En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El presidente Luis Lacalle Pou hubiera sido un eficiente banderillero en una corrida de toros. Para destacar las virtudes de Uruguay implícitamente le calvó varias banderillas a la Justicia y a las falencias institucionales y políticas de Argentina. Las banderillas se utilizan para excitar al animal y exacerbarlo para la lidia, pero en esto ocurrió lo contrario. El toro se mantuvo en el molde. Tanto el presidente argentino Alberto Fernández como otros manipuladores políticos se llamaron a silencio, conscientes de que carecen de argumentos para rebatirlo y que cualquier argumento les explotaría en la cara.
En el ciclo Democracia y Desarrollo organizado por el diario Clarín el presidente fue terminante. Al resaltar diversos logros uruguayos resultó inevitable la comparación, aunque no haya sido explícito. De cualquier manera Lacalle Pou arrumbó lo políticamente correcto y no se cortó, tanto que sus expresiones fueron probablemente el disparador para la amenaza tremendista que una semana después lanzó el embajador argentino Alberto Iribarne, exministro de Justicia del presidente Néstor Kirchner. En una entrevista de Pablo S. Fernández en El País, Iribarne advirtió que si Uruguay firma un TLC con China “dinamitaría el Mercosur”. De la implosión judicial e institucional que durante décadas ha dinamitado a su país y a la que ha contribuido desde diversos cargos, nada.
Veamos qué dijo el presidente en el ciclo de Clarín: a) en Uruguay después de la dictadura todos los gobiernos empiezan y terminan; b) las transiciones entre un gobierno y otro son civilizadas y apenas conocido el resultado electoral perdedores y ganadores se reúnen para analizar la situación del país y se continúan las políticas nacionales; c) los uruguayos no permiten excesos de sus políticos y, aunque hay diferencias y discusiones, “la sangre no llega al río”, d) el respeto por la separación de poderes es absoluto. Es imposible que un miembro del Poder Ejecutivo se oponga o digite decisiones jurisdiccionales del Poder Judicial o que este opine políticamente sobre el Ejecutivo y esto es medular para el resto de lo institucional.
Se podrá plantear algún matiz a sus expresiones, pero apuesto a que ningún partido uruguayo en el gobierno o en la oposición, de antes o de ahora, disentirá en lo esencial debido a la madurez política y cívica de partidos y gobernantes.
Seguramente si hubiera desarrollado sus conceptos habría señalado que en los días previos a su disertación se produjo una salvaje repartija política de cargos en el Consejo de la Magistratura de Argentina. No es menor. Ese organismo, creado en 1994 por Carlos Menem para digitar al Poder Judicial e intentar frenar las investigaciones de corrupción contra él y su gobierno, lo integran políticos, jueces y abogados. Tiene a su cargo la selección de los jueces federales y nacionales, su control disciplinario y la administración del Poder Judicial. Vale decir que tiene las facultades para digitar lo esencial.
También pudo remarcar que en Uruguay no existe un Consejo de la Magistratura, que los jueces de inferior categoría no acceden a sus cargos mediante recomendaciones políticas sino por sus calificaciones en la escuela judicial que los forma, y que su carrera posterior evoluciona mediante las opiniones de una comisión asesora que integran un representante de la Suprema Corte de Justicia, dos ministros de los tribunales de Apelaciones, un representante del Colegio de Abogados del Uruguay y uno de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Sin políticos.
Pudo explicar asimismo que los ministros de los tribunales de Apelaciones requieren venia del Senado, que habitualmente se vota. En Argentina la designación de los jueces corre por cuenta del presidente del país mediante acuerdo del Senado sobre la base de una terna integrada por candidatos seleccionados por el Consejo de la Magistratura mediante internas batallas épicas. Las diferencias son obvias.
Tan obvias como la designación de los integrantes de la Corte Suprema de Argentina y la Suprema Corte de Uruguay. En Argentina los designa el presidente de la República con venia del Senado. Este mecanismo lleva a negociaciones que muestran públicamente la preferencia partidaria por uno u otro candidato. El mandato del presidente de la Corte argentina dura tres años, lo eligen sus pares, preside el Consejo de la Magistratura y representa al organismo con todo lo que eso significa. En Uruguay la cúpula es de carrera, el mandato del presidente de la Suprema Corte dura solo un año, es solo protocolar y todos los ministros son designados mediante un acuerdo en la Asamblea General que se negocia sin alharacas. Si a los 90 días no acuerdan un nombre ingresa a la Corte y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo el ministro más antiguo de los tribunales de Apelaciones, como ha ocurrido en la mayoría de los casos.
La otra gran diferencia son los casos de corrupción. En el sistema judicial argentino las élites políticas y sindicales han estado durante décadas relacionadas con actividades criminales y han tratado de mantener su impunidad con la ayuda del sistema judicial. Varios jueces han sido procesados y destituidos por fraude, extorsión y lavado de activos, entre otros delitos. En Uruguay la corrupción política de jueces es inhabitual.
En Argentina la confianza del ciudadano en la Justicia está en caída libre. Hace unos años el periodista de la BBC, Daniel Pardo, lo ejemplificó en una nota sobre el tema. Ecribió que un taxista irónico le aconsejó: “¿Querés comprar algo barato? Comprate un juez argentino”.
