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Uruguay tiene una buena reputación internacional, se mire por donde se mire. Estamos acostumbrados a escuchar que el país es una democracia plena, como señala The Economist, entre otras muchas fuentes internacionales. Repetimos también, con razón, que el país ofrece seguridad jurídica y confianza institucional tanto a uruguayos como a inversores extranjeros. En estas y otras cosas Uruguay se compara con los países más desarrollados del mundo. ¿Ocurre lo mismo con la seguridad ciudadana?
El tema es en toda América Latina motivo de preocupación y de controversia política. Las causas son diversas y en ocasiones trascienden las fronteras de los estados. Aunque en este siglo hay pocos ejemplos de políticas exitosas en el corto plazo, con las luces largas el panorama es algo más alentador.
La seguridad ciudadana es uno de los asuntos que requiere una reflexión pausada. Dentro de los indicadores más comparables en el ámbito internacional, la tasa de homicidios ocupa un lugar de privilegio. En casi todos los países las víctimas mortales acaban apareciendo. No siempre ocurre lo mismo con las denuncias de otros delitos de menor entidad, cuyo registro es más aleatorio. Según datos de una encuesta de la ONU con Opción del 2022, apenas la mitad de los encuestados victimizados denunciaban “en todos los casos” los delitos que habían sufrido en carne propia.
Uruguay ha sido históricamente un país seguro. No obstante, hace bastantes años que registra una tasa de homicidios que ronda los 10 por cada 100.000 habitantes. Dicha cifra es sensiblemente inferior a la media latinoamericana, pero algunas veces mayor que la de los países desarrollados o incluso a la de países vecinos. En 2022 la tasa de homicidios en Montevideo fue similar a la de Bogotá.
Los informes con mejoras prácticas documentadas por varias agencias de Naciones Unidas y otros organismos especializados apuntan a una combinación virtuosa de dos enfoques: el control del delito y la prevención social de la violencia. La policía es un actor clave del Estado de derecho, pero es difícil que pueda resolver problemas sociales que llevan décadas larvados en los barrios marginados. Es preciso lograr intervenciones aún más integrales y ambiciosas del Estado.
El reto es complejo. Las cifras sugieren que las mejoras registradas en el accionar de la policía o la Justicia en la última década no han permitido revertir de forma plena la situación. Por ello es necesario seguir afinando las políticas de control del delito, mejorar la calidad y el análisis de la información sobre seguridad, fortalecer la investigación judicial y reducir el hacinamiento carcelario con medidas alternativas, entre otras acciones.
La prevención es importante. Vale la pena recordar que la pobreza infantil para menores de seis años es 10 veces superior a la de los mayores de 65 años. En barrios con pobre acceso a servicios sociales y entornos familiares frágiles, esos menores corren probablemente un riesgo mayor de acabar más adelante en conflicto con la ley. Si bien la reducción de la pobreza va más allá del necesario aumento de las transferencias —requiere también educación de calidad y oportunidades laborales—, erradicar la pobreza infantil sería una de las mejores inversiones contra la inseguridad a largo plazo. Y por cierto, un logro social extraordinario y alcanzable en el marco de la Agenda 2030.
En un país como Uruguay, con altas cotas de cohesión social e institucionalidad, reducir dramáticamente la inseguridad es posible. A tal objetivo ayudaría una política de Estado a largo plazo que sincronice el control del delito actual —físico o cibernético— y la prevención de las vulnerabilidades futuras. La iniciativa gubernamental de un diálogo con los partidos políticos en la materia es una excelente noticia para el país. Confiamos en que los expertos pongan sus certezas y sus dudas al servicio del ejercicio. La magnitud del desafío lo requiere.
*Coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay
