Fulminante. El Partido de la Gente expulsó al senador Daniel Bianchi luego de que en Punta del Este, ebrio, embistiera con su auto tres vehículos luego de un desplazamiento errático. El suyo se incendió completamente y el último al que chocó se quemó parcialmente.
Alguien puede considerar peyorativo el vocablo “ebrio”. La Real Academia Española lo define como quien “está bajo los efectos de un consumo excesivo de alcohol”. El exceso lo establecen las normas.
Bianchi no opina igual. Consideró su expulsión como “demasiado” porque no había bebido “una cantidad de alcohol tan importante” y en el accidente no hubo heridos. Argumentos burdos y vergonzosos para quien es legislador desde 1999.
En 2016 dejó el Partido Colorado y se llevó su banca. Ahora argumenta que la mantendrá porque fue electo por los colorados: el juego de la mosqueta. ¿Qué rumbo tomarán sus votantes a quienes desde 2016 ha tratado de convencer para emigrar al Partido de la Gente? Complicado.
En Facebook dijo que actuó con “imprudencia”. ¿Solo imprudencia? Puso en riesgo su integridad y la de terceros pese a que como médico conoce al dedillo los efectos del alcohol. Según la espirometría, tenía 1,3 de alcohol en la sangre.
La mayoría de las tablas alertan que cuando el nivel de alcohol se ubica entre 1 y 1,99 se producen en el conductor discapacidades, pérdida de reflejos, disminución del tiempo de reacción, titubeo y dificultad para hablar, entre otras. De 0,3 a 0,5 se produce pérdida de la concentración y, entre 0,6 y 0,99, discapacidad del razonamiento, de la percepción profunda de la visión periférica, y dificultades para recuperar la visión luego de un deslumbramiento.
Debido a una cultura ancestral, muchos consideran normal y hasta inevitable beber para celebrar u olvidar. Olvidan que su comportamiento se rige por la Ley 18.191 (Tránsito y seguridad vial en el territorio nacional) de 2007.
No es “una ley contra el vino”, como reprochó ese mismo año el expresidente español José María Aznar por una norma de su país. Lo dijo al cabo de un acto en el que recibió la Medalla de Oro de la Academia del Vino de Castilla y León. Eso lo explica.
No son leyes contra el alcohol sino para proteger la salud pública y en defensa del interés colectivo. Por eso, cuando las violan quienes las votaron, o integran los partidos que las respaldaron, deben recibir sanciones ejemplarizantes de afuera y de adentro.
En 2016 se modificó la ley y la tolerancia pasó de 0,3 a cero. El Poder Ejecutivo impulsó el cambio basado en recomendaciones de organizaciones locales y expertos y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En julio de 2017, una encuesta de Cifra estableció que 87% de los uruguayos están de acuerdo con la tolerancia cero. Apenas el 11% dijo oponerse. Cifra dice que la tolerancia cero ha sido comprendida por todo el electorado que ha tomado posición, lo que sucede con pocos temas de la agenda pública.
Destaca además que los uruguayos apoyan más medidas para limitar el consumo. Seis de cada 10 están de acuerdo con aumentar los impuestos a las bebidas y la suba del precio. Solo un tercio está en contra. Si se considera que la mayoría consume alcohol, significa que la gente está votando “en contra de su bolsillo”. Esta conducta, muy poco frecuente, muestra hasta qué punto preocupa el tema, dice.
El alcohol, nutriente ancestral del hombre, centro de ceremonias místicas y religiosas y su consumo ensalzado en tangos, se transformó en una droga peligrosa con efectos negativos personales, económicos y sociales.
En octubre, el precandidato blanco, senador Luis Lacalle Pou, anunció que si resulta electo presidente impulsará modificar la ley para volver al límite de 0,3 y “que se pueda tomar una copita de vino”. Recordó que en 2017 el Partido Nacional presentó un proyecto de ley en ese sentido y citó Derecho Comparado, según el cual en la mayoría de los países el límite es 0,5. Para transportistas y conductores noveles, es cero.
En Europa, en Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Rumania, es cero. En Suecia, Estonia, Polonia y Noruega 0,2.
El mismo día del accidente de Bianchi, el edil blanco Darwin Correa conducía con 1,18 de alcohol en sangre. Perdió el control y volcó en la rambla de Punta del Este.
A quien viole la ley, si es primario, se le retiene la licencia entre seis meses y un año. El tiempo depende de la espirometría. Si reincide, la sanción es de dos años, y a la tercera, el retiro vitalicio. Si la alcoholemia supera 1,2 interviene la Justicia a través de los Juzgados de Faltas. No hay cómo zafar.
En agosto de 2017, el diputado blanco Wilson Ezquerra embistió a una mujer y le causó graves lesiones. La espirometría indicó que tenía 1,45 de alcohol en sangre.
El juez de Maldonado, Luis Imperial, fue generoso: lo sancionó con 12 días de trabajo comunitario a razón de dos horas diarias. También fue magnánimo su partido, que lo sancionó con una observación. Para comparecer ante el juez fue necesario su desafuero, un trámite que ahora enfrentará Bianchi.
Estos antecedentes no fueron eficaces como ejemplo pese a su cercanía temporal. El sábado 26 elexdiputado del Frente Amplio Gonzalo Mujica hoy en el Partido Nacional, fue inspeccionado en La Paloma y su espirometría registró 0,41.
Quizá lo ocurrido decida a los involucrados a asumir el título del tango de Castillo y Troilo La última curda, la causante de sus infracciones que pusieron en riesgo a terceros.
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