Lacalle tiró la cadena

El objetivo político era tan obvio como su confianza en que se le concedería la cadena. Por eso ni siquiera ocultó que desde esa plataforma administrada por el Estado pretendía cuestionar el proyecto de ley de urgente consideración y reclamarle al gobierno mejoras para los trabajadores afectados por las restricciones vinculadas al coronavirus. Demandas obvias en cualquier sociedad y ante cualquier gobierno pero que en una situación de crisis como la actual deben canalizarse a través de los partidos o de organizaciones válidas.

Durante esa alianza estratégica comieron tantos dulces que se le picaron los dientes.

Al negarse a concederles la cadena Lacalle Pou omitió señalar —tal vez para evitar conflictos mayores— que el PIT-CNT carece de personería jurídica. Por eso es dudosa su representatividad para negociar con un gobierno elegido democráticamente.

Desde su fundación la central ha evadido la personería jurídica pese a que la habilitaría a ejercer varios derechos (por ejemplo la representación legal ante la Justicia para demandar y comparecer en nombre del PIT-CNT, lo que hoy no puede hacer). Permanece en un confortable limbo jurídico.

La personería también le impondría la obligación de someterse a controles y auditorías que terminarían con su camuflaje de ingresos, de distribución de recursos y retribuciones “salariales”. “Entonces, compañeros, mejor hacerse los distraídos y no tramitar la personería”, seguramente es el razonamiento.

La decisión de negar la cadena al PIT-CNT no es solo para ese caso. Es general. Lacalle Pou aclaró ante un grupo de periodistas que no concederá la cadena a ninguna organización y añadió que la consideraba un instrumento obsoleto.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, fue preciso: “Para este gobierno la cadena debe tener el uso que históricamente tuvo: la comunicación gubernamental. (…) La cadena es un elemento gubernamental y será utilizada para comunicar posiciones del gobierno”.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que rige desde diciembre de 2014 fue impulsada por el expresidente José Mujica. Entonces los frenteamplistas estaban convencidos de que seguirían otros 15 años en el poder y alzaron la mano entusiasmados.

Según esa ley los servicios de comunicación audiovisual son de interés público y es de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, fijar esa política nacional. La ley, con un indudable tinte totalitario, obliga a los permisarios de los medios televisivos y radiales a cederle espacios gratuitos a la cadena. Le mete la mano en el bolsillo a las empresas con el fundamento de que quien les concede esas ondas es el Estado.

Quien lea literalmente la ley puede padecer confusiones. Dice que los servicios de comunicación audiovisual son de “interés público”, pero eso no significa, como algunos creen, que deben ser asuntos de interés popular y de todos los ciudadanos sea cual sea el tema.

Para quienes administran un país el concepto “interés público” refiere a las acciones de un gobierno en beneficio de todos. Así “interés público” es sinónimo de interés social, de interés colectivo o de utilidad comunitaria. Algunos especialistas señalan que en ocasiones el interés público puede coincidir con el privado, como por ejemplo en la actividad administrativa de fomento para estimular a los ciudadanos a cumplir objetivos privados que redunden en el interés general.

Pocos han analizado el significado de la cadena y se han aprovechado de su uso sin distinción de partidos. Lo hicieron el actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga, cuando como senador blanco impulsó el referéndum para su proyecto de reforma constitucional Vivir sin Miedo, y el diputado blanco Carlos Iafigliola para promocionar un referéndum para derogar la ley que le concedió derechos a las personas transexuales.

En ambos casos la concesión de la cadena nacional fue decidida por Vázquez, quien, al igual que Larrañaga y Iafligliola, ignoró olímpicamente la ley.

La última vez que el gobierno de Vázquez utilizó la cadena fue el pasado 27 de enero cuando el excanciller Enrique Iglesias, como presidente de una comisión designada por el gobierno para recordar las atroces políticas de exterminio del régimen nazi, se dirigió a la población por cadena nacional.

Ahora el PIT-CNT dispondrá de espacios en la TV y radios públicas para dar a conocer su posición. Para desafiar al coronavirus convocará a cuatro concentraciones públicas en la plaza Libertad, el intercambiador de Belloni, la plaza Colón y la plaza Lafone. Cuatro concentraciones de opositores con un alto riesgo por más que los exhorten a mantener las distancias.

Pedirán autorización y esperan que se les conceda porque, argumentan, de lo contrario se limitará la libertad de expresión. Si en alguna de esas concentraciones —como ocurrió en el casamiento de Carrasco— se produce el contagio del virus, ¿quién será el responsable? ¿Una organización sin personería jurídica o sus dirigentes a título personal?