Las brujas de la corrupción

A 34 años de la restauración política, la consolidación ha sido ejemplar. Aunque se han registrado procesos judiciales penales a blancos, colorados y frenteamplistas, en nada alteraron la estabilidad. En las campañas electorales desde 1984 no se produjeron más que balaceras dialécticas para el emocional consumo de militantes. La violencia física entre personas o grupos organizados no ha existido y tampoco las zancadillas institucionales. La excepcionalidad del país no admite dos lecturas.

En Perú la diarrea corrupta ha sido incontenible. Cuatro expresidentes (Alberto Fujimori, Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, prófugo en Estados Unidos) están acusados por la Justicia por lavado de activos, abuso de funciones y fraude. Serían cinco si el cobarde Alan García no se hubiera suicidado cuando lo fueron a detener.

La expresidenta de Argentina (vicepresidenta desde el 10 de diciembre) Cristina Fernández enfrenta varios juicios por fraude y corrupción, algunos vinculados con inversiones en Uruguay. Será la sustituta constitucional del presidente Alberto Fernández, quien la semana pasada llegó a Uruguay para respaldar al candidato frenteamplista Daniel Martínez. Luis Lacalle Pou lo ignoró.

En Brasil el expresidente Lula Da Silva fue condenado por aceptar sobornos del conglomerado brasileño de negocios Odebrecht. Estar en prisión preventiva o en libertad es apenas una cuestión procesal. Igual cargará sobre sus hombros el delito que sepultó su carrera política por meterse en el bolsillo dinero del pueblo por el que dice luchar con el apoyo de Dios.

Al expresidente de Ecuador Rafael Correa (prófugo en Bruselas) se le imputa ser la cabeza de una organización receptora de sobornos y lavado de activos pagados por Odebrecht. La inestabilidad se mantiene: medidas económicas del presidente Lenín Moreno causan protestas sociales y políticas.

La política económica del presidente Sebastián Piñera condujo a Chile a un estallido social. “Parece una ciudad sin ley”, comentó un enviado del diario español El Mundo. La protesta (derivada del aumento de tarifas, por sueldos y pensiones bajas y el alto precio de los medicamentos) arrojó un saldo de 21 muertos y 2.500 heridos. El gobierno lo intenta superar modificando la Constitución de la dictadura de Augusto Pinochet, que relega varios derechos sociales y genera desigualdad.

En Venezuela se mantiene el dictador Nicolás Maduro. Con el apoyo de una mayoría de las Fuerzas Armadas expolia, apresa y mata manifestantes opositores con la complicidad de gobiernos regionales, entre ellos el de Uruguay.

Además de las cabezas corruptas en cada país hay varios imputados, procesados y condenados, que integraron esos gobiernos y desviaron fondos del Estado en su beneficio personal o el de sus partidos.

Pensando en su eventual victoria en el balotaje, Lacalle Pou ha insistido: “Vamos a hacer auditorías a lo largo y ancho de todo el Estado para decirles a los uruguayos cómo está su país y sus instituciones después de 15 años del Frente Amplio”. Se buscarán irregularidades, delitos o abusos de funciones. Advirtió que ese proceso se haría “sin cacería de brujas”. Los auditores (inspectores, revisores, investigadores) en cada organismo podrían enfrentarse a una eventual desaparición de documentos o la alteración o destrucción de discos duros.

Si de las auditorías resultara la intervención de la Justicia, todos tendrán la mayor garantía. En los últimos 34 años tanto el Poder Judicial (jueces) como el Ministerio Público (fiscales) han demostrado que sus decisiones no dependen de gobiernos ni de partidos, sino de pruebas. El sistema de Justicia es altamente confiable.

De las leyes anticorrupción Nº 17.060 de 1998 y Nº 19.121, de 2013, y del decreto 30/2003, surgen una amplia gama de disposiciones para prevenir, reprimir, erradicar y sancionar el abuso del poder público y las prácticas corruptas. Comprende a todos los funcionarios de todos los organismos, servicios y entidades del Estado y personas públicas no estatales que desempeñen tareas retribuidas y gratuitas, permanentes o temporarias. El abanico de eventuales implicados es enorme y a eso estarán abocadas las auditorías.

Todos los funcionarios están obligados a denunciar irregularidades, prácticas corruptas o delitos de que tuvieren conocimiento por razón de sus funciones. La omisión de denunciarlas constituye un delito. En cambio quienes denuncien o informen sobre irregularidades o delitos contra la administración tendrán el beneficio de la protección de testigos.

Quizá no sea necesario salir a cazar brujas, como advierte Lacalle Pou. Tal vez a las brujas las atrape la información protegida de quienes conozcan abusos administrativos o desvíos de dinero público. Si eso no ocurre, tendrán que asumir las consecuencias frente a la Justicia.