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La seguridad pública es una condición necesaria de existencia de la vida social y un fin esencial del Estado. Renunciar a ella significa tanto como renunciar a la posibilidad misma de una vida social en paz y tranquilidad en el orden público y de vivir en libertad. El Estado que desconoce esa obligación seguirá siendo tan solo de nombre. Más aún: institucionalizará la injusticia y el infortunio entre los ciudadanos, puesto que ese pseudo Estado desertor garantizará con su conducta omisiva los “derechos” de los criminales a ejercer su pérfida vocación.
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Difícil concebir una mayor subversión y descalabro social. Los romanos, supremos maestros del Derecho, describían esta insana situación preguntándose: “Qui custodiat custodes?” (¿Quién vigilará a los vigilantes si son estos —los que gobiernan— quienes atentan contra la integridad social?).
Es evidente el clamor popular en favor de una mayor eficacia de los poderes públicos en el combate contra la delincuencia. Por lo que después de cumplido el primer paso indispensable, que será desplazar a quienes abusan del poder para hacer exactamente lo contrario de lo que les encargaron sus electores, habrá que enunciar una nueva doctrina de seguridad pública de mentalidad humanista, que por cierto contará con el consenso de una sociedad que anhela libertad y seguridad que dé al hombre común la certeza de poder ser. A más de 7 años de gobiernos de izquierda con tantas víctimas inocentes —los desaparecidos de la democracia— la gente no puede seguir viviendo con el temor que infunden los perversores de la política, de que seguridad es sinónimo de represión. Los Díaz, los Tourné, dejaron indefensos a los inocentes trabajadores integrantes principalmente de la maltrecha clase media y de los pobres, pues la seguridad también fue privatizada por este régimen. Hoy es necesario recordar manifestaciones que hace tiempo realizó en un seminario en la IM la doctora Adela Reta, durante el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, período 1995-2000: “La actual sensación de miedo que vive nuestra sociedad está comprometiendo seriamente la libertad del hombre, porque esos complejos (se refería a los enrejados que ya en esa época la gente estaba poniendo en sus casas, comercios, etc.) son cárceles de oro que le impiden al hombre una de sus manifestaciones más importantes de la libertad: la de poder moverse libremente en contacto con toda la sociedad que integra, en un clima exento de miedo”.
Bellas (y huecas) palabras que una vez más exhiben una curiosa característica de nuestros tiempos decadentes: que las señales de inquietud y alarma ante la descomposición social las pronuncian, engolando la voz, precisamente aquellos que por la autoridad pública de que gozan son los responsables no solo de corregir los males que tan inteligentemente diagnostican, sino de abstenerse con su indolencia, ineptitud, omisión y a menudo amistoso contubernio con los malvivientes, de crear el caldo de cultivo en que medran los antisociales. Son “el régimen falaz y descreído” del que hablaba Hipólito Yrigoyen.
Lamentablemente, a pesar de haber corrido mucha agua bajo los puentes, ya que la seguridad constituye uno de los fines esenciales del Estado (Art. de la Constitución N° 7), aun después de más de 20 años del retorno de la democracia, nadie promueve una cultura de la seguridad ciudadana que podamos percibir —como realidad y no fantasía— como un proceso social que dinamice, fortifique y acreciente el desarrollo humano. La seguridad reposa en el desarrollo social y económico puesto a su vez al servicio del mejoramiento moral y espiritual del hombre. Debe estar inspirada en la democracia, en la justicia social y en la defensa de la soberanía. El pueblo uruguayo habría visto con optimismo y esperanza que cuando se promulgó la Ley de Seguridad Ciudadana en 1995, el sistema político hubiera promulgado además una ley sobre la usura, una ley sobre financiamiento de los partidos políticos, un nuevo Código Procesal Penal y haberle dado instrumentos legales al Tribunal de Cuentas para que pudiera pasar a la Justicia a aquellos que abusando de sus funciones dilapidan dineros públicos como conceder a la Junta Anticorrupción otras potestades además de la de informar sobre ilícitos en los organismos públicos.
Y es que la raíz más honda del problema está en la falta de libertad. Mucho mayores serían las posibilidades de nuestra sociedad de vivir en seguridad si el régimen, en lugar de asfixiar, inhibir y perseguir a las sociedades menores —pero no menos importantes— que integran el tejido social —la familia, la comunidad local con su riqueza de tradiciones y buenas costumbres, las agremiaciones de trabajadores y empresarios independientes de las camarillas políticas—, concediera a esas comunidades naturales de convivencia la máxima autonomía compatible con el bien común, las ayudara, coordinara, supliera sus limitaciones. Se vería entonces el “milagro” que nunca captará la casta demagógica: que es posible la mayor seguridad con máxima libertad. El “pequeño detalle” que su fundamentalismo ideológico los priva de ver es que esa fórmula de sentido común se basa en la buena fe, en realmente querer el bien público en lugar de servirse de él para satisfacer bastardos intereses sectoriales.
