locura. Pero estaba equivocado; después de un año hicimos una encuesta y, para mi sorpresa, los funcionarios opinaron que debía acelerarse más el proceso. Existe una poderosa razón para no dilatar los cambios más allá de lo indispensable: estos generan incertidumbre y es necesario entregar certidumbre lo más rápido posible. Además, todo cambio debe enfrentar resistencias, debe vencer la inercia y la oposición, y esto constituye otra poderosa razón para acelerar el proceso, especialmente en la primera etapa, en el momento de crear nuevas estructuras”.
Uruguay tiene que aprovechar esta pandemia del coronavirus para hacer los cambios que no ha querido hacer. Hoy la gente comienza a darse cuenta de cosas obvias que hasta ahora no lo eran: que el Estado no puede gastar como si no hubiera un mañana; que son el sector privado y los empresarios “los caballos que tiran del carro” y no “la vaca a la que hay que ordeñar”, y que los empleados públicos deben estar al servicio de la nación y no la nación a su servicio.
Pero mientras la mitad de la gente siga creyendo que “hay que incrementar los planes sociales”, que hay que aumentar los impuestos “al gran capital” o que la falta de empleo se cura con una “renta básica universal”, será imposible salir juntos del túnel. Por eso, los cambios tendrá que hacerlos el gobierno electo.
Como bien dice Javier de Haedo en un reciente tweet: “El gobierno no debe diluir ni promediar sus políticas con las de la oposición del Frente Amplio, que parte de una filosofía o ideología muy diferente, en muchos sentidos opuesta. No se pueden promediar el agua y el aceite”.
