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Casmu advierte “riesgo real” para su continuidad asistencial y para sus 6.000 puestos laborales
La memoria y el balance a ser votados en la asamblea anual de este martes habla de una situación de “alerta institucional de máxima gravedad”, “extrema fragilidad financiera” y un ejercicio negativo de US$ 26 millones
La comisión fiscal del Casmu formulará este martes ante la asamblea general ordinaria de médicos capitalizadores “una alerta institucional de máxima gravedad” debido a que su último balance “evidencia un escenario de extrema fragilidad financiera”. Debido a ello, “de no adoptarse medidas estructurales urgentes y profundas”, hay un “riesgo real” para la “continuidad prestacional” de la mutualista y “para el sustento laboral” de más de 6.000 trabajadores, entre personal técnico y no técnico.
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Uno de los reflejos de esta situación es el último ejercicio negativo que, tal como adelantó Búsqueda en su anterior edición, es de $ 1.057.120.013. Esto es US$ 26 millones a la cotización actual. “Este resultado constituye un deterioro económico de magnitud y resulta diametralmente opuesto a lo que se venía afirmando respecto de la institución en ejercicios anteriores”, añade la comisión fiscal. Esta conclusión fue votada por mayoría, con los dos votos del oficialismo y el negativo del representante de la oposición.
Esto está incluido en el documento “Memoria anual y balance” que este martes 17 será puesto a consideración de los médicos capitalizadores del Casmu, en la primera asamblea a cargo de las nuevas autoridades del tercer prestador privado del país en relación con su número de afiliados. Exactamente son 176.659 socios, luego de una depuración que restó 2.626 al número anterior.
A esta asamblea, que viene precedida de tensiones entre el oficialismo, a cuyo frente está el presidente Domingo Beltramelli, y la oposición, liderada por su antecesor Raúl Rodríguez, están llamados a participar unos 3.200 capitalizadores.
“Un aspecto crítico en este ejercicio fue el registro de ajustes a los resultados acumulados por un total de $ 810.721.169”, indica el documento, algo que también había sido adelantado por Búsqueda. “Estas partidas corresponden mayoritariamente a la regularización de saldos de ejercicios anteriores ($ 559.955.563) que no habían sido reconocidos oportunamente”, añade.
Las actuales autoridades del Casmu asumieron el 2 de octubre pasado tras seis años de gobierno de la actual oposición.
Aunque el Casmu había sido intervenido por el gobierno de Luis Lacalle Pou en julio de 2024 debido a su crítica situación financiera, algo que fue prorrogado por la administración de Yamandú Orsi al año siguiente y por un año más, esta información es un marcado contraste con lo que se divulgaba institucionalmente hasta ahora. La anterior gestión, la que era encabezada por Rodríguez, aseguraba que con el de 2024 se habían logrado cuatro balances consecutivos positivos. De hecho, el ejercicio anterior era positivo en $ 26.075.249.
Luego de la consideración de la auditora Grant Thornthon, encargada de validar los números, desde la comisión fiscal se exhorta a los directivos y a la asamblea “a adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para fortalecer la transparencia administrativa y asegurar la sostenibilidad financiera como única vía para preservar su futuro, garantizar la asistencia de calidad y proteger las fuentes de trabajo”. Por todo ello termina pidiendo que se vote la memoria y el balance.
En el mismo documento, la actual oposición —que ha cuestionado fuertemente la decisión de las nuevas autoridades de indemnizar y reintegrar como capitalizador al exconsejero Álvaro Niggemeyer, afín a los nuevos administradores— cuestiona ese balance señalando que hay $ 510 millones “que se arrastran de años” y que “hasta el momento los auditores externos” no lo consideraban como parte del pasivo, por lo que se trataría de una modificiación en los criterios. A su vez, también indican que hay $ 260 millones “que nunca se reconocieron y ahora hubo un cambio de criterio de nueve años para atrás”. Según la minoría, el resultado “integral” del ejercico es positivo en $ 1.000 millones. También señalan que la causa de la intervención, en 2024, fue por solicitar el fondo de garantías para las mutualistas “con la misma expresión de motivos” que el Casmu había hecho cinco años atrás.
